La presencia de mujeres en las cúpulas de los tribunales de justicia se equilibra en aquellos puestos que son elegidos democráticamente a través del voto en urna de los más de 5.000 miembros de la carrera judicial. Así lo evidencian las últimas elecciones a las salas de gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 tribunales superiores autonómicos celebradas esta misma semana. De los 117 puestos en liza, 59 serán ocupados por hombres y 58 por mujeres (49,5%), según los datos recopilados por eldiario.es.
Las salas de gobierno cumplen principalmente tareas organizativas y administrativas, no jurisdiccionales. No obstante, son órganos internos clave en los juzgados y tribunales, pues aprueban las normas de reparto de los asuntos, proponen magistrados suplentes o tienen facultades disciplinarias, entre otras funciones. Están constituidas por el presidente de ese mismo tribunal, que la preside; el secretario, y miembros natos y electos. Todos ellos son jueces y magistrados.
Los natos son los presidentes de las salas jurisdiccionales que integran ese tribunal. Y en el caso de los tribunales autonómicos se suman a este grupo los presidentes de las audiencias provinciales. En este grupo la presencia de mujeres está muy desequilibrada: son apenas una cuarta parte del total. De los 109 miembros natos de las salas de gobierno del Supremo, la Audiencia Nacional y los tribunales autonómicos sólo 28 son mujeres, el 25,7% del total.
Para acceder a los puestos que dan la condición de miembro nato los nombramientos son discrecionales a través de un sistema de “mérito y capacidad” en el que los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tienen la última palabra. Esa veintena de vocales son designados por las Cortes Generales. Es decir, que quienes hacen la selección han sido elegidos a dedo por la mayoría de las fuerzas políticas de ambas cámaras legislativas. Este hecho ha provocado que España haya sido objeto de críticas por parte de organismos internacionales por la politización del sistema de elección de los rangos más altos del poder judicial.
Pero si hay algún puesto en el que las mujeres estén totalmente infrarrepresentadas es en la presidencia de estas salas de gobierno, puesto que ocupan los presidentes del tribunal en cuestión. Y es que tanto el Supremo como la Audiencia Nacional tienen a hombres como máximos responsables y de los 17 tribunales superiores autónomicos sólo uno está presidido por una mujer, el de la Comunitat Valenciana. El acceso a estos puestos de alto rango también es discrecional.
En contraposición, entre los miembros electos de las salas de gobierno la distribución por género es casi al 50%: 59 hombres y 58 mujeres. Estos cargos, que se renuevan cada cinco años, son elegidos democráticamente a través del voto secreto de todos los jueces. Los profesionales votan en urna y la mayoría de candidatos son miembros de asociaciones de jueces a las que representan, aunque también hay independientes.
La magistrada Susana Polo se convirtió el pasado martes, a través del voto en urna de sus compañeros del Supremo, en la segunda mujer en la historia que entra en la Sala de Gobierno del Alto Tribunal. La elección de Polo, con 33 años de experiencia en la carrera judicial, pone fin al monopolio de hombres togados con el que cada año se retrata el rey Felipe VI con motivo de la apertura del año judicial y que desde hace una década ha dejado a las mujeres fuera de esa imagen. Antes que ella, este órgano contó con la presencia de Milagros Calvo durante un mandato corto.
De hecho, la distribución por género de los candidatos electos a las salas de gobierno de los tribunales es similar a la que hay en el conjunto de la carrera judicial, a la que se accede por oposición, y en la que hace más de un lustro que ellas son mayoría: 2.923 de un total de 5.419, el 53,9%, según los últimos datos oficiales.
El desfase se produce en los nombramientos discrecionales, en los que influyen los vínculos políticos e ideológicos, pero también otras cuestiones como la brecha que se produce en las carreras de las mujeres por el tiempo que dedican a los cuidados o el hecho de que ellas optan a menos puestos de responsabilidad. En lo que va de año se han renovado diez plazas en las salas jurisdiccionales del Tribunal Supremo y ninguna ha sido para una mujer a pesar de que hubo 28 candidatas y siete pasaron el último corte.