Las mujeres son el 53% de la judicatura, pero solo el 27% de la cúpula de los órganos superiores. Con este dato de fondo, Gobierno y Partido Popular ultiman la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de la judicatura. El pacto podría implicar que, por primera vez, una mujer presidiera el CGPJ y también que hubiera paridad en su composición, algo que ya cumple (el 43% son mujeres). Una corriente de juezas reivindica que ambos factores son ya ineludibles.
“Somos parte de la sociedad y la sociedad está siendo sometida a una profunda revisión de género gracias al feminismo, que es el hilo conductor. Hay que integrar eso en el ámbito judicial”, dice la magistrada Lucía Avilés, portavoz de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AJME). La asociación -formada por juezas y magistradas de diferentes procedencias, edades, órdenes jurisdiccionales e ideologías pero con el feminismo como punto común- presentó hace semanas una candidatura de tres magistradas a las vocalías del Poder Judicial para reforzar las posibilidades de que las mujeres lleguen a esos puestos y acabar con el prejuicio de que no hay suficientes mujeres dispuestas.
Una de esas candidatas es Avilés. “Proponemos un feminismo judicial activo”, señala. La jueza desgrana qué significado entraña esa frase: igualdad en la carrera judicial y en el derecho de acceso a la justicia, promover medidas igualitarias que permitan a las mujeres promocionar, corresponsabilidad, mejora de medios materiales y personales, entre otros, creación de juzgados exclusivos de violencia contra las mujeres. Pero también mayor transparencia del Poder Judicial en un momento de pérdida de confianza en la justicia. “El CGPJ debe promover nuevos canales de comunicación para recuperar esa confianza y también, aunque no es de su estricta competencia, promover la defensa de los derechos humanos en ámbitos de calado con gran demanda de justicia”, defiende Avilés.
Para la magistrada Vicky Rosell, es indiscutible que el CGPJ debe ser paritario o incluso mayoritariamente femenino. “Lo tenemos muy claro desde hace tiempo, pero desde hace dos o tres años con especial clarividencia. Cuando vas a un juzgado ya es más normal que te atienda una jueza, por eso choca tanto ver las fotos de apertura del año judicial”, explica. En esa foto, el rey Felipe VI preside el acto rodeado de los magistrados, todos hombres, una imagen que no ha cambiado desde los años 70 hasta ahora.
Los datos muestran con claridad el techo de cristal en la justicia. Solo el 17% de magistrados del Tribunal Constitucional son mujeres, una cifra que es del 14% en el caso del Tribunal Supremo. En la Audiencia Nacional, el 43% de miembros son mujeres. Solo el 6% de las presidencias de Tribunales Superiores de Justicia están ocupadas por mujeres. En el caso de las Audiencias Provinciales, el 38% son mujeres. Sin embargo, el 53% de las sentencias son dictadas por mujeres.
Otras cifras dan idea de por qué esa disparidad. El 99% de las excedencias por cuidado en la magistratura las cogieron las juezas. Por contra, el 75% de las licencias para formarse o salir al extranjero las usan los hombres, frente al 25% a las que se acogen las mujeres. Rosell sostiene que esto, en la práctica, produce además diferencias salariales entre hombres y mujeres dentro de la judicatura: “Cómo vas a ganar lo mismo si las actividades que son compatibles las hacen generalmente los hombres”.
Los cursos o la docencia cuentan para los puestos de designación discrecional. Las lagunas en las carreras por el tiempo dedicado a los cuidados no solo no suman, sino que restan posibilidades a las juezas. “Son esas trabas invisibles que afectan a nuestra promoción, como les sucede al resto de mujeres. Los cuidados siguen recayendo en nosotras”, dice Lucía Avilés.
Los datos desmienten también el manido argumento de que el acceso de las magistradas a la cúpula sea solo cuestión de tiempo. En 2018 había 875 mujeres juezas de entre 51 y 60 años frente a 972 hombres en el mismo rango de edad, una generación en la que jueces y juezas ya han tenido tiempo para acumular experiencia y méritos. En 2008, el 8% de los magistrados en activo con más de 60 años eran mujeres.