La representación legal de Pablo Iglesias ha solicitado al juez del caso Dina, Manuel García-Castellón, que decrete la expulsión de la causa de Vox después de que éste haya presentado un escrito de acusación en el que solicita 13 años de cárcel para el líder de Podemos pese a que la única condición que éste mantiene es la de perjudicado. El abogado de Podemos califica el escrito del partido de ultraderecha de “fraude procesal”.
García-Castellón aceptó en septiembre la personación de Vox pese a que en el mismo auto rechazaba la querella del partido por ir dirigida contra Iglesias y otros no investigados en la causa. El pasado 7 de octubre, García-Castellón dictó el auto de fin de la instrucción y propuso juzgar al comisario José Manuel Villarejo y a dos periodistas de la desaparecida Interviú por revelación de secretos en el caso Dina. Al tiempo, elevó exposición razonada al Tribunal Supremo solicitando la imputación de Iglesias, dada su condición de aforado, así como de Dina Bousselham y otras tres personas. García-Castellón adoptó esa decisión pese a que la Sala de lo Penal le había obligado a devolver a Iglesias la condición de perjudicado.
El auto de pase a procedimiento abreviado dictado por el juez puede ser recurrido por las partes, que también pueden presentar escrito de acusación. Esto es lo que ha hecho Vox, solo que el partido ha obviado a los tres imputados y se ha dirigido exclusivamente contra dos personas a las que no puede acusar. Los ultras acusan a Iglesias de denuncia falsa, estafa procesal, revelación de secretos y daños informáticos. Para Bousselham solicitan ocho años de cárcel por los mismos delitos, excepto por daños informáticos, que sustituyen por el de falso testimonio.
Según el escrito del abogado de Iglesias, Vox es “plenamente consciente de su actuación contraria a derecho, carente de base jurídica alguna y destinada únicamente a la utilización política de haber realizado unas supuestas acusaciones que no son tales y que carecen de cualquier valor salvo para la utilización partidista contraria al procedimiento”. Se trata, añade el letrado, de “un claro fraude procesal, una actuación que vulnera los derechos de las partes y debe conllevar la expulsión de dicha acusación popular”.
La representación de Iglesias recuerda al juez que ya le advirtió en su escrito contrario a la personación de Vox que el partido había manifestado “textualmente que no venía a ejercer acusación alguna frente a los investigados, ni por los hechos objeto de la pieza, sino a personas no investigadas y por hechos ajenos a la misma”. Pese a ello, García-Castellón les admitió como acusación popular.
En su escrito, Vox pide la práctica de una serie de diligencias, entre ellas la declaración del abogado expulsado de Podemos José Manuel Calvente. Del conjunto de diligencias que solicitaban se desprenderá su posicionamiento sobre la tipificación de los hechos atribuidos a Villarejo y los dos periodistas.
Fuentes jurídicas aseguran que Vox, además de ser expulsado de la causa, se arriesga a ser condenado al pago de las costas y a una multa por actuar con mala fe procesal.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tiene pendiente decidir sobre la exposición razonada elevada contra Iglesias por el juez García-Castellón previo informe de la Fiscalía del alto tribunal. Ésta ya cuenta con una nota interna de Anticorrupción en la que la fiscalía especializada informa del desarrollo de la causa y reitera su posicionamiento contrario a la imputación del vicepresidente segundo por ausencia de indicios contra él.