Seis años después de la fundación de Podemos, Pablo Iglesias aspira a un tercer mandato al frente del partido. La tarjeta de presentación que Iglesias plantea a las bases para su reelección es la de haber conseguido algunos de sus “principales objetivos” y a “una velocidad asombrosa”. El más destacado: el Gobierno de coalición con el PSOE en el que Iglesias ocupa la Vicepresidencia segunda. Esta circunstancia sirve al líder del partido para pedir el apoyo a los inscritos para cambiar algunos de los elementos fundacionales de la formación política que puso del revés en 2014 la política de partidos en España. Lo obtendrá, ya que no se ha registrado ninguna candidatura con capacidad de hacerle sombra en las votaciones de la III Asamblea Ciudadana de Podemos, que se llevarán a cabo entre el 14 y el 20 de este mismo mes de marzo.
Los elementos más novedosos en la propuesta de Iglesias pasan por modificar dos de las limitaciones que Podemos se autoimpuso en su fundación para profundizar en el antagonismo entre la gente común y “la casta” que ocupaba, según el discurso oficial del partido, de forma ilegítima, buena parte de las instituciones democráticas y que les sirvieron para hacer palanca y lanzar el proyecto político: la limitación de mandatos y la salarial.
El documento Ético que presenta Iglesias para ser ratificado por los inscritos plantea por primera vez la posibilidad de que alguien pueda mantenerse más allá de 12 años en un cargo de Podemos. Desde 2014, la tesis ganadora fue la de un máximo de ocho años prorrogables a 12 en casos excepcionales. El documento Ético del equipo Un Podemos contigo que lidera Iglesias establece ahora que “más allá de dicho plazo, la prórroga estará supeditada a consulta a las personas inscritas”, lo que abre la puerta a que las bases del partido permitan en referéndum que un dirigente esté más allá de esos 12 años en un cargo interno o público.
Los principales cargos internos de Podemos no han cumplido todavía la mitad de ese mandato de 12 años. Lo harán en noviembre de este año, por lo que la opción de una prórroga avalada por los inscritos no se producirá, como mínimo, hasta 2026.
Nuevos límites salariales: adiós al SMI como referencia
El otro gran cambio se produce en el límite salarial autoimpuesto para los cargos públicos de Podemos. El partido planteó desde 2014 un máximo de tres SMI. Una cantidad que podía aumentar en función de cuestiones personales como las personas a cargo, situaciones de dependencia, etcétera.
En aquel año, el SMI rozaba los 650 euros. Hoy, es de 950 y el Gobierno de coalición se ha comprometido a subirlo a 1.200 euros al final de la legislatura. La propuesta de Iglesias alega que el SMI ha dejado de ser un referente válido y el partido modificará el sistema para garantizar que todos los cargos donen al menos una parte de sus ingresos públicos para el sostenimiento de la organización.
¿Cuál será el nuevo sistema? Los documentos de Iglesias no lo detallan. “A partir de ahora, las donaciones serán realizadas mediante porcentajes del salario percibido en función de las responsabilidades asumidas”, señala la propuesta Ética. El documento Organizativo tampoco lo aclara y fuentes del partido apuntan que “todos los cargos públicos seguirán donando mensualmente un porcentaje de su salario” que irá de “un mínimo de un 5%” hasta “un máximo del 30%”.
Las limitaciones salariales también afectan a cargos en la Administración o empresas públicas, con la renuncia expresa a cualquier remuneración por la representación en otros organismos que pudiera llevar aparejada, como consejos de administración; también se renuncia a los fondos de pensiones ajenos a los que se ofertan para los empleados públicos, así como a las cesantías que algunos cargos reciben al abandonar el cargo.
Desde el partido aseguran que el cambio “garantiza” que haya donaciones para el partido de todos los cargos ya que, con un SMI a 950 euros y con proyección de subir, muchos sueldos quedarían por debajo del límite establecido.
Cuota obligatoria para los militantes
Podemos, según el documento Ético, seguirá renunciando a cualquier financiación bancaria. Este principio lastra las vías de ingresos del partido. Para suplirlo, Iglesias plantea que los militantes deban pagar una cuota obligatoria, como ocurre en los demás partidos, aunque será el futuro Consejo Ciudadano, la dirección que saldrá de la Asamblea, la que establezca los detalles.
En la primera etapa de Podemos, el surgido de 2014, se apostó por una militancia “líquida”, que permitiera participar en los procesos asamblearios a cualquier persona mayor de 14 años. También los círculos se establecían como “estructuras líquidas” para permitir la integración del partido con la sociedad civil, una de las pegas que los fundadores achacaban a los partidos tradicionales.
Ya en Vistalegre 2, en febrero de 2017, se instauró la figura del “militante”, una aproximación al clásico “afiliado” de otras organizaciones. Entonces, Iglesias se planteó un reto del que ha quedado muy lejos: 1 millón de inscritos y 100.000 militantes para 2020.
La idea planteada entonces pasaba por establecer dos niveles de participación en Podemos. Uno esporádico, el del inscrito; otro, cotidiano y activista, el del militante.
El documento Organizativo del equipo de Pablo Iglesias ahonda en esta estrategia y da un paso más hacia una estructura de partido más clásico, en la que los círculos sectoriales desaparecen y en la que los territoriales se asemejarán a las agrupaciones de los partidos.
El cambio más profundo se producirá a nivel local, el que más se ha escapado al control de la dirección desde la fundación del partido. Algo que, según los documentos de Iglesias, ha tenido una incidencia muy negativa en la implantación territorial de Podemos, el gran debe en el mandato que ahora caduca.
Si la propuesta de Iglesias se impone, algo que nadie duda, serán los militantes los únicos con capacidad de participar en las primarias para elegir los cargos orgánicos a nivel municipal. Para el resto de consultas, primarias a cargos públicos de todos los niveles y orgánicas a nivel autonómico y estatal, el censo será el de los inscritos, que supera los 524.000 registros.