Pudo hacerlo en San Telmo. O en el Parlamento andaluz. Pero eligió Madrid. En política nada hay fruto de la casualidad o de la improvisación. En el PP, claro, tampoco. Todo está medido. Y Juan Manuel Moreno Bonilla sabía bien esta semana lo que buscaba al plantarse en un desayuno informativo en la capital y anunciar la supresión del impuesto de Patrimonio que solo pagan 20.000 andaluces. De un lado, presentar sus credenciales como principal barón del PP. De otro, desviar la presión del Gobierno de Sánchez sobre Alberto Núñez Feijóo por su oposición al gravamen sobre las energéticas y los bancos. Y de paso achicar el terreno a la inquilina de la Puerta del Sol, que, por cierto, no estuvo presente en el desayuno informativo tras alegar que tenía comprometida una entrevista radiofónica.
La presentación en Madrid del andaluz corrió a cargo del mismísimo Feijóo y no faltó a la cita la plana mayor del empresariado español, ni tampoco un nutrido grupo de exdirigentes y exministros del partido que hacía años que no se dejaban ver por este tipo de actos. Ahora, todos son de Moreno. Y no tanto de Ayuso, con quien el objetivo de la dirección nacional es que quede, si no desdibujada, sí como una más dentro de la organización territorial del partido.
Y es que la victoria histórica del PP en Andalucía no solo dio un vuelco al tablero electoral, sino también a los equilibrios internos en favor de uno de los barones más próximos a Feijóo, a quien abiertamente ya todos conceden una sola oportunidad para hacerse con las llaves de La Moncloa. Si el gallego no gobierna en 2024, el PP volverá a las andadas en busca de nuevo liderazgo, y en la banda ya no solo calienta Ayuso, sino también Moreno Bonilla. “La pugna por el día después está abierta y todos están en eso”, admite un diputado popular.
“Lo que demostró el golpe contra Pablo Casado –prosigue el mismo interlocutor– es que en esta organización no hay apegos ni lealtades que valgan. Nadie se inmola por nadie”. Ayuso ya ha deslizado que no tiene intención de que su mandato dure más de ocho años y que si revalida su mayoría en 2023, 2027 será el final de su aventura madrileña. “Ya está jugando a la sucesión de Feijóo”, barruntan algunos de sus correligionarios. Nada que no hayan deslizado, por otra parte, en alguna ocasión desde su entorno más cercano para perplejidad de propios y extraños.
La irrupción de Moreno en la escena nacional responde a la misma dinámica. Pero en su caso, en connivencia con el propio Feijóo, que tampoco está por la labor de seguir en el cargo si no acierta en el primer intento, según versión de un veterano popular, que no contempla esta hipótesis dado el desgaste que acumula el Gobierno de Sánchez y la situación económica. La sintonía del presidente de Andalucía con el gallego es absoluta. Y es Andalucía, y no Madrid, el espejo en que se mira el expresidente de la Junta para conquistar la Moncloa.
Tanto es así que, tras el congreso nacional, Feijóo quiso dar más peso a la región que preside su amigo Moreno en la cúpula de la dirección nacional. Y además de elegir al andaluz Elías Bendodo como número tres de la organización nacional, incorporó también al exconsejero de la Junta Juan Bravo a su guardia pretoriana. Ambos son de la confianza absoluta de Moreno Bonilla y aquella decisión se interpretó como la consagración del poder gallego y andaluz en detrimento de Madrid, cuya representación en el puente de mando quedó reducida a una única vicesecretaría, que recayó en el exalcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, un hombre no precisamente de la cuerda de Ayuso.
La sincronía entre Moreno y Feijóo es total. Hay incluso un sector del PP que vislumbra una estrategia coordinada entre Feijóo y Moreno para achicar el espacio nacional que se ha ido construyendo a golpe de populismo, ocurrencias y ataques diarios a Pedro Sánchez la baronesa de la Puerta del Sol. Feijóo no confrontará con ella, como hizo Pablo Casado hasta desatar una guerra personal que tambaleó los cimientos del partido, ni desautorizará ninguna de sus decisiones, pero sí trabajará con los territorios, en especial con Andalucía, en una hoja de ruta con la que escenificar que hay barones también capaces de marcar a Sánchez y a sus políticas, no a su libre albedrío, sino de forma sincronizada con la dirección nacional.
