La localidad de Valdemoro, en el sur de Madrid, además de ser el epicentro de la trama de corrupción desarticulada en la operación Púnica, representa el laboratorio del modus operandi con el que se manejaba la “organización criminal”. Un ejemplo de ello es la adjudicación de la Cabalgata de Reyes del año 2008 para los niños de la localidad: el Ayuntamiento invitó a tres empresas al concurso y detrás de las tres estaba José Luis Huerta, contra quien el juez Eloy Velasco ha dictado prisión eludible con una fianza de 300.000 euros.
Entre la documentación que figura en poder de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está la referente al citado contrato. El Ayuntamiento, sin publicidad, invitó a tres empresas. La impunidad con la que actuaba la trama era tal que ni siquiera disimulaban. Una de ellas se llamaba Waiter Music y otra Waiter Music Record. La tercera de las sociedades, Saranais SL, también era parte de la trama. Para aparentar la elección irremediable de la primera de las tres, Waiter Music Record y Saranais SL terminaron por retirarse.
Las tres sociedades que simularon competir por la cabalgata de Valdemoro integran la lista de 158 empresas que investiga la Fiscalía Anticorrupción y la UCO dentro de la operación Púnica, a la que ha tenido acceso eldiario.es. Dependen de José Luis Huerta Valbuena, sobre el que pesan los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y fraude. A pesar de que este amaño se produjo en Valdemoro, la Guardia Civil incluye a Huerta en el círculo de la investigación que tiene a David Marjaliza en el centro. El amigo de la infancia de Francisco Granados tendría a cinco personas como máximos colaboradores, además de Huerta.
En este núcleo duro está también José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Comunicación Informática de la Comunidad de Madrid, sospechoso de un presunto delito de malversación de fondos públicos. Lo completan: la secretaria de Marjaliza, Ana María Ramírez, a la que se atribuye falsedad documental, blanqueo, pertenencia a organización criminal y cohecho; Eduardo de la Peña, un empresario de obra civil; Antonio Serrano y Antonio Cándido Ruiz García, ambos administradores de empresas controladas por Marjaliza en última instancia. Todos ellos están imputados por varios delitos, entre ellos el de organización criminal.
La plaza de toros de Alcalá
Las investigaciones de la Guardia Civil a partir de ahora señalan, entre otros puntos, a Alcalá de Henares. Allí, según los documentos que manejan los investigadores, se produjeron otros amaños escandalosos relacionados con José Luis Huerta. El 6 de septiembre de 2011, la Junta de Gobierno analizó la propuesta del concejal de Festejos para autorizar el alquiler de uso de la plaza de toros entre la sociedad Taurina Alcalaína –que tenía la concesión administrativa de explotación del recinto– y Waiter Music Record. Esta última firma iba a organizar en los aledaños la ‘Oktoberfest’ entre el 22 de septiembre y el 2 de octubre. El 1 de octubre, igualmente, la misma empresa organizaría un evento deportivo denominado Freestyle & Dirt Track.
Todo aparenta normalidad hasta que se analiza quién está al mando de las sociedades implicadas. En Taurina Alcalaína figura Ramón Castro Salazar, que a su vez participa en otra empresa denominada Círculo de Ocio. Esta sociedad tiene como administrador a José Luis Huerta, lo que implica que dos socios se adjudicaron la contratación de un espacio público. La connivencia del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en manos del Partido Popular, en el amaño es ya investigado por los agentes.
El PSOE de Alcalá denunció ayer que Waiter Music está “directamente ligada” con el Consistorio alcalaíno al gestionar las ferias de 2013 y la Semana del Mayor en 2013. Por estos dos conceptos, la empresa de Huerta habría recibido 475.000 euros. El portavoz municipal socialista, Javier Rodríguez, denunció igualmente que la empresa central de la trama, Cofely, suscribió un contrato en 2013 con el Ayuntamiento por una validez de 15 años.