El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha tenido que abonar 39,1 millones más tras la demora en el pago por el litigio del tren a Navalcarnero y alega que la causa de corrupción por la que Ignacio González se sentará en el banquillo ha influido en el retraso. La Constructora OHLA, la antigua OHL fundada por Juan Miguel Villar Mir, ha comunicado este 28 de diciembre que la Comunidad de Madrid le ha abonado más de 162 millones de euros por un proyecto que nunca acabó, el tren a Navalcarnero, según consta en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
El despropósito alrededor de este proyecto de infraestructuras de Esperanza Aguirre no ha acabado con ese desembolso millonario de dinero público; aún resta que la Audiencia Nacional juzgue a Ignacio González, número dos de aquel Ejecutivo y luego presidente del Gobierno madrileño, por haber cobrado presuntamente una comisión a cambio de adjudicar el proyecto a la empresa fundada por Juan Miguel Villar Mir, empresario donante de la caja B del PP, según los papeles de Bárcenas.
En la comunicación de la CNMV se especifica que de esos 162.389.692,28 euros a cargo del bolsillo de los madrileños, un total de 39,1 millones corresponden a intereses de demora del pago que debía efectuar la Comunidad de Madrid por la “liquidación del contrato” de la obra pública correspondiente a la “Nueva Línea de Transporte Ferroviario entre Móstoles Central y Navalcarnero”.
Las obras nunca acabaron y ahora el Gobierno de la Comunidad de Madrid pretende que sea el Ministerio de Fomento y el Gobierno central quienes terminen de financiar la infraestructura, según adelantó El País. El actual Ejecutivo autonómico argumenta que si en su momento fue el Gobierno de Esperanza Aguirre el que acometió en 2005 el fracasado plan del tren a Navalcarnero fue porque el gabinete que presidía José Luis Rodríguez Zapatero se negó.
“Se tenía que dar una infraestructura de transporte público a los vecinos de los municipios afectados”, alega un portavoz de la Consejería de Transportes. En el momento de aprobación del plan para el tren a Navalcarnero la consejera de Transportes madrileña era María Dolores de Cospedal. elDiario.es ha preguntado también al Ministerio de Fomento por su postura sobre el futuro de las obras pero al cierre de esta edición no había obtenido contestación.
¿Y los más de 39 millones por las demoras en el pago? El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso justifica ese recargo que saldrá de las arcas regionales porque ha tenido que esperar “un estudio de informe técnico” y otro de naturaleza jurídica, éste último por estar afectada la obra por la pieza del caso Lezo que investiga las tramas de corrupción de Gobiernos regionales anteriores de su propio partido.
La del tren a Navalcarnero es solo una de las piezas del caso Lezo y está aún pendiente de sentencia. En junio, el juez Manuel García-Castellón abrió juicio oral contra Ignacio González y el exresponsable del grupo de construcción Francisco Javier López Madrid, yerno de Villar Mir. La Fiscalía pide para González cuatro años de cárcel por un delito de tráfico de influencias en concurso con otro de cohecho. Anticorrupción eleva a seis años la pena de cárcel que solicita para López Madrid.
A petición de la Fiscalía, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dejó fuera del caso al fundador del grupo, el exministro Juan Miguel Villar Mir y circunscribe la responsabilidad del caso de corrupción a su yerno, López Madrid. En total se sentarán seis personas en el banquillo de los acusado, entre ellas Adrián de la Joya, histórico colaborador del comisario Villarejo y quien recibió los 2,5 millones de euros en comisiones procedentes de una cuenta de OHL en México.
El dinero de las comisiones no ha aparecido y todos los acusados niegan su participación en los hechos. De la Joya asegura que ese dinero que fue a parar a una de sus cuentas en Suiza corresponde a un dinero que le adeudaba OHL por un proyecto en África. Ignacio González pide la nulidad de las actuaciones porque toda la investigación internacional habría partido de un chivatazo con datos manipulados del comisario Villarejo, cumpliendo, según su defensa, órdenes de los “rivales políticos” del expresidente de la Comunidad.
El tren a Navalcarnero es hoy un conjunto de 14 kilómetros de obras abandonadas desde 2010. La adjudicación se había producido tres años antes en aquella era en que Aguirre presentaba obras faraónicas una tras otra. Las máquinas comenzaron a hacer su trabajo pero el proyecto se detuvo porque la concesionaria quebró, lo que dio pie a a los litigios que la empresa mantiene con la Administración. OHL defiende una reclamación judicial de 370 millones de euros a la Administración, una cifra que según el Ejecutivo autonómico no corresponde a las “valoraciones técnicas” realizadas, que lo rebajan a los 122 millones abonados, más el recargo por la demora en el pago. Las acciones de OHLA se impulsaron este martes más de un 3% tras la comunicación de la CNMV del pago de los 162,5 millones de euros por la Comunidad de Madrid, informa Europa Press.