El Tribunal Supremo, el órgano superior en todos los órdenes jurisdiccionales salvo en materia de garantías y derechos constitucionales, sigue siendo eminentemente masculino. Las mujeres no mandan en ninguna de sus salas ordinarias y apenas suponen el 19% de total de magistrados. En lo que va de año se han renovado siete plazas y ninguna ha recalado en una mujer a pesar de que 23 se postularon como candidatas y seis llegaron a pasar el último corte. Los hombres aspirantes fueron un total de 66, de los que 18 llegaron a la última fase.
Recientemente, el último nombramiento para la Sala de lo Civil –conformada por siete hombres y una sola mujer– ha avivado las críticas por la falta de paridad en el Alto Tribunal. Más de un centenar de juristas han firmado una carta en la que critican que no figurara ninguna mujer en la última terna propuesta al pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a pesar de que “existían candidatas sobradamente cualificadas”. En otros casos, como el de Manuel Marchena, que fue reelegido este miércoles como presiente de la Sala de lo Penal, no hubo mujeres candidatas.
El texto, que sus promotores han remitido al Defensor del Pueblo y al presidente del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, Carlos Lesmes, ha reabierto el debate sobre la política de nombramientos en el Alto Tribunal. Pero la escasa presencia de mujeres no es una peculiaridad única de ese órgano. Esta semana también se han renovado tres puestos de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia –Aragón, Asturias y Navarra– y todos han recalado en hombres, si bien solo en Asturias hubo una mujer que se presentó como candidata. El único máximo tribunal autonómico presidido por una mujer es el de la Comunitat Valenciana.
La fotografía del acto solemne de apertura del año judicial devuelve cada año la imagen de una cúpula del poder judicial falta de paridad. Ellas no están en una instantánea en la que aparece el rey Felipe VI rodeado únicamente por hombres togados. La presencia femenina sigue siendo escasa en los puestos más altos, donde los nombramientos son discrecionales, a pesar de que las mujeres hace más de un lustro que son mayoría en el conjunto de la carrera judicial, a la que se accede por oposición: 2.923 de un total de 5.419 miembros, el 53,9%, según los últimos datos oficiales.
“Mérito y capacidad”
¿Por qué se produce ese desfase? ¿Qué ocurre en los nombramientos discrecionales? En el CGPJ explican que la normativa que los regula se rige por los principios de “mérito y capacidad” y tiene en cuenta elementos objetivos como la antigüedad en la carrera judicial o la pertenencia a cierto orden jurisdiccional; pero también otros sujetos a valoración como las sentencias significativas dictadas, la producción jurídica (libros, artículos...) o la participación en cursos o conferencias. Además, los aspirantes se someten a entrevistas públicas.
La comisión permanente del CGPJ, en funciones de calificación, hace un primer corte tras las entrevistas y propone una terna al pleno, formado por veinte vocales, que toma la decisión final. Esa veintena de vocales son designados por las Cortes Generales. Es decir, que quienes seleccionan a los magistrados han sido elegidos a dedo por la mayoría de las fuerzas políticas presentes en ambas cámaras legislativas. Este hecho ha provocado que España haya sido objeto de críticas por parte de organismos internacionales por la politización del sistema de elección de los rangos más altos del poder judicial.
En los nombramientos influyen, por tanto, los vínculos políticos e ideológicos y a las asociaciones profesionales, en los que las mujeres tienen un menor protagonismo porque suelen ser estructuras más masculinizadas y que exigen una disponibilidad extra (viajes, reuniones por las tardes...) que ellas no pueden o no quieren asumir en detrimento de su vida familiar.
“Tenemos un trabajo sin horarios, con guardias, en el que hay que seguir en casa muchas veces... si a esto le sumas una carga familiar claro que influye en el hecho de contraer un compromiso extra”, señala Cira García Domínguez, magistrada de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer y coordinadora de la Comisión de Igualdad de Jueces y Juezas para la Democracia.
