La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, considera “inaceptables” las enmiendas que el PP ha introducido en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) porque “la desvirtúan totalmente”, lo que, según ella, les obligará a presentar miles de reclamaciones judiciales que colapsarán los juzgados.
En declaraciones a Efe, Colau ha señalado que la propuesta del PP de establecer rebajas a las personas morosas si pagan su deuda en cinco o en diez años “no es verdad en la práctica, porque ninguna de las personas afectadas tiene recursos para poder pagar esa deuda”.
Ada Colau, quien ha considerado que el PP se mantiene en su postura inicial, lo que califica de “decepcionante”, ha asegurado que estas enmiendas “desvirtúan totalmente la ILP, que queda irreconocible porque no hablan de moratorias de desahucios, no aceptan la dación en pago ni la retroactividad y condenan a las personas afectadas, las sacrifican y no les dan ninguna salida”.
Colau ha señalado que tras la sentencia europea que establece la ilegalidad de los procedimientos de desahucios, el Estado español tiene la obligación de establecer alguna medida de retroactividad para todas aquellas personas que han sido desahuciadas con una ley ilegal.
“Si no hay retroactividad por los procesos injustos, nos veremos obligados a acudir a los juzgados y se judicializará el conflicto y se colapsarán los juzgados. La ILP era una oportunidad para que el Estado reconociese que la ley es ilegal y diera una salida a las personas afectadas”, ha indicado la portavoz de la PAH.
Ada Colau ha explicado que ayer centenares de personas en toda España solicitaron en los juzgados la anulación de sus procesos de ejecución hipotecaria en base a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y ha augurado que serán muchas más y que incluso se plantearán “pedir responsabilidad patrimonial al Estado por los desahucios injustos e ilegales”.
Los desahucios podrán paralizarse si existen cláusulas abusivas en la concesión de la hipoteca, según las enmiendas introducidas por el PP al proyecto de ley procedente de la iniciativa legislativa popular, una vez que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó el pasado 14 de marzo que el procedimiento no se ajustaba a la normativa europea.