El juez José Yusty Bastarreche, que paralizó la licencia de obra concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para sacar el cadáver de la basílica del Valle de los Caídos, ha dado trámite a su recusación y ha paralizado temporalmente sus actuaciones contra la salida del cuerpo del dictador hasta que se decida si continúa él con el caso u otro juez.
El Gobierno pidió el pasado 14 de marzo que el magistrado se apartara del caso, al considerar, según un escrito al que tuvo acceso eldiario.es, que había una falta de “imparcialidad” del magistrado para abordar esa causa, vistas sus opiniones contrarias a la Ley de Memoria Histórica, de la que dijo, entre otras cosas, que era “una maldad de Zapatero y el socialnacionalismo”.
Ahora, el juez tramita su recusación y, a través de varias diligencias fechadas el 18 de marzo, suspende sus actuaciones y abre una pieza aparte en el caso para que se resuelva la petición de que se aparte del caso. También suspende un testimonio previsto para el 25 de marzo, aunque no especifica quién iba a declarar. Pese a que el juez no seguirá de momento con sus actuaciones, según los expertos consultados su decisión es “válida y vinculante”, de modo que no da vía libre al Gobierno para exhumar hasta que se resuelva la recusación, aunque da la oportunidad de que, si es recusado y coge el caso otro juez, pudiera desestimar el recurso. Ahora va a escuchar a las partes en el asunto de recusación y posteriormente elevará un informe sobre si ve motivo o no para apartarse, documento que enviará a la sala de los contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia, que decidirá. En el caso de que Yusty fuera apartado, asumiría el caso el juzgado contencioso número 4, que preside Carlos Gómez.
Fuentes del Gobierno apuntan a que, aunque sea vinculante lo decidido hasta ahora se trata de “medidas cautelarísimas, de modo que no se pueden prolongar indefinidamente”. También destacan que un tribunal contencioso “no es competente para anular un acuerdo del Consejo de Ministros, sino que es competencia del Tribunal Supremo”.
Yusty Bastarreche aceptó uno de los numerosos recursos impulsados por franquistas en distintos juzgados y que habían rechazado el resto de magistrados. Basándose en un informe de la Fundación Franco, dio validez al argumento de problemas de seguridad en la retirada de la lápida ya que “debajo de la basílica hay partes huecas, se supone que ejecutadas correctamente, pero el movimiento de la losa de piedra [...] puede desestabilizar el conjunto”, apuntando a un posible derrumbe que los técnicos del Ayuntamiento del Escorial no consideran posible.