El cambio en “las reglas del juego”
Pero este no es ni mucho menos el único factor que explica la escasa presencia de mujeres en las altas jerarquías de la judicatura. Las fuentes consultadas apuntan al sistema de nombramientos. “Los parámetros para medir el mérito en la carrera están faltos de una mirada de género. Gran parte de la actividad extrajurisdiccional (docencia, doctorados, estancias en el extranjero...) que se tiene en cuenta se despliega en los años en los que las mujeres tienen hijos, lo que genera un agujero en los currículos de muchas de ellas”, explica la jurista Concepción Sáez, vocal del CGPJ a propuesta de IU.
Comparte opinión la magistrada Gloria Poyatos, presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas, que reclama un cambio en la valoración de objetivos que otorgue valor al tiempo que tanto hombres como mujeres invierten en cuidar a hijos y a familiares. “Es necesario un cambio en las reglas del juego porque el sistema de valoración actual está pensado de forma excluyente para las personas que cuidan, lo que tiene un mayor efecto en las mujeres por razones estadísticas”, señala. Según los datos del CGPJ, a 1 de enero, estaban de excedencia por cuidados de hijos 21 mujeres y sólo dos hombres.
Estas medidas de discriminanción positiva o elementos de compensación no son una quimera, pues ya existen para otros colectivos del ámbito judicial. Por ejemplo, el concurso-oposición para el cuerpo de letrados del CGPJ da puntos extra a quienes en los cinco años previos al proceso hayan cuidado de hijos o familiares. La Comisión de Igualdad del CGPJ trabaja en un documento que incluye esta idea entre otras medidas para aumentar la presencia de las mujeres en los cargos más altos de la judicatura. “Creemos en el mérito y la capacidad, pero sería necesario tener en cuenta estas cuestiones una baremación que además fuera más objetiva”, señala la jueza García Domínguez.
En el órgano de gobierno de los jueces admiten que la mujer está “infrarrepresentada” en las cúpulas del poder judicial, aunque señalan que no tanto como podría suponerse a simple vista porque la edad y la antigüedad siguen siendo determinantes en la carrera. Por ejemplo, la proporción de mujeres en el conjunto del Tribunal Supremo, donde la media de edad es de 64 años, es del 19% (hay 15 mujeres y 65 hombres). Y el porcentaje de mujeres en esa franja de edad (entre 61 y 70 años) en el conjunto de la carrera es del 27%. Hay un desequilibrio, pero los porcentajes no están tan alejados, sostienen en el CGPJ.
Que haya más candidatas
Más allá de hipotéticos cambios en el sistema de nombramientos, Manuel Lucas, letrado del gabinete técnico del Tribunal Supremo y promotor de la citada carta de protesta a través de un grupo de investigación para la igualdad de género de la Universidad de Alcalá cree que hay algo que se podría hacer ya para equilibrar la presencia de mujeres. A su juicio, es “exigible jurídicamente” que al menos en las Salas del Supremo en las que ellas están infrarrepresentadas las candidatas propuestas en las ternas sobre las que decide el CGPJ superen al número de candidatos varones.
Se basa, para ello, en la ley de igualdad, que establece en su artículo 16 que los poderes públicos “procurarán” atender el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan. “Parece claro que si, ante currículos similares, no se las incluye en la terna no se está procurando que se cumplan ese principio”, denuncia.
Pero para ello las mujeres también tienen que atreverse a dar el paso porque su infrarrepresentación también guarda relación con un hecho objetivo: que ellas optan a menos puestos de responsabilidad. Por ejemplo, el número de hombres que optaron a las plazas de magistrados de Sala del Supremo durante 2019 triplica al de mujeres. “Se presentan menos porque se las elige poco”, lamenta Sáez. La jueza Poyatos, por su parte, cree que es el estereotipo de la “inferioridad intelectual” de la mujer el que juega en contra de su promoción. “Y eso solo se combate desde el plano cognitivo, desde la educación social”, asegura. “No nos presentamos por desánimo porque creemos que la batalla está perdida y eso hay que cambiarlo”, sentencia, por su parte, la también jueza García Domínguez.