El acuerdo firmado entre el PSOE y PP el pasado junio para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tenía una cláusula que hasta ahora era secreta. Ambos partidos acordaron que, por primera vez en la historia, ellos no pondrían el nombre de la persona que iba dirigir la institución. Pero sí pactaron que los veinte vocales —diez progresistas y diez conservadores— debían ponerse de acuerdo sobre la base de tres condiciones: que fuera mujer, progresista y magistrada del Tribunal Supremo.
Isabel Perelló (Sabadell, 1958) cumple con todos esos requisitos. Elegida con 16 votos, su designación permitirá que la institución empiece a funcionar con normalidad tras años de desprestigio. Y también supone que el primer sillón de la judicatura española vuelva a estar ocupado por una persona de perfil progresista después de casi tres décadas.
Pero el camino recorrido hasta el consenso no ha sido fácil. Primero, con un complejo acuerdo político al que el PP se resistió durante años con excusas crecientes y cambiantes. Y después, con cinco semanas de intensas negociaciones entre los flamantes vocales, en las que el sector conservador amagó con incumplir la letra pequeña de ese pacto entre los partidos. Su estrategia pasó en primer lugar por tratar de imponer al magistrado Pablo Lucas, del que defendían su “brillante” currículum; y, después, a Carmen Lamela, a la que promocionaron tras aceptar que el puesto debía estar en manos de una mujer y a la que intentaron atribuir una sensibilidad progresista difícil de apoyar en su trayectoria como magistrada.
Durante semanas, la división entre los dos bloques del órgano pareció insalvable. Un escenario de parálisis que distintas fuentes atribuyen a un “choque de liderazgos” dentro del sector conservador. De un lado, los vocales más cercanos al Partido Popular, que asumían que había que cumplir con el acuerdo político pactado. Y de otro, los más próximos a la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que se resistían a designar un perfil progresista cuando su predominio en la carrera judicial es incuestionable.
Encima de la mesa estaban los nombres de siete magistrados del Supremo. El de Perelló, aunque se barajó en un inicio, no llegó a ser incluido en la terna propuesta por los vocales de la izquierda judicial. Estos se decantaron por impulsar las candidaturas de las también magistradas del Supremo Pilar Teso, a la que los conservadores veían como una “emisaria” del ministro de Justicia, Félix Bolaños; y de Ana Ferrer, a la que atribuyen proximidad al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.
Aunque son dos reputadas juristas, sus perfiles eran rechazados de plano por los vocales conservadores, cuyo respaldo era imprescindible para sacar el nombramiento adelante y que insistían en imponer a sus candidatos. Todo ello a pesar de que, en los dos acuerdos previos de renovación del CGPJ que se fueron al traste, PSOE y PP pactaron el nombre de Teso. En 2013 también fue la candidata de parte del bloque progresista en oposición a Carlos Lesmes. Años después, distintas fuentes coinciden en que esa circunstancia ha supuesto una “rémora” para Teso, a la que se ha colocado como la candidata preferida de la Moncloa y cuyo nombre ni siquiera formó parte de la votación definitiva de este martes.
Nuevos perfiles en el Supremo
Tras un impasse que duró semanas, la situación empezó a desencallarse hace varios días, cuando comenzó a tomar fuerza la posibilidad de buscar nuevos perfiles de consenso en el Supremo. Fuentes del órgano detallan que el primer paso lo dio el vocal conservador José Antonio Montero, que propuso a un consejero del otro bloque, Carlos Hugo Preciado, el nombre de Perelló, compañera suya en la Sala Tercera del Supremo y a quien le une una amistad de años.
La propuesta fue bien recibida por algunos vocales progresistas, que vieron en este movimiento una vía de salida al bloqueo. Otros expresaron sus dudas ante el hecho de que hubiera que cambiar las reglas que ellos mismos se habían dado en julio y que determinaban que la presidencia debía salir de los primeros siete nombres propuestos. A mediodía del lunes, los conservadores propusieron formalmente abrir la lista de candidaturas y su iniciativa se aprobó por unanimidad.
En este punto, los relatos de la decena de fuentes consultadas dentro y fuera del órgano divergen sobre qué llevó a los vocales conservadores de rechazar los perfiles de Teso, Ferrer o Ángeles Huet a aceptar el de otra magistrada “inequívocamente progresista” como es Perelló. Hay quien habla de “razones de responsabilidad” ante el “descrédito” que habría supuesto llegar sin presidencia al solemne acto de apertura del año judicial que se celebra este jueves y que preside Felipe VI. También hay quien alude a la “victoria pírrica” que supone haber abortado la designación de la candidata preferida del Gobierno. “Aceptamos unos puntos de partida, pero no imposiciones de partida”, dice una fuente de la derecha judicial.
Otras fuentes apuntan a la “intervención” de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que es amiga íntima de Perelló desde hace años y cuyas carreras profesionales han discurrido de forma paralela. Han compartido afiliación en la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia y han trabajado mano a mano en la Audiencia Nacional y en el Supremo. “Perelló llegó al Supremo de la mano de Robles en 2009, cuando ella era vocal del CGPJ que la designó”, rememora un magistrado del Alto Tribunal.
Un salvavidas ante el bloqueo
El nombre de Perelló emergió como una suerte de salvavidas para todos los vocales, conscientes del enorme descrédito que habría supuesto presentarse ante el desfile de togas y autoridades de la apertura judicial sin haber sido capaces de elegir a un presidente o presidenta. “Hemos desbloqueado una situación compleja, con independencia y sin instrucciones. Es de agradecer el viaje que han hecho los vocales conservadores desde Pablo Lucas hasta ahora”, dice un miembro del bloque progresista, quien dice que este primer acuerdo “no cierra puertas, sino que abre muchas puertas”.
“Va a ser muy difícil sacar adelante en su totalidad el proyecto progresista que tenemos. Pero la conclusión de todo esto es que antes de empezar cada pleno deberíamos hablar y limar asperezas”, sostiene otro miembro de este grupo. También en el sector conservador son conscientes de que ahora toca “mucho diálogo”. Uno de sus miembros apunta a que el hecho de que la mayoría de las decisiones relevantes se tengan que llevar a cabo por tres quintos —13 votos de los 21— va a “romper inevitablemente la política de bloques”.
Entre esas cuestiones más inmediatas está empezar a revertir las consecuencias de los cinco años de bloqueo a los que el PP sometió al CGPJ. Y, como primer reto, está cubrir 98 plazas que están vacantes en los principales tribunales, 26 de ellas en el Supremo, donde casi una de cada tres plazas está sin cubrir. Esas designaciones requieren una mayoría reforzada que dependerá, sin duda, de la capacidad de alcanzar acuerdos.