La organización Magistrados Europeos para la Libertad y la Democracia (Medel) que engloba a más de 15.000 magistrados del continente, ha hecho público un comunicado en el que expresan “su preocupación por la situación de la justicia en España” y, en concreto, por la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuyo mandato caducó en 2018 y que lleva sin renovarse desde entonces por el bloqueo del Partido Popular.
“El órgano de gobierno de los jueces españoles, el Consejo General del Poder Judicial, lleva más de cinco años sin ser renovado, lo que supone un inaceptable incumplimiento mantenido en el tiempo de los postulados constitucionales que exigen su renovación cada cinco años”, apunta Medel, que “insta a las autoridades españolas competentes a poner fin a esta anomalía democrática, que está provocando importantes disfunciones en el servicio público que presta el Poder Judicial”.
La organización asegura también seguir “con preocupación los recientes acontecimientos relacionados con un comunicado de prensa de la Fiscalía General del Estado”, en alusión al procedimiento abierto por el comunicado de prensa enviado por el Ministerio Público en el que se desmentía una información falsa vinculada a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Con todo, Medel muestra su respeto al procedimiento judicial en curso “para verificar, de forma independiente e imparcial, si se han cometido actos ilegales de cualquier tipo”.
La Fiscalía tiene que poder “ejercer de forma autónoma”
No obstante, Medel reitera que “deben garantizarse las condiciones que permitan a la Fiscalía General del Estado, órgano de relevancia constitucional integrado en el Poder Judicial, ejercer sus funciones de forma autónoma e independiente”. “Una correcta información representa un deber para con los ciudadanos y una garantía de transparencia, que es a su vez un componente crucial del Estado de Derecho y una precondición para asegurar la confianza pública en el correcto funcionamiento del sistema judicial”.
“El respeto al Poder Judicial en su conjunto y a las instituciones que lo componen es esencial para el normal funcionamiento del Estado de Derecho”, zanja, la organización.