Pocas veces en la política española se ven alianzas transversales. Uno de los asuntos que trasciende a los bloques es la financiación autonómica, cuyo sistema de reparto lleva siete años caducado y el Gobierno de Pedro Sánchez se dispone a modificar. Pero no será una batalla fácil. Noviembre lleva marcado en rojo desde hace meses: es la fecha en la que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió a tener una primera propuesta sobre la población ajustada, uno de los principales indicadores. Cuando se acerca el momento, el ambiente ha comenzado a caldearse: ocho presidentes de la España despoblada se reúnen este martes para intensificar sus reclamaciones.
De poco ha servido el llamamiento del Gobierno para que no haya “frentes” en el debate de la financiación autonómica ni la intención de la dirección del PSOE, especialmente del nuevo presidente del Consejo de Política Federal, Juan Espadas, de llegar al debate con una “posición común” del partido. A Ferraz y a la ministra de Hacienda les quedó claro que cada presidente defenderá los intereses de sus territorios cuando se abra formalmente el melón del sistema de financiación de los servicios públicos que prestan mayoritariamente las comunidades autónomas, según se lo trasladaron los del PSOE en una reunión hace dos semanas.
Y es en esa defensa de los territorios donde se han gestado dos frentes: por un lado las comunidades de la España despoblada (Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Asturias, Aragón y Cantabria), y, por otro, los que aglutinan grandes cantidades de población y que están maltratados por el actual sistema, como la Comunidad Valenciana y Andalucía, que tienen en Madrid y Catalunya sus aliados.
Los ocho presidentes de la España que se está vaciando se reúnen este martes con el fin de reactivar la presión para que el nuevo sistema de financiación autonómica tenga en cuenta aspectos como la dispersión, la orografía o el envejecimiento a la hora de repartir los recursos porque sostienen que esos elementos encarecen la prestación de los servicios públicos respecto a otros territorios. A la 'cumbre de Santiago' asistirán, además del anfitrión, Alberto Núñez Feijóo (PP), Javier Lambán (PSOE), Alfonso Fernández Mañueco (PP), Adrián Barbón (PSOE), Concha Andreu (PSOE), Miguel Ángel Revilla (PRC), Emiliano García-Page (PSOE) y Guillermo Fernández Vara (PSOE).
La reunión estaba prevista para el pasado 2 de noviembre, pero las palabras de Feijóo durante el debate del estado de la región provocaron la negativa de varios presidentes socialistas a asistir al encuentro al considerar que estaba haciendo una utilización política del mismo contra el Ejecutivo de Sánchez al vincular la convocatoria con el diálogo en Catalunya. “Tememos que el mal llamado diálogo con los independentistas haga imposible cualquier otro modelo de financiación que no satisfaga plenamente a los partidos independentistas”, afirmó el presidente en el Parlamento gallego.
La situación se recondujo y finalmente asistirán todos los presidentes involucrados en esa apuesta. La alianza viene de lejos y se hereda. En 2018, Aragón, Galicia, Castilla-La Mancha y La Rioja firmaron un manifiesto conjunto en el que apostaban, entre otras cosas, por que el nuevo sistema evaluara las “necesidades reales” de los territorios en la prestación de servicios. Aquel acuerdo lo suscribieron entonces Lambán y Feijóo, que repiten, pero en Asturias presidía Javier Fernández y en Castilla y León, Juan Vicente Herrera. En ocasiones posteriores se sumaron La Rioja y Castilla-La Mancha y ahora se incorporan Cantabria y Extremadura.
La intención de la 'cumbre de Santiago' es intensificar la presión a las puertas de que comience formalmente el debate multilateral. El presidente aragonés ha reconocido que se trata de llegar con “más fuerza” cuando se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que exigirán que se tenga en cuenta lo que cuesta prestar los servicios “persona a persona”. “Defendemos un modelo que garantice la misma calidad de servicio en cualquier sitio” porque “no cuesta lo mismo prestar asistencia sanitaria a una persona de 40 años que de 80”, explicó recientemente el asturiano Adrián Barbón, que encuentra la posición de Comunidad Valenciana o Andalucía “tremendamente insolidaria”. El extremeño Fernández Vara aseguró este lunes que la cumbre no se hace “contra nada ni contra nadie”.
Ximo Puig, que es principal impulsor del otro bloque, enmarca las reuniones en la normalidad y asegura que la financiación autonómica “no se debe abordar en ningún caso desde la confrontación entre territorios, pero hablar entre presidentes autonómicos y sociedades es muy positivo”. Sí ve frentismo contra la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso: “Hay zonas de España que tienen problemas de despoblación, soy consciente, pero también Madrid está infrafinanciada porque tenemos muchos más habitantes que hace 10 años y nadie les recoge”. “España no puede caminar como 17 países, por eso, lo que pido es tratarnos con más entendimiento y empatía, pero no despreciando a la región que es un motor económico de España, que está al servicio de España, que ha sido siempre abierta, generosa, que acoge a todo el mundo”, ha afirmado este lunes, informa Fátima Caballero.
Los bloques siguen rearmándose mientras se acerca el momento en el que Montero tenga que poner sobre la mesa su propuesta y en Moncloa se preparan para una nueva batalla con las autonomías que dan por hecho que no será fácil. Fuentes gubernamentales dan por hecho, además, que el asunto saldrá a relucir en la próxima conferencia de presidentes –inicialmente prevista para diciembre, pero que de momento se pospondrá a enero por la situación del volcán de La Palma, que es donde se producirá–. El Ministerio de Política Territorial mantendrá este viernes con las comunidades la reunión preparatoria de esa cita.