“Esta ambición se debe trasladar a la consolidación de la agenda social”. La frase de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, el día en el que el Consejo de Ministros aprobaba los indultos de los políticos catalanes condenados por el procés revela el estado de la relación en el seno del Ejecutivo de coalición. En Unidas Podemos están satisfechos por ver cómo se ha asumido una propuesta que hasta hace nada entre los grandes partidos solo defendían ellos. Pero vuelve cierto clima de impaciencia por lo que consideran un desarrollo lento y poco profundo de la agenda social.
Un caso claro ha sido el de este jueves. Casi una década después de que Mariano Rajoy situara de forma generalizada el IVA de la electricidad en el 21%, el Gobierno de PSOE y de Unidas Podemos ha aprobado reducirlo al 10%, de forma temporal y cuando se den determinadas condiciones de mercado, para intentar contener las continuas subidas del precio de la luz que han situado el recibo en máximos históricos. Una medida que se suma a las ya aprobadas por el Consejo de Ministros en las últimas semanas, como la eliminación de los llamados “beneficios caídos del cielo”, pero cuya ejecución no termina de convencer a los aliados del Ejecutivo de Pedro Sánchez ni al socio minoritario de la coalición.
El recibo de la luz se disparó un 45% en las dos primeras semanas de junio. La subida se sumaba a las que ha sufrido la electricidad en lo que va de 2021, y amenazaba con situar la factura del mes como la segunda más cara de la historia. El Gobierno había aprobado unos días antes un recorte de los llamados “beneficios caídos del cielo”, una retribución superior a la que le corresponde a las eléctricas en venden energía hidráulica y nuclear dado el actual sistema de fijación de los precios. Una medida que se comenzó a negociar en el seno del Ejecutivo a principios de año, cuando la llegada del temporal Filomena situó el recibo en niveles récord. Solo el nuevo repunte del coste de la electricidad en el mercado mayorista desbloqueó la situación.
Pero esta medida todavía tiene que desarrollarse. Y eso llevará meses. El Consejo de Ministros aprobó a principios de mes iniciar la tramitación de un anteproyecto de ley para recortar esos “beneficios caídos del cielo” de las grandes eléctricas. Este mismo jueves, la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, aseguró que el texto podrá estar en el BOE en algún momento del próximo otoño, dado que se ha activado el procedimiento de urgencia para acortar los plazos. En todo caso, después del verano y del uso intensivo del aire acondicionado.
Ribera cortaba así la pretensión de Unidas Podemos de tramitar como real decreto-ley el recorte de los beneficios extra que reciben las centrales hidroeléctricas y nucleares, lo que incidiría de forma inmediata en el recibo. La ministra socialista defiende seguir el procedimiento ordinario, aunque urgente, para cumplir con las garantías del proceso legislativo. “Quisimos que fuera una propuesta que pudiera enriquecerse al hilo de las observaciones, alegaciones y comentarios que se pudieran remitir por parte de todos los actores. Queremos que sea una medida que tenga un efecto y una consistencia claros”, defendió la responsable de Transición Ecológica en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario.
“En poco más de tres años [desde junio de 2018] hemos adoptado más de 50 medidas estratégicas, normativas y de planificación”, afirmó Ribera, quien citó la reducción del peso de la parte energética más cara (la generada por los combustibles fósiles), la apuesta por las energías renovables procedentes de “múltiples actores de tamaños diferentes”, un nuevo marco para las subastas o el favorecimiento de la parte variable de la factura frente a la fija para acercarla al consumo real, entre otras.
Acciones, en todo caso, que no han incidido en el coste para el consumidor, se lamentan en Unidas Podemos. Al desencanto de ver que no se acelera más en el recorte a las eléctricas, el grupo confederal añade que cree muy limitada la reducción del IVA acordada este jueves. De hecho, los ministros que lidera Díaz han estado completamente al margen de las negociaciones para desarrollar la medida, pese a que se recoge en su programa electoral. Fuentes de Unidas Podemos aseguran que lo único que les han permitido es presentar alegaciones a una propuesta genérica de la que han sido informados de forma pormenorizada este mismo jueves.
La parte socialista del Gobierno cree que “es prudente” dar de plazo hasta el 31 de diciembre para “evaluar” si el conjunto de medidas puestas en marcha surten efecto. Además, consideran que la fiscalidad debe abordarse de forma global en la reforma prevista, para la que se formó un comité de expertos que tiene hasta febrero de 2022 para elaborar su propuesta. “El conjunto de la fiscalidad va dirigida a fortalecer los servicios públicos y a generar renta disponible a las familias de clase media”, defendió la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la misma rueda de prensa, para poner un “tercer motivo” sobre la mesa: las reticencias de Bruselas. “Hemos comunicado a la Comisión Europea que se ha acometido esta medida de forma temporal. En el caso de que fuera por un periodo de vigencia superior ya hay que pedir autorización y saben que nuestro país siempre tiene advertencias por parte de la UE de estar haciendo un uso abusivo del IVA reducido”, advirtió.
