La oposición ha vuelto a oponerse a la proposición de ley del Poder Judicial del Partido Popular que limita la aplicación de la justicia universal en España, un principio vigente desde hace casi treinta años al que la mayoría absoluta del partido de Mariano Rajoy ha puesto fin por el trámite de urgencia en poco menos de un mes y medio.
Con el cambio legislativo que el miércoles se ha aprobado definitivamente en el Senado, los tribunales españoles no podrán perseguir delitos contra la humanidad como lo habían hecho hasta ahora, sino que se establecen limitaciones: solo podrán hacerlo si entre las víctimas hay españoles, si son ellas o la Fiscalía quienes denuncien los hechos y si los perpetradores de los crímenes tienen nacionalidad o residencia en España. Además, es una reforma con carácter retroactivo que plantea el archivo de las doce causas que actualmente se instruyen en la Audiencia Nacional conforme a la justicia universal (como la investigación de la muerte en Bagdad del cámara de Telecinco José Couso por un ataque norteamericano o los genocidios en el Tíbet, El Salvador o Ruanda).
Todos los grupos parlamentarios han repetido los mismos argumentos que esgrimieron durante la tramitación en el Congreso, a lo que han sumado el reproche por las “ausencias” en el pleno: apenas una veintena de senadores han asistido al debate, que se ha celebrado entre las 14.30 y las 17 horas. Incluso la portavoz del PP, Silvia Franco, ha pedido al presidente de la Cámara Alta, Pío García-Escudero, cuando ha vuelto de comer, que paralice las sesiones a la hora del almuerzo. El senador socialista Arcadio Díaz ha insinuado que al PP le “interesa esta fórmula” porque “alguien quiere hurtar el debate”.
El rechazo gira en torno al procedimiento parlamentario elegido para la reforma y por el fondo de la misma. En cuanto al primero, han acusado al Gobierno de tramitar esta proposición de ley a través del grupo popular para evitar posibes informes desfavorables del Consejo de Estado y del Poder Judicial. “El Gobierno sabía que muchos de esos informes le iban a sacar los colores. Por eso utilizó este procedimiento”, ha señalado la senadora de ERC Ester Capella. La portavoz del PP ha defendido que esta iniciativa legislativa es “perfectamente legal” al igual que el trámite de urgencia.
Ceder ante China
Los grupos de la oposición han defendido, además, que la propuesta de reforma responde a presiones del Gobierno chino para evitar el procesamiento en España de exdirigentes por el genocidio en el Tíbet. La Audiencia Nacional lleva a cabo desde poco antes de que el PP iniciara el trámite parlamentario una investigación de esos hechos y tiene órdenes de detención de varios exgobernantes chinos, entre ellos el expresidente Jiang Zemin.
En cuanto al contenido de la reforma, todos los portavoces han insistido en que supone una marcha atrás en la “conquista” de la defensa de los derechos humanos y han cargado contra la “impunidad” que habrá a partir de ahora en España con los culpables de delitos contra la humanidad. El senador catalán Joan Saura ha recriminado que se menoscaben los derechos humanos por temas económicos y ha asegurado que hoy los genocidas y corruptos estarán “alegres” frente a la tristeza de “la gente de buena fe”.
“El Estado va a pasar de ser modelo a estar en la cola”, ha asegurado el senador de Amaiur Alberto Unamunzaga, que ha destacado que el PP promueve “espacios de impunidad para la defensa de los derechos humanos”. “Es una reforma inconstitucional y atenta contra el derecho internacional”, ha afirmado.
La senadora popular Silvia Franco ha señalado que el objetivo de la reforma “no es liquidar la justicia universal, sino articular la amplitud del principio de justicia universal de acuerdo a lo que establece el derecho internacional publico”. Así, ha defendido que no se limita la justicia universal sino que se amplían los delitos que se van a perseguir, a pesar de que en la práctica los supuestos que permitirían a los jueces abrir investigaciones son prácticamente nulos.
Finalmente, los siete vetos que había planteado la oposición han sido rechazados (152 votos en contra, 78 síes y 14 abstenciones, de CiU) y tampoco se han aprobado la veintena de enmiendas a la proposición de ley que modifica el artículo 23 del reglamento. Por tanto, la reforma del PP ha seguido adelante tal cual llegó al Senado desde la Cámara Baja y tras la sanción del rey aparecerá definitivamente en el Boletín Oficial del Estado.