Cinco relatores de derechos humanos de Naciones Unidas han criticado este lunes varias reformas legislativas en España que, a su entender, pueden cercenar derechos fundamentales de los ciudadanos, y exhortaron a su retirada.
Los expertos independientes que firman el comunicado son Maina Kiai, relator sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación; y David Kaye, relator sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
También lo firman Ben Emmerson, relator sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; François Crépeau, relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes; y Michel Forst, relator especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos.
El llamamiento de los expertos se produce, dice el comunicado, “tras la aprobación en el Congreso por vía urgente de un proyecto de ley de reforma del Código Penal sobre delitos de terrorismo”.
“Confiamos en que España adopte todas las medidas necesarias para garantizar, en la legislación nacional, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de conformidad con los estándares internacionales”, señalaron los expertos.
Los relatores se refieren también a otros dos proyectos de enmiendas adicionales que se tramitan en el Senado: uno en el código penal relativo a los delitos de desórdenes públicos y la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.
“Los derechos a manifestarse pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática”, dice el comunicado.
“Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España”, afirma.
Los expertos independientes consideran que “el texto del proyecto de ley incluye definiciones amplias o ambiguas que abren el campo a una aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de las autoridades”.
“Se busca dar una base legal a este nuevo tipo de 'circunstancias agravantes' para aumentar la pena automáticamente en casos de manifestaciones. Esto es contrario al derecho internacional ya que podría tener un efecto disuasorio sobre el ejercicio de la libertad de manifestación pacífica”, recalcó el relator sobre los derechos de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai.
Los relatores recuerdan que el proyecto de reforma también propone castigar con prisión o multa a quienes difundan públicamente mensajes o consignas que inciten a la comisión de delitos de alteración del orden público o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo.
El relator sobre el derecho a la libertad de expresión, David Kaye, señaló que “la redacción de la ley conlleva serios problemas y, tal como están definidos los delitos, podría criminalizar a quienes convoquen a manifestaciones pacíficas”.
Los expertos de la ONU señalaron que la definición de los delitos de terrorismo y las disposiciones relativas a la criminalización de los actos de “incitación y enaltecimiento” o “justificación” del terrorismo“ incluidas en el proyecto de ley de Reforma del Código Penal en materia de delitos de terrorismo ”son excesivamente amplias e imprecisas“.
“Tal como está redactada, la ley anti-terrorista podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podría resultar entre otros en restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión”, recalcó Kaye.
Con respecto a la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, Kiai dijo que “la llamada 'ley mordaza' vulnera la propia esencia del derecho de manifestación pacífica pues penaliza una amplia gama de actos y conductas esenciales para el ejercicio de este derecho fundamental, limitando marcadamente el ejercicio del mismo”.
“Dicho proyecto de ley restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas como es el ejercicio colectivo del derecho a la libertad de opinión y expresión en España”, añadió Kaye.
Por otro lado, las disposiciones relativas al régimen especial de Ceuta y Melilla “podrían permitir devoluciones en caliente a su país de origen de personas en peligro de ser sometidas a tortura y otras formas de malos tratos, en contradicción con las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos”, señalaron los expertos.