El Gobierno ha cerrado 2021 con una nueva Estrategia de Seguridad Nacional y continúa trabajando en un anteproyecto para renovar también la ley que regula esta materia. El Ejecutivo ha tomado nota de la falta de previsión con la que las administraciones públicas afrontaron los primeros meses de la pandemia, el desabastecimiento de material sanitario que sufrieron en marzo de 2020 y las dificultades para adquirirlo. Con estos precedentes, el departamento de Pedro Sánchez ha elaborado varios textos con el objetivo de que no se repitan los errores del pasado.
Para evitar situaciones parecidas, el Ejecutivo está trabajando una reforma de la Ley de Seguridad Nacional que contempla la creación de una reserva estratégica que garantice el suministro de recursos esenciales y que recoge la posible intervención de bienes siempre que se declare una situación crítica. Asimismo, la Estrategia de Seguridad Nacional 2021 que acaba de entrar en vigor también potencia la coordinación y el trabajo conjunto entre administraciones públicas.
La pandemia ha reorientado las prioridades de nuestro país en lo relativo a la Seguridad Nacional. El anteproyecto elaborado por el Gobierno recuerda la “dependencia del abastecimiento exterior y la fragilidad del flujo comercial internacional” sufrida por nuestro país durante la irrupción de la emergencia sanitaria, según el documento adelantado por El País y al que ha accedido elDiario.es.
En este contexto, el Ejecutivo intenta desarrollar el funcionamiento de la Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial –bautizada como RECAPI– , cuya creación fue aprobada el 6 de octubre de 2020 por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN). Con esta medida, el Gobierno busca “facilitar la producción de los recursos, bienes y tecnologías” para evitar la dependencia de otros mercados y asegurar el funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional. En el texto se aborda la elaboración de elementos variados, desde componentes electrónicos hasta material sanitario, así como la participación de las comunidades autónomas en esta reserva.
Otra de las novedades que recoge el documento en el que trabaja el Gobierno es la creación de un Catálogo de Recursos del Sistema de Seguridad Nacional que enumere los medios humanos y materiales que puedan ser de utilidad para el cumplimiento de esta ley. El CSN será el encargado de coordinar esta labor, en la que también pueden participar comunidades autónomas y ayuntamientos.
Cualquier mayor de edad podrá ser movilizado
La contribución del sector privado es una de las modificaciones más relevantes que contiene el anteproyecto y que contempla que en situación de interés para la Seguridad Nacional cualquier persona mayor de edad podrá ser movilizada: “Estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades competentes”. Esta actuación se realizará siguiendo las directrices del CSN y no se podrá recibir por ella ninguna indemnización. El funcionamiento que regula este artículo es muy parecido al deber de colaboración ya vigente en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.
En la reforma de esta ley el Gobierno apuesta por intervenir recursos en un contexto de crisis. Siguiendo las directrices del CSN –y siempre que se declare una situación de interés para la Seguridad Nacional– se podrán requisar o intervenir bienes de forma provisional. También se contempla la suspensión de actividades. Los afectados por estas medidas podrán ser indemnizados, según recoge el documento al que ha accedido elDiario.es. El texto contempla que estas medidas tendrán una “vigencia limitada” y en él se recalca que únicamente se implantarán si hay que hacer frente a una situación crítica para la Seguridad Nacional.
Colaboración de los medios de comunicación
Como se demostró durante el confinamiento, en las primeras semanas de la pandemia, el papel de los medios de comunicación es esencial. Teniendo en cuenta este precedente, el Gobierno trabaja para que en escenarios críticos la ley obligue a que medios y autoridades colaboren para difundir noticias preventivas y operativas.
En paralelo a la redacción del anteproyecto Presidencia del Gobierno ha publicado la nueva Estrategia de Seguridad Nacional. La emergencia sanitaria ha acelerado su revisión, ya que estaba previsto que la nueva versión se publicase a finales de este año. Sin embargo, el pasado 28 de diciembre el Consejo de Ministros dio luz verde al nuevo documento y, con ese aval, el texto entró en vigor el pasado 1 de enero.
Este documento oficial reconoce que la COVID-19 ha provocado “una aceleración de las principales dinámicas globales que afectan a la seguridad”. “Sin poder afirmar categóricamente que se trata de un cambio de era, sí que se percibe el momento actual como etapa de transición”, recoge el texto.
A lo largo de más de un centenar de páginas, desde Presidencia de Gobierno detallan algunas de las consecuencias que la pandemia ha tenido en las administraciones públicas. En línea con la reserva estratégica esbozada por el anteproyecto, este texto destaca que “la dependencia del exterior en el suministro de recursos estratégicos supone una vulnerabilidad que se ha de paliar con una adecuada política industrial”. Para combatirlo, apuestan por “actualizar el sistema de vigilancia nacional de Salud Pública para permitir una respuesta ágil y acertada”.
Urgen a actualizar el sistema de vigilancia de Salud Pública
Las medidas impuestas por el elevado nivel de contagiosidad del virus –como el confinamiento y el teletrabajo– también tienen un impacto en la seguridad digital de instituciones públicas y privadas. Esta circunstancia ha provocado que se amplíe “la superficie de exposición a posibles ciberataques de organizaciones”. “La magnitud y frecuencia de los ciberincidentes y del uso ilícito del ciberespacio han aumentado en los últimos años y han convertido la ciberseguridad en una prioridad de organizaciones y gobiernos”, alerta la última estrategia publicada.
Con la experiencia de la pandemia y el objetivo de repensar las medidas desplegadas, el CSN apuesta por dar mayor relevancia a las comunidades y ciudades autónomas en el sistema de seguridad nacional. El papel de estas instituciones será destacable en la implantación de un sistema de alerta temprana, con el que el Gobierno pretende dar una “respuesta ágil” a futuras amenazas. Este proyecto estará basado en un conjunto de indicadores sobre los distintos ámbitos de la Seguridad Nacional, “cuya monitorización y análisis permitan desplegar acciones preventivas y, llegado el caso, la ejecución de medidas de respuesta y conducción en tiempo oportuno”, recoge la estrategia que acaba de entrar en vigor.
Además, este documento alerta también sobre las campañas de desinformación, que tienen para el departamento nacional “una potencial peligrosidad”, especialmente en los procesos electorales. Estas operaciones “socavan la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y conducen a la polarización social”, advierten desde el CSN. Para combatirlas apuestan por una estrategia coordinada con la Unión Europea y centrada en la “colaboración público-privada”, con un papel relevante de los medios de comunicación y los proveedores de redes sociales.
Las nuevas directrices que regirán la Seguridad Nacional en los próximos años ya han entrado en vigor. Por su parte, el anteproyecto para renovar la ley que regula esta materia “continúa su tramitación”, según exponen desde el Ministerio de Presidencia. El pasado 29 de diciembre este documento fue presentado por segunda vez a las comunidades autónomas.