El PP retoma la ofensiva contra el Gobierno: no al decreto de ahorro energético y marcaje a 7 ministros

Feijóo no da ni un día de tregua. El curso parlamentario que arranca este miércoles en el Congreso volverá a evidenciar que la estrategia política de la oposición no pasa por otra cosa que no sea el choque frontal con el Gobierno en cualquier ámbito. El PP, que ya confirmó su voto en contra del decreto de ahorro energético que se convalidará el jueves, no esquivará ningún cuerpo a cuerpo y solicitará la comparecencia de hasta siete ministros para pedir explicaciones por la ola de incendios, los datos de empleo, el CNI o la sequía, e incluso el incidente del tren en Bejís, donde resultaron heridos varios viajeros que saltaron por la ventana alertados por la cercanía de las llamas. 

Justo antes de las vacaciones, los populares optaron por abstenerse en la aprobación de otro decreto del Gobierno que prorrogaba el paquete original de medidas anticrisis (al que el PP también se había opuesto en su día) y que incluía novedades como ayudas directas de 200 euros a familias vulnerables o las rebajas del 50% en el abono transporte. Una postura que dejaba la puerta entreabierta a que esta vez los de Feijóo tampoco intentaran tumbar un Plan de Contingencia que avala Bruselas y que va en consonancia con el conjunto de medidas adoptadas por la mayoría de socios europeos. 

Pero esta misma semana despejaron cualquier duda. “De entrada, nuestra postura es 'no' porque creemos que es una improvisación y que no se ha dialogado”, adelantó el lunes el coordinador general del PP, Elías Bendodo, dando un portazo a esa posibilidad. Bendodo advirtió al Ejecutivo de que si quería contar con el apoyo de su grupo debía antes eliminar unas medidas que calificó como frívolas: “Que nos quitemos la corbata, que bajemos el aire, que subamos la calefacción, que apaguemos los escaparates… Esto no es serio”, opinó, pese a que algunas de las medidas incluidas en el decreto las había reclamado el líder del partido semanas atrás.

El 'no' del PP ha sido recibido en la Moncloa como la confirmación de que el nuevo liderazgo de Alberto Núñez Feijóo al frente del principal partido de la oposición no ha traído, en realidad, ningún cambio respecto a Pablo Casado a la hora de buscar entendimientos. “Si Feijóo vota que no, nos tendrá que explicar de parte de quién está, por qué no apoya a los trabajadores, por qué no está de acuerdo con su colega, la presidenta de la Comisión Europea”, dijo la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

Rodríguez recordó que el plan de ahorro “no es una ocurrencia del Gobierno, es un acuerdo de la UE porque Putin quiere cerrar el gas a Europa y Europa se tiene que defender de esa amenaza”, insistió. Y por eso le pidió a Feijóo que se sitúe “del lado de las decisiones del resto de países de la UE” o, de lo contrario, explique a la ciudadanía las consecuencias de su voto. “Emplazo al señor Feijóo a que vaya ahora mismo a la estación de Atocha Cercanías, a Sants o a Valencia y hable con ese trabajador y le diga que si de él dependiera no tendría la gratuidad del transporte público. Que si por Feijóo fuera, ni beca ni abono gratuito”, denunció.

El Gobierno cree injustificadas, además, las críticas sobre la falta de diálogo con las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios, un argumentario que repiten los populares para defender su voto en contra. Este mismo martes, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, insistía en esa idea: “Si el Gobierno tiene un compromiso adquirido con Bruselas, el siguiente paso sería hablar con las comunidades, con el sector privado”. Algo que, en realidad, el Gobierno sí hizo. 

Durante el verano, el departamento de Teresa Ribera ha mantenido hasta siete reuniones de trabajo con empresas energéticas, asociaciones de consumidores, comunidades autónomas y también con otros grupos políticos, incluido el PP. La primera cita tuvo lugar el 12 de julio, dos semanas antes de la aprobación del decreto. Aquel día los equipos del ministerio se reunieron con los representantes de la industria energética para trasladarles el detalle del Plan de Contingencia, algo que hicieron también el 14 y 15 de julio con empresas petroleras, agentes sociales y organizaciones de consumidores. Ya a nivel político, los días 19 y 27 de julio se celebraron reuniones con los portavoces parlamentarios de los diferentes grupos y tanto el 28 de julio como el 8 de agosto se convocó la Conferencia Sectorial de Energía y de Comercio para debatir el contenido del plan con los representantes de todos los gobiernos autonómicos. 

Según el Gobierno, en ninguna de esas reuniones se plantearon alternativas a unas medidas que ahora el PP de Feijóo desprecia. Fuentes del ministerio de Transición Ecológica presentes en las conferencias sectoriales recuerdan que solo la Comunidad de Madrid se mostró abiertamente crítica con el texto del decreto, pero que la tónica general del resto de representantes fue la voluntad de colaboración, incluidas las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

“No propusieron ningún plan alternativo, ni las comunidades ni el propio grupo parlamentario del PP. Lo único que han hecho es pedir que retiremos el decreto y que volvamos a la nuclear”, indican esas fuentes. “Si su propuesta es volver a las nucleares no es que estén en el siglo pasado, es que están mucho más allá”, criticó Isabel Rodríguez. 

Ofensiva judicial y parlamentaria

Mientras, la ofensiva del PP a la acción del Gobierno se intensifica en el ámbito parlamentario y la dirección del PP contempla extenderlo a los tribunales. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sigue adelante con su amenaza de impugnar judicialmente el decreto de ahorro energético. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, aseguró esta semana que los trabajos de la Abogacía General madrileña siguen su curso y que el recurso podría estar listo “en las próximas semanas”. Una actuación que el equipo de Feijóo también valida. “Hemos dado libertad desde el PP para que, si consideran que se invaden sus competencias, como alguna comunidad autónoma así lo ve, tengan la libertad absoluta para poder recurrir”, anunció Juan Bravo este martes durante una entrevista en TVE. 

En la Diputación Permanente del Congreso convocada para este miércoles por la tarde, los populares defenderán, además, la comparecencia extraordinaria de hasta siete ministros del Ejecutivo de Sánchez. A la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, le exigen que explique “qué medidas de urgencia está aportando el Gobierno para evitar la cronificación de la inflación y la ineficacia de las medidas adoptadas hasta el momento”. 

También a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, le solicitan su comparecencia para explicar “las causas de la mayor destrucción de empleo en un mes de julio de los últimos 20 años y el peor dato de paro en más de una década”, mientras que a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, le piden hasta tres intervenciones: para dar cuenta de los incendios forestales, de la sequía y de “las razones de ausencia de diálogo con Comunidades Autónomas y Entidades Locales” para la aprobación del plan de medidas energéticas. Además de las tres vicepresidentas, los de Feijóo solicitan la comparecencia de las ministras de Defensa y Transporte y de los titulares de Presidencia y Consumo.