Las discrepancias entre ambos partidos se han hecho públicas. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ya lo hizo la semana pasada. Este mismo jueves, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, calificó en una entrevista en TVE de “limitada” la medida aprobada y aseguraba que si tuvieran más apoyo electoral podrían presionar más a su socio. “Si fuéramos la fuerza mayoritaria haríamos una eléctrica pública”, dijo. “No renunciamos a ninguno de nuestros objetivos”, zanjó.
El dique del SMI y la regulación de los alquileres
Los socios del Gobierno también mantienen discrepancias por otras políticas sociales. La que más encallada está es, sin duda, la ley de vivienda, que acumula meses y meses de retraso sin que se logre una salida consensuada.
El quid de la cuestión está en una frase del acuerdo que permitió que viera la luz el proyecto de Presupuestos Generales para este año: “Se establecerán mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los existentes”.
Para Unidas Podemos es evidente que la futura ley debe incluir medidas expresamente dirigidas a bajar el precio de los alquileres. Para el PSOE, las medidas pactadas hasta ahora ya tendrían que lograr esa bajada, por lo que dan por cumplido el acuerdo.
A pesar de que los avances en la negociación hicieron pensar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que la última propuesta que enviaron al socio minoritario sería la definitiva, no ha sido así. Aunque PSOE y Unidas Podemos pactaron inicialmente la congelación de los precios de los contratos de alquiler (viejos y nuevos) en las zonas tensionadas, el Ministerio de Derechos Sociales ha respondido al de José Luis Ábalos ahora con una contrapropuesta con la que quiere obligar a bajar aquellas rentas que superen el índice de referencia elaborado por el Ministerio de Transportes en las zonas consideradas tensionadas.
De momento no hay un posicionamiento formal del departamento de Ábalos, pero esa propuesta para bajar de forma directa los precios no está en sintonía con lo que han defendido hasta ahora los socialistas, que rechazan el establecimiento de precios máximos al considerar que sería “contraproducente” porque desincentivaría la salida de inmuebles al mercado. Los socialistas consideran que con el sistema de beneficios fiscales que plantean para sacar viviendas al alquiler, la promesa de aumentar el parque público -ambas medidas dirigidas a bajar los precios por el aumento de la oferta- y la congelación de los contratos dan por cumplido el acuerdo programático.
“Ayer hubo algún posicionamiento por parte de los negociadores que no permite avanzar al ritmo que en este momento teníamos marcado. Yo pediría calma, tiempo. Las negociaciones a veces tienen altibajos. Uno tiene la sensación de que avanza dos escalones y que retrocede uno”, expresó María Jesús Montero este jueves, aunque se mostró confiada en que se llegue “pronto” a un acuerdo definitivo.
“Lo que ocurre es que ambas formaciones políticas que participamos del diálogo queremos llevar nuestra vocación de máximos al proyecto de ley y estas cuestiones hay que mirarlas desde la seguridad jurídica, desde el respeto a todos los elementos que tienen que ver con la propiedad privada, es decir, para el Gobierno tan importante es atender al problema como que no haya inseguridad de cara a los propietarios o a los inquilinos”, argumentó.
En Unidas Podemos recuerdan que introducir el concepto “bajada de los precios” en el acuerdo presupuestario costó mucha negociación, fue una condición imprescindible para firmarlo y no tienen intención de renunciar a que se recoja expresamente en la ley. Y los diferentes espacios políticos del grupo confederal se han reafirmado en este punto en los últimos días.
La tercera disputa sobre la mesa afecta directamente a los máximos responsables de la coalición: el presidente, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz. La también ministra de Trabajo presentó recientemente el informe de los expertos nombrados por su departamento para fijar la senda del crecimiento del SMI para la legislatura. Un debate que ya se aplazó en enero, cuando se optó por prorrogar el decreto de 2020, en lugar de aprobar uno nuevo congelando el indicador, para dejar margen a que se pudiera revisar la decisión en verano.
El documento de los expertos propone una subida de entre el 1,3% y el 2% para este 2021, entre 12 y 19 euros en 14 pagas. Pero la parte socialista del Gobierno prefiere afrontar el incremento en 2022. Así lo han expresado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, e incluso el propio Sánchez.
Pero Yolanda Díaz no ceja en su empeño. En las últimas semanas ha planteado la necesidad de subir el SMI ante el auge de los precios. Las espadas están en lo alto y, diálogo social mediante, la última conversación sobre qué hacer con el salario mínimo, y con otros asuntos que afectan a la coalición, se producirá precisamente entre Sánchez y Díaz la semana que viene.