El nuevo presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, el conservador Vicente Guilarte, ha estrenado su mandato con un cambio profundo en el funcionamiento interno del órgano de gobierno de los jueces. El pleno, según fuentes del organismo, acaba de aprobar que los miembros de la comisión permanente cambien casi por completo, con nuevos miembros de su máxima confianza. Se trata de la comisión más relevante del organismo y que toma la mayor parte de decisiones en el día a día del Consejo: desde proponer nombramientos hasta conceder licencias a los jueces para compaginar su trabajo con, por ejemplo, la docencia.
Los integrantes de la permanente cobran más que el resto de vocales: más de 130.000 euros al año. Aquellos escogidos que están en la permanente cobran como un juez del Supremo: 122.000 euros al año, más chófer, más personal de secretaría. Los que no están en la Permanente, solo perciben dietas: 975 euros por los plenos, 312 euros por las reuniones de comisión.
El propio Guilarte entra en la permanente en calidad de presidente del Consejo, y se mantienen dos vocales: la progresista Pilar Sepúlveda y el conservador José Antonio Ballestero. Entran, del sector conservador, Carmen Llombart y María Ángeles Carmona y del progresista lo hacen Roser Bach y Mar Cabrejas. Tanto Bach como Llombart y Carmona eran compañera de Guilarte en la comisión disciplinaria donde había trabajado hasta que asumió la presidencia.
Abandona esta comisión clave, por ejemplo, un vocal muy vinculado al PSOE: Álvaro Cuesta, exdiputado del partido en el Congreso. Salen también los magistrados Juan Martínez Moya y Juan Manuel Fernández, conservadores pertenecientes al grupo de vocales que en el último año se han opuesto con fuerza a medidas como la reforma que les impide hacer nombramientos o que bloquearon durante meses la renovación parcial del Tribunal Constitucional. De ese grupo se mantiene Ballestero y entran Llombart y Carmona, por lo que mantiene su peso en la comisión más importante.
Algunos de los vocales que abandonan esta comisión son los que en los últimos días han cuestionado que el nuevo presidente pudiera tomar posesión sin haber renunciado de forma efectiva a su actividad privada. Vicente Guilarte asumió el cargo de presidente después de la jubilación de Rafael Mozo, que a su vez fue nombrado después de la dimisión de Carlos Lesmes. Abogado y catedrático de profesión, Guilarte fue nombrado en 2013 a propuesta del Partido Popular y ha tenido que renunciar a ambos oficios para poder ser nombrado.
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