Ha sido la primera vez que Esther Arizmedi acude al Congreso de los Diputados desde que hace diez meses fue designada presidenta del Consejo de la Transparencia. Un mes después de comprometerse a rendir cuentas tras el veto del PP a su intervención en la Comisión de Presupuestos, Arizmendi se ha llevado una reprimenda de los partidos de la oposición, que le han acusado de “falta de independencia”. La encargada de velar por el buen gobierno de las administraciones públicas ha asegurado que la “dependencia orgánica” del Gobierno no supone que cumpla órdenes de “ningún jefe”.
Tras el intento de los de Mariano Rajoy de impedir que diera explicaciones de cómo iba a gastar los cerca de tres millones de euros que Cristóbal Montoro ha concedido a la institución que preside, Arizmendi se comprometió en los medios de comunicación a hacerlo a petición propia. La solicitud llegó a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes el 9 de septiembre, pero se quedó en un cajón hasta que terminó la tramitación de los presupuestos de 2016 en la Cámara Baja.
Los grupos de la oposición han reprochado a Arizmendi que dependa jerárquicamente del Gobierno. La más contundente ha sido la portavoz del PSOE, Susana Sumelzo, que ha acusado a la alto cargo de una “sintonía total” con el Ejecutivo o “al menos una tibieza que no se corresponde con un organismo independiente”. La diputada socialista ha calificado, además, de “lamentable” la actuación de Arizmendi tras la reunión secreta que mantuvieron el “imputado Rato” y Jorge Fernández Díaz en las dependencias del Ministerio del Interior este verano. “Ha dicho que su labor no es criticar al Gobierno -ha expresado Sumelzo-. ¿Cómo que no? Claro que lo es”, ha agregado la dirgente aragonesa, que sostiene que debe criticar la “opacidad y el favoritismo”.
También le ha recriminado que usara los “mismos argumentos” que el PP para justificar el veto a su comparecencia. Los conservadores adujeron que los responsables de los organismos con poco presupuesto no pasan por el Congreso durante la tramitación de las cuentas anuales. “Es muy inusual que comparezcan los organismos pequeños porque se haría un debate interminable”, expresó en una entrevista en eldiario.es la presidenta del organismo.
La Izquierda Plural, UPyD y PNV también han expresado dudas sobre la independencia de la institución, creada hace apenas un año. “La ley de transparencia no puede ser un cambalache porque generó unas expectativas y estamos en un umbral donde los ciudadanos no saben si estamos ante un apéndice administrativo o en algo independiente”, ha expresad Emilio Olabarría.
Otra de las preocupaciones de la oposición es el bajo número de solicitudes e informes que ha resuelto el Consejo de la Transparencia en sus meses de vida: 280 reclamaciones recibidas, 203 informaciones al ciudadano y 67 consultas sobre la aplicación de la ley, que entró en vigor el 10 de diciembre de 2014. El PSOE ha asegurado que los tres millones presupuestados es un “gasto desproporcionado” para la labor que ha desempeñado en este tiempo: “Un escaso bagaje para tal dispendio”, ha definido Sumelzo. La presidenta ha defendido su gestión y ha recordado que “lo más duro” ha sido poner en marcha el consejo “desde cero”.
El residual conocimiento ciudadano del Consejo de la Transparencia también ha sido objeto de crítica. La institución tan solo tiene 67 seguidores en Facebook, por ejemplo. Varios diputados han reprochado que en sus cuentas personales tienen más “con cosas menos importantes que decir”. El único que ha restado importancia ha sido el portavoz del PP, que ha asegurado que él no tiene esa herramienta y que, por tanto, le “da igual” la incidencia en redes sociales.
Durante las cerca de tres horas que ha durado el debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, la oposición también ha destacado las 'lagunas' que se han puesto de manifiesto en lo que va de año desde que la ley de transparencia entró en vigor. El PSOE ha explicado que pueden pasar “meses e incluso años” desde que un ciudadano registra una solicitud de información en el Portal de la Transparencia puesto que la norma fija un mes el plazo de respuesta pero desde que la recibe el ministerio correspondiente y no desde que se hace la petición. “Puede demroarse meses e incluso años la tramitación de la información”, ha resumido Sumelzo para quien el sistema puede volverse “inoperativo”.
“Hay muchas deficiencias en el reglamento”, ha agregado el portavoz del PNV, que ha puesto como ejemplo la “no exigencia de la periodicidad con la que debe publicarse la información”. El Portal de Transparencia dejó meses sin actualizar la información sobre las puertas giratorias. Arizmendi ha defendido que los miembros del consejo no son el portal sino “sus guardianes” y ha recordado que no se encarga de aprobar el reglamento que debe desarrollar la ley de transparencia. “Las manifestaciones que han dado no las puedo asumir”, ha respondido tras explicar cuáles han sido las mejoras en transparencia que ha propuesto para incorporar al reglamento.