Palestina presenta en el Tribunal de La Haya la investigación española a Netanyahu
El Tribunal Penal Internacional tiene a su disposición desde el pasado viernes la investigación que la Audiencia Nacional española realizó sobre el ataque a la Flotilla de la Libertad por parte del Ejército israelí, que causó 9 muertos, decenas de heridos y la detención ilegal de más de 700 personas en aguas internacionales. Palestina ha acudido con las actuaciones al tribunal de La Haya después de que el Gobierno español no reaccionara a la invitación hecha por el juez José de la Mata, obligado a archivar el caso por la reforma del PP a la justicia universal y la jurisdicción del Tribunal Supremo.
Las autoridades palestinas estrenaron el pasado jueves su incorporación al Tribunal Penal Internacional con la presentación de un informe sobre los crímenes cometidos de guerra y contra la humanidad cometidos por Israel en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este desde el 13 de junio de 2014.
Según ha podido saber eldiario.es de fuentes palestinas, entre esa documentación se encuentra el auto de sobreseimiento de la investigación que se llevó a cabo en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en tiempos de Pablo Ruz. El motivo es que la resolución de archivo del sucesor de Ruz, José de la Mata, abría la posibilidad a que la Corte Penal Internacional investigara unos hechos que para los querellantes y para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas constituyen delitos de lesa humanidad, de acuerdo al IV Convenio de Ginebra.
Como en otros casos de justicia universal abiertos en la Audiencia Nacional, la reforma legal aprobada con la mayoría absoluta del Partido Popular, ha obligado a decretar el archivo de la investigación del ataque a la Flotilla de la Libertad, por más que los tres denunciantes fueran españoles que viajaban con ayuda humanitaria rumbo a Gaza cuando se produjo el ataque del Ejército israelí.
A pesar de ello, el magistrado expuso en su auto todas las posibilidades que aún deja la reforma para que los presuntos responsables respondan finalmente ante la Justicia. Así, ordenó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que le informen de inmediato si detectan la presencia en España de alguno de los seis querellados: Benjamin Netanyahu, Ehud Barak, Avigdor Lieberman, Moshe Ya’alon, Dli Yishai, Benny Gegin y Eliezer ‘Chiney’ Marom.
Con el primer ministro al frente, se trata de las seis autoridades políticas y militares que, según la querella que dio origen a la investigación de la Audiencia Nacional, “se reunieron días antes para concretar la operación” de asalto a las embarcaciones de activistas.
Como explicaba el magistrado, la presencia en España de alguno de ellos supondría “condición de conexión establecida legalmente” para actuar, al menos hasta que se produzca el archivo definitivo de la causa, según la doctrina del Tribunal Supremo con motivo de los crímenes cometidos en el Tíbet por las autoridades chinas.
De la Mata también ordenó remitir las actuaciones al Ministerio de Justicia “a fin de que, si lo estima conveniente, pueda evaluar la conveniencia de iniciar el mecanismo” recogido en la Ley de Cooperación con el Tribunal Penal Internacional. El Gobierno español no ha reaccionado y, como quiera que el juez también daba esta oportunidad da los querellantes, estos han entregado las actuaciones al Gobierno palestino, que las ha incorporado a su informe para la Fiscalía del Tribunal de La Haya.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió diligencias previas, de oficio, el pasado 16 de enero. Antes de que decida si formaliza un proceso penal, el Gobierno palestino ha aportado a la Fiscalía la citada documentación, entre ella la procedente de la Audiencia Nacional española.
Entre esa documentación también hay estadísticas sobre los asentamientos, prisioneros y todos los datos sobre los ataques a Gaza en 2014. El informe detalla que ninguno de los presuntos autores de esa política de acoso y crímenes de guerra ha respondido por ello o está siendo investigado. La documentación ha sido preperada por el Alto Comité Nacional , en el que se incluyen miembros de la Comisión Ejecutiva de la OLP, ministros y alto personal adminsitrativo, así como representantes de los partidos políticos, las fuerzas de seguridad y las asociaciones profesionales.
A las 4:15 de la madrugada del 31 de mayo de 2010, y mientras la Flotilla de la Libertad todavía se encontraba a 70 millas náuticas de la costa de Gaza –Israel considera suyas las primeras 20 y el derecho internacional señala 12-, soldados israelíes desplazados en dos barcos de guerra y helicópteros, abordaron las 6 embarcaciones de los activistas procedentes de todo el mundo que pretendían romper el bloqueo al que las autoridades israelíes sometían a la población palestina.
La Audiencia Nacional tipificó los hechos como como delito de lesa humanidad, detención ilegal, deportación y tortura y delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, resumidos en crímenes de guerra. Según señala De la Mata en su auto, esa calificación es acorde con la realizada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su informe.
