El Consejo de Ministros ha decretado el estado de alarma en España. “La situación que vivimos es extrema”, ha sentenciado Pedro Sánchez en una rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria del gabinete en la que ha asegurado que el estado de alarma es la herramienta más eficaz para luchar contra el coronavirus y que las razones para decretarlo de nuevo están “plenamente justificadas”, dado que nos encontramos en plena segunda ola de la pandemia, según ha explicado.
El objetivo es dotar a las comunidades autónomas, que serán en esta ocasión las autoridades delegadas, de la cobertura legal para imponer nuevas restricciones de movilidad, entre ellas el toque de queda para controlar el ocio nocturno, que es el foco de contagio que más preocupa a las autoridades en este momento. También habilita a las autonomías a cerrar las fronteras internas si lo estiman oportuno y garantizar jurídicamente la posibilidad de limitar las reuniones sociales a seis personas después de que los tribunales hayan tumbado las decisiones de varias autonomías en esa dirección al no encontrar en la legislación ordinaria el amparo suficiente para llevarlas a cabo.
La intención del Gobierno es que el marco del estado de alarma se prolongue durante seis meses, aunque ha asegurado que no es un plazo “inamovible”. Si la situación epidemiológica es favorable, el presidente ha prometido que lo “levantará sin demora” y que no durará “ni un día más ni un día menos” de lo estrictamente necesario.
Las comunidades podrán levantar el toque de queda a partir del 9 de noviembre
El nuevo decreto impone el toque de queda obligatorio hasta el próximo 9 de noviembre, aunque las comunidades podrán elegir los horarios. La obligatoriedad abarcará “con carácter general” la franja horaria de 23 horas a 6 de la mañana, pero los gobiernos autonómicos podrán atrasarla o adelantarla un máximo de una hora. Es decir, podrán comenzar la restricción nocturna desde las 22 horas a las 00:00 horas y decidir finalizarla entre las 5:00 y las 7:00 horas. El toque de queda tendrá algunas excepciones, como laborales o la compra de medicamentos. La única comunidad que queda fuera de esa restricción es Canarias, dado que la situación en el archipiélago es mejor que en el resto del país. Sánchez ha asegurado que “en principio” todas las restricciones durarán los seis meses que España esté bajo la alarma, pero fuentes gubernamentales han apuntado posteriormente que las comunidades autónomas podrán decidir levantar o no la restricción de movilidad nocturna dentro de quince días.
El decreto del estado de alarma tiene una duración de quince días, tal y como establece el artículo 116 de la Constitución, pero Sánchez ha asegurado que la intención del Gobierno es solicitar este mismo martes al Congreso una prórroga hasta el 9 de mayo. “El Gobierno, por medio del ministro de Sanidad, rendirá cuentas en las Cortes Generales cada 15 días. Esperamos que los gobiernos autonómicos hagan lo propio en sus respectivos parlamentos regionales en tanto y cuanto ellos son los responsables”, ha expresado el presidente.
Reuniones de máximo seis personas y posible cierre de comunidades
Pedro Sánchez decreta una serie de medidas que serán de obligado cumplimiento en toda España a partir de las normas consensuadas en el Consejo Interterritorial de Salud, aunque las autoridades competentes para ponerlas en marcha serán los gobiernos autonómicos, que podrán modular las limitaciones con el objetivo de frenar la expansión de la COVID-19. “La modulación va a estar en manos del Consejo Interterritorial de Salud y, por tanto, de las comunidades”, ha expresado Sánchez.
No obstante, durante ese tiempo se podrán ir modulando las medidas en función de cómo evolucione la pandemia. El marco de medidas recogidas en el estado de alarma es el sistema de “semáforo” que aprobó el pasado jueves el Consejo Interterritorial de Salud, que establece distintos niveles de restricciones según sea la situación en cada momento. Serán las comunidades las que puedan, por ejemplo, limitar aún más la prohibición de mantener reuniones sociales de un máximo de seis personas. “Serán las comunidades quienes modulen en el ámbito de sus competencias esa respuesta, si en vez de seis personas las que se pueden reunir son cuatro, son tres, son dos”, ha puesto como ejemplo el presidente.
El decreto también habilita a las comunidades autónomas a prohibir la entrada y salida dentro de las fronteras interiores. Serán los gobiernos autonómicos, por tanto, los que decidan si cierran toda una comunidad o parte de la misma.
Sánchez ha insistido en la necesidad de contener la expansión de la pandemia para que se sitúe por debajo de los 25 casos por 100.000 habitantes –ahora mismo la media española es de 361 por cada 100.000 habitantes, aunque no es homogénea en todo el territorio–. “Tenemos un largo recorrido por delante, vamos a tener que desplegar un ejercicio enorme de disciplina social y moral de victoria”, ha señalado. Al inicio de su intervención, Sánchez ha asegurado que cuenta con el aval del Consejo de Estado y de la Abogacía del Estado para decretar el estado de alarma y ha justificado prolongarlo durante medio año para crear un “marco estable” adecuado para mantener las restricciones necesarias para luchar contra la pandemia. También ha defendido que es, según los expertos, “el tiempo que necesitamos hasta empezar a superar no solo la segunda ola actual sino la etapa más dañina de la pandemia”. “Planteamos esta fecha sin perjuicio de que si las cosas van mejor no estaremos ni un día mas ni un día menos con este instrumento constitucional”, ha apostillado.
Sánchez pide el apoyo a Casado
Sánchez ya advirtió el viernes de la gravedad de la situación y recordó que las comunidades son las responsables de la aplicación de las medidas restrictivas que consensuaron con el Ministerio de Sanidad el pasado jueves. Igualmente, señaló que aquellas correspondientes al escenario extremo necesitan de la activación del estado de alarma. Tras sus palabras, diez gobiernos autonómicos –la mayoría del PSOE– solicitaron que se decretara la alarma, entre ellos Euskadi y Catalunya. Con esas dos comunidades, en manos del PNV (en coalición con los socialistas) y de JxCat y ERC, el Gobierno logra el respaldo necesario en el Congreso para que la salga adelante –Ciudadanos también ofreció sus 10 escaños–, aunque espera que el PP también lo avale. Las regiones gobernadas por los conservadores no han pedido la puesta en marcha de esa herramienta constitucional –apuestan, como Pablo Casado, por un cambio en la legislación sanitaria ordinaria–, pero tampoco se han opuesto frontalmente.
El presidente ha asegurado que se ha puesto en contacto con Casado para abordar este asunto y ha destacado que se ha tratado de una conversación “cordial” en la que le ha reclamado el apoyo a la prórroga del estado de alarma. Sánchez ha reiterado la apelación a la unidad como instrumento contra el virus y se ha referido a la “unidad en Europa, entre administraciones, entre trabajadores y empresarios y entre fuerzas políticas”. El líder de la oposición no pretende pronunciarse sobre la nueva situación hasta un acto que tiene previsto este lunes.
No obstante, también ha hecho una apelación a la colaboración ciudadana y la “disciplina social”: “La ley es importante, pero hay otras armas aún más eficaces contra el virus”. “Cuanto más nos quedemos en casa y menos contactos tengamos, más protegeremos a nuestros seres queridos y la salud de todos”, ha dicho. Ambas peticiones se han dirigido a solicitar de nuevo el “apoyo al estado de alarma” en la Cámara Baja y para levantar “un muro de unidad” mientras “disponemos de la vacuna que lo destierra para siempre de nuestras vidas y pone fin a esta desdicha”.