La realidad política de las diez ciudades madrileñas que cumplen con los requisitos establecidos por el Ministerio de Sanidad para que, a partir de este viernes, se restrinja su movilidad desmiente la acusación lanzada tanto por el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, como por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegurando que con sus medidas el Gobierno busca “atacar al PP”. Ocho de los diez municipios en los que se aplican las restricciones están gobernados por el PSOE y solo dos por los populares.
La capital, Madrid, y Torrejón de Ardoz son las dos únicas ciudades cerradas este viernes que tienen alcaldes del PP, frente a Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles y Parla, donde los regidores son socialistas. En conjunto, las ciudades gobernadas por el PSOE suman una población de 1.389.000 habitantes –según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística–, frente a los 3.397.000 ciudadanos que viven entre Madrid, la ciudad más poblada del país, y Torrejón.
Pese a la abrumadora mayoría de municipios socialistas afectados por las restricciones, desde el miércoles la dirección del PP ha tratado de justificar su rechazo a las medidas planteadas por Sanidad al considerar que habían sido diseñadas por la Moncloa ad hoc para dañar a los populares.
La realidad es que las restricciones finalmente adoptadas habían sido acordadas previamente con el Gobierno de Ayuso, aunque en el último momento la administración madrileña dinamitó el pacto en el Consejo Interterritorial de Salud del miércoles que reunió al ministerio con los consejeros de Sanidad de todas las comunidades autónomas, y en el que las medidas fueron aprobadas por mayoría a pesar de que todas las autonomías del PP, excepto Castilla y León, votaron en contra arguyendo que carecían de criterios técnicos.
Una orden “política” dictada desde la Moncloa
Este viernes, la Comunidad de Madrid presentó ante la Audiencia Nacional un recurso contra las restricciones del Gobierno que, no obstante, la administración regional se vio obligada a aplicar a medianoche. Para Ayuso, se trata de unas “medidas pergeñadas” por el Gobierno que han acabado en una orden “impuesta” que no tiene en cuenta “la capacidad de elasticidad de la Sanidad madrileña”. “Esa orden ha sido estudiada de manera cuidadosa y política por parte del Gobierno y de sus jefes en la Moncloa”, aseguró la presidenta madrileña el jueves, durante el Pleno de la Asamblea de Madrid.
La dirección de Casado insiste en que ese rechazo generalizado de sus comunidades a las iniciativas planteadas por Sanidad –al que en el Consejo Interterritorial del miércoles se sumó Catalunya y que contrastó con el apoyo de todas las autonomías socialistas, Euskadi (donde gobiernan en coalición el PNV y el PSE) y Cantabria (PCR más PSOE)– no se debió a una directriz enviada por la cúpula popular.
Pero el propio líder del PP, que en los últimos días reclamó insistentemente al Ejecutivo que actuara en Madrid al considerar que son los “gobiernos nacionales” los que tienen la “competencia exclusiva” en la gestión de las pandemias, defiende que las restricciones son una suerte de vendetta política del Gobierno contra su partido. El jueves, Casado dijo que con sus medidas –que por el momento afectan en exclusiva a las mencionadas diez ciudades madrileñas porque son las únicas que cumplen con los criterios fijados por Sanidad–, el ministro Salvador Illa busca “atacar al PP para ser candidato en Catalunya” en las próximas elecciones autonómicas, que aún no tienen fecha pero que, previsiblemente, se celebrarán en el próximo invierno.
“Al BOE de Illa le falta decir que hay que confinar ciudades que empiezan por M y su presidenta se llama Isabel”, denunció por su parte el secretario general del PP, Teodoro García Egea, durante una entrevista en EsRadio el mismo jueves, tratando de asegurar que el Gobierno quiso atacar a Ayuso. A su juicio, “hay una clara maniobra del PSOE para poner la ideología por encima de la salud, la economía, el crecimiento y la prosperidad”. Durante su intervención, el 'número dos' de los populares obvió que ocho de las diez ciudades afectadas por las restricciones están gobernadas por el PSOE.
Criterios “diseñados para una comunidad autónoma”
Tampoco hizo mención a este aspecto el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que el mismo jueves consideró por su parte que el apoyo de todas las comunidades del PSOE a la orden de Sanidad respondió a “criterios políticos impartidos desde Ferraz”, mientras que los gobiernos regionales del PP, que votaron en contra salvo Castilla y León, actuaron sobre la base de “criterios técnicos” y en función de lo que “es mejor para sus ciudadanos”.
En la misma línea, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, justificó su rechazo a las medidas del Gobierno en que los criterios para restringir los movimientos eran“incompletos”, “poco trabajados”, “insuficientes”, “groseros”, “parciales”, “improvisados”, y “diseñados para una comunidad autónoma”, en alusión a Madrid. “Dar el visto y place a un criterio sanitario que queda consolidado para la gestión de una pandemia dando 24 horas escasas [a las comunidades] para pronunciarse es, desde el punto de vista sanitario, lo que no se puede hacer. Es más complejo el consentimiento informado para operar a un ciudadano de juanetes que para cerrar una ciudad. No parece que sea razonable”, ironizó.