“Muchos españoles conocen la sensación de que la burocracia les asfixia pese a sus intentos por crear, trabajar, crecer, mejorar, avanzar. Este es sólo un ejemplo de ello, pero uno más que explica por qué en Vox hablamos siempre de simplificar procesos y reducir la burocracia”, ha escrito Monasterio en su cuenta de Twitter.
La portavoz de Vox ha explicado que llevan 9 años “cumpliendo con cada paso de la ordenanza para intentar llegar al final del proceso” y “años pagando todas las tasas necesarias (alguna, dos veces)”.
También asegura que han pagado el IBI actualizado, sin la licencia actualizada y que han estado “perdiendo tiempo, dinero y esfuerzo para obtener definitivamente la licencia de primera ocupación y funcionamiento”.
“Llevamos años también haciendo perder el tiempo a ímprobos funcionarios del Ayuntamiento, que están constreñidos por procelosos procesos burocráticos”, ha lamentado.
Monasterio comienza explicando las “trabas burocráticas” desde el año 2010 cuando dice que adquirieron “una vieja casa”, que pese a que les “suele gustar más la rehabilitación de espacios antiguos” en este caso cree que lo mejor que tenía la casa que compraron era “una edificabilidad no agotada”. Así que diseñaron “con mucha ilusión” una casa nueva para su “creciente familia.
En 2011, según relata, acometieron la demolición de la casa con la preceptiva licencia. Mientras, pagaron y esperaron la obtención de la licencia de obra nueva, y pidieron “varios presupuestos a constructores para empezar la nueva casa”.
Asimismo, en agosto de ese mismo año les otorgaron la licencia de obra que habían pedido para construir la vivienda “con despacho profesional en una parte del sótano”. Con ello, pagaron las respectivas tasas administrativas más el impuesto de construcción.
EN 2013 SURGE EL PRIMER CONFLICTO CON LA CASA
Después, en 2012-2013, tras seleccionar a un constructor recomendado por un tercero, aseguran que aguantaron “dos largos años de obra” y que pese a “errores graves cometidos por el constructor”, le pagaron el 95 por ciento del presupuesto acordado, e “innumerables extras que le van saliendo”
Al final de 2013, según Monasterio “surge el primer conflicto con el constructor por las cantidades restantes, y sale de la obra sin rematarla”, por lo que un año después tienen que meter a nuevos contratistas “para rematar y corregir lo que no ha hecho o ha hecho mal el anterior”.
“Por fin terminamos la obra, pagamos por primera vez las tasas de licencia de primera ocupación y funcionamiento. El Ayuntamiento nos exige el certificado de fin de obra, suscrito por el arquitecto y el aparejador. Preparamos el nuestro, pero el aparejador, que es del entorno del constructor, no responde”, ha expuesto.
Así, en 2015 ante la evidencia de que han acabado la obra, que tienen una nueva vivienda, y que están intentando obtener la licencia de primera ocupación, realizan la correspondiente nueva inscripción en el catastro.
Entonces, el Ayuntamiento de Madrid les cobra un nuevo Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por la totalidad de los metros cuadrados construidos. En 2016 siguen sin que el aparejador responda y en julio vuelven a pagar la tasa para poder la licencia de ocupación .
Ya en 2017 un técnico del Ayuntamiento inspecciona la obra y en 2018 les requieren que actualicen los planos, y modifiquen la licencia original.
LITIGIO CON EL CONSTRUCTOR
“Cumplimos con todo para adecuarnos a la ordenanza municipal. Se interrumpe la licencia de ocupación, mientras se modifica la licencia. Parecía que al fin obtendríamos la licencia. Nada más lejos de la realidad. El litigio con el constructor se judicializa. Y además el propio constructor nos denuncia ante el Ayuntamiento por la falta de licencia de actividad en el despacho*que él mismo ha estado bloqueando”, ha relatado.
Mientras tramitan esa licencia, el Ayuntamiento les exige cerrar el despacho, por lo que recurren administrativamente y el Ayuntamiento lo acepta, “pues comprueba que está en trámite la modificación de la licencia”.
“Y así llegamos a verano de 2019, donde el Ayuntamiento notifica el precinto de la oficina, salvo que obtengamos en este plazo tanto la licencia de funcionamiento como la reactivación de la licencia de obra caducada”, ha lamentado Monasterio.
La portavoz de Vox indica que ha visto la necesidad de dar estas explicaciones ante “la campaña de intoxicación de ciertos medios”, sufriendo las filtraciones de “algún apparatchik” que “avisa a la prensa” antes de que les lleguen a ellos mismos las notificaciones.