Moreno había coordinado con Feijóo antes de su intervención en Madrid el anuncio de la que dijo que era su sexta bajada de impuestos desde que es presidente de la Junta de Andalucía, que incluía, además de la polémica eliminación del impuesto de Patrimonio, una deflactación de la tarifa del IRPF en un 4,3% en sus tres primeros tramos de la tarifa autonómica y una subida en las cantidades exentas de tributación. Una decisión idéntica a la que al día siguiente replicó Fernando López Miras para Murcia, una región que en el propio partido admiten que tiene “un problema económico de primera magnitud” y que “no está para muchas alegrías de bajadas de impuestos que mermen la recaudación en tiempos de crisis”.
Más allá de la críticas que desató la eliminación de un impuesto, de dudosa eficacia y escasa recaudación, Moreno no solo logró emitir señales nítidas de que, cuando toque, si toca, estará en la carrera nacional por el liderato del PP, sino también frenar la presión del Gobierno sobre Feijóo de las últimas semanas tras su oposición al gravamen anunciado por Sánchez para energéticas y banca. La Moncloa había instalado durante semanas el marco de una derecha que defiende los intereses de los poderosos y no de las clases medias y trabajadoras, a pesar de haberse quedado solo entre sus homólogos europeos y al margen de la que hoy es la ortodoxia de Bruselas. En esta última semana, el Gobierno tuvo que ir a rebufo de la senda que le marcó el presidente andaluz.
La decisión del presidente de Andalucía no solo generó cierta confusión en el Gobierno, tras unas declaraciones del titular de Seguridad Social en favor de la recentralización del impuesto de Patrimonio que fueron desautorizadas por La Moncloa; también marcó la agenda al Ejecutivo, que, en respuesta a la ofensiva fiscal del PP, tuvo que abrazar una propuesta de Podemos para crear un impuesto a las grandes fortunas que el propio PSOE había rechazado hace tan solo tres meses en el Congreso. Entonces no le pareció una medida oportuna y se alió con Vox, PP y Ciudadanos para tumbarla en el Parlamento.
La inflación desbocada por la guerra en Ucrania y la ofensiva del PP han hecho ahora que el sector socialista del Ejecutivo cambie de opinión y se replantee un nuevo tributo, cuyo diseño está aún en una fase muy preliminar. Y todo mientras acusa a la derecha de “perdonar impuestos a las grandes energéticas y a los ricos para cargarlos sobre las espaldas de la clase media trabajadora”, al tiempo que trata de desmontar lo que considera “el falso mito” de que el impuesto de Patrimonio no existe en Europa, como sostienen los de Feijóo. En Francia, se llama impuesto a la fortuna inmobiliaria. En Italia, hay un gravamen a los activos financieros y otro a los inmobiliarios. En los Países Bajos lo llaman impuesto a la riqueza igual que en Noruega y Suiza, mientras que en Bélgica está en trámite la aprobación de un impuesto a la fortuna para patrimonios de más de un millón de euros.
Asistimos ya, por tanto, a una campaña electoral que durará 16 largos meses y en la que se ha vuelto a constatar que la unidad de España que defiende el PP no rige para la política fiscal, mucho menos cuando lo que está en juego es el resultado de unas elecciones autonómicas y municipales que en buena medida anticiparán el resultado de las generales.
La política fiscal será el gran debate ideológico a librar. Unos lo afrontarán desde la disyuntiva de favorecer a los ricos en detrimento de los intereses de los pobres y la actual coyuntura de deterioro económico. Y otros, desde la autonomía fiscal de las comunidades. Entretanto, habrá que seguir los pasos de Moreno Bonilla porque hará de altavoz de Feijóo, porque está dispuesto a competir con Ayuso, si se diera el caso, y porque ha decidido calentar ya por la banda.