Ocho meses de cárcel para dos trabajadores del Zoo de Madrid por robar 200.000 euros de una taquilla

El Tribunal Supremo ha dejado en ocho meses de cárcel la condena de dos antiguos empleados del Zoo de Madrid que robaron más de 200.000 euros de la recaudación de una de las taquillas de acceso en apenas mes y medio en 2014. Los dos consiguieron que la taquilla no registrase las ventas y así podían sacar el dinero y llevárselo. Los jueces reducen la condena de uno de ellos porque ambos confesaron y devolvieron casi la mitad del botín antes de que se abriese una investigación. También rechazan el recurso del Zoo, que pedía que devolvieran más de un millón de euros.

Los hechos, según la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, ocurrieron entre abril y mayo de 2014. Uno de los acusados era el jefe de operaciones y, por tanto, el “encargado del buen funcionamiento de las instalaciones y de las taquillas”. El otro era su subordinado. Entre los dos idearon un sistema para que la taquilla número 2 dejara de registrar datos sobre la gente que entraba en el Zoo y poder así quedarse ellos con todo el dinero de la recaudación de una taquilla por la que pasaban cientos de personas al día.

El sistema que describe la sentencia era bastante elaborado. Uno de ellos sustituía cada mañana el disco duro de la taquilla por uno clonado, de manera que los datos no quedaban correctamente reflejados en el disco duro original. A efectos de la empresa, esa taquilla número 2 no estaba abierta al público y no facturaba. También manipularon la impresora de la taquilla para que los códigos de barras de las entradas que se vendían salieran “desplazados” y no pudieran ser leídos por los dispositivos que usaban los controladores de acceso al recinto.

El final del proceso llegaba con los datáfonos. Los acusados no utilizaban el datáfono integrado, conectado directamente al sistema informático para el volcado automático de los datos de facturación, y usaban solo el inalámbrico. Al final del día los dos acusados canjeaban el dinero en metálico a través de otra taquilla que sólo aceptaba este tipo de pagos. Entre el 12 de abril y el 31 de mayo consiguieron un botín de 209.860 euros.

Los dos reconocieron los hechos ante un juzgado antes de que se iniciaran diligencias y devolvieron parte del dinero, lo que ha reducido notablemente sus condenas. Se dirigieron por escrito al juzgado de guardia en junio de 2014 y las primeras diligencias policiales no arrancaron hasta medio mes después. Además, a finales de ese mismo año, el jefe de operaciones consignó 103.225 euros en el juzgado, casi la mitad del dinero robado, dinero que fue devuelto a Zoo pocos días después. En todo momento la empresa esgrimió un informe pericial que aseguraba que el fraude había empezado al menos un año y medio antes y que la cantidad estafada superaba el millón de euros.

El Tribunal Supremo acaba de sentenciar el caso en firme. Los jueces han igualado las condenas de los dos acusados y han dejado ambas en ocho meses de prisión por delitos de estafa además de sendas multas y la obligación de devolver el resto del dinero a la empresa Zoos Ibéricos S.A, empresa del Grupo Parques Reunidos, concesionaria del Ayuntamiento de Madrid para el Zoo Aquarium de la capital. En total, según la sentencia, quedan más de 100.000 euros por devolver además de los intereses generados durante estos años.

La sentencia de primera instancia, ahora matizada, refleja cómo la compañía descubrió la estafa: a partir de una denuncia anónima remitida a través de un canal para empleados. Ese correo anónimo ya aseguraba que la taquilla fraudulenta llevaba funcionando desde antes de ese año 2014, algo de lo que los jueces no han encontrado pruebas sólidas. Otros empleados y encargados del Zoo y de la empresa que declararon como testigos en el juicio pusieron de manifiesto la existencia de un “posible sabotaje que podría venir sucediendo con anterioridad a 2013 y que no estaría solo focalizado en la venta de entradas de la taquilla 2, así como disfunciones en la impresión de entradas, también en las provenientes de otras taquillas distintas”.

“Un acuerdo de los dos”

La Audiencia Provincial de Madrid había impuesto ya en 2019 una condena de ocho meses de cárcel a uno de ellos y otra de 1 año y 2 meses de presidio al otro condenado, pero ahora el Tribunal Supremo iguala a la baja ambas condenas. El motivo, según la sentencia que ha tenido como ponente a Ángel Hurtado, es que ambos se habían beneficiado de un atenuante de confesión pero solo el jefe de operaciones se había beneficiado también del de reparación del daño porque él había ejecutado la devolución de casi la mitad del dinero sustraído.

El Tribunal Supremo entiende que debe aplicarse a ambos por igual ya que “no es descartable, a efectos de la consignación, que, aunque el ingreso lo realizase materialmente un acusado, fuese, sin embargo, cosa de un acuerdo de los dos”. Uno de los acusados explicó que había guardado esa parte del dinero en una caja de seguridad hasta su devolución, algo que según su defensa sucedió “inmediatamente porque reconocieron la culpa inmediatamente”. Ha sido esta circunstancia la que ha evitado condenas más altas y su entrada automática en prisión una vez declaradas firmes ya que la cantidad supera los 50.000 euros.

Los magistrados de la sala de lo penal del Supremo también cierran la puerta a la acusación ejercida por la empresa que gestiona el Zoo, que exigía que la estafa probada abarcase más tiempo y más dinero. Desde el principio del proceso la empresa esgrime un informe pericial de KPMG que asegura que el fraude de la taquilla número 2 empezó mucho antes de abril de 2014, al menos el 1 de enero de 2013, y que la estafa fue de 1.168.147,69 euros, cinco veces más de lo establecido por la sentencia firme.

Tanto las defensas como la acusación han cuestionado el uso que los tribunales han hecho de este informe. Los acusados, por un lado, han denunciado que el informe haya servido sólo parcialmente para condenarles, intentando extender la falta de validez del primer apartado a todas sus conclusiones. La acusación, por otro lado, ha denunciado también sin éxito que no haya servido para declararles culpables de un desfalco todavía mayor. El Supremo zanja que cada parte de la pericial fue hecha con datos distintos y que lo único que merece suficiente credibilidad es la relativa al mes y medio juzgado del año 2014.