La decisión de Margarita Robles de paralizar una venta de armas a Arabia Saudí ha abierto una crisis de España con ese país que amenaza un contrato multimillonario firmado para que Navantia fabrique cinco corbetas. El Gobierno admite que está trabajando en una solución después de que los trabajadores hayan iniciado movilizaciones y ante el enfado del Gobierno andaluz. El Ejecutivo de Pedro Sánchez no descarta que se dé marcha atrás en la paralización llevada a cabo por el Ministerio de Defensa.
La portavoz del Consejo de Ministras, Isabel Celáa, ha explicado que se ha puesto en marcha una comisión interministerial que estudie la situación. El Ejecutivo niega una crisis diplomática con Arabia Saudí pero admite que ha habido una “discrepancia” tras la decisión de frenar la venta de 400 bombas a Arabia Saudí por un importe de 9,2 millones de euros y asegura que está trabajando tanto por mantener las buenas relaciones con ese país tanto por favorecer los intereses de la empresa.
“Hay una comisión interministerial que se va a reunir para tratar de todos estos asuntos. Esa comisión interministerial llegará a resultados”, ha expresado Celaá, que ha admitido que de las conclusiones que se deriven de ese órgano en el que participan varios ministerios -entre ellos Defensa, Exteriores e Industria- se podrá “conseguir llegar a una resolución satisfactoria para todas las partes”, es decir, para Arabia Saudí y para los trabajadores de Navantia, que ya han iniciado movilizaciones ante la posibilidad de que se cancele el contrato para la construcción de cinco corbetas que se firmó en la etapa de Mariano Rajoy. Ese proyecto supone 1.800 millones de euros y empleo para unas 6.000 personas en Cádiz y Ferrol.
“Nos mantenemos firmes en las relaciones de colaboración con arabia saudí y obviamente con los compromisos adquiridos por las partes”, ha reafirmado Celáa, preguntada con insistencia por los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministras sobre este asunto.
Las corbetas no tienen aún autorización de exportación
Aún más clara ha sido la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Margerida, al asegurar que el Ejecutivo “no pondrá en riesgo el contrato de las corbetas”. Margerida ha comparecido ante la comisión de Defensa del Congreso en calidad de presidenta de la Junta Interministerial de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), encargada de autorizar las exportaciones de armamento en base a la legislación española y europea.
Margerida se muestra convencida de que el conflicto con Arabia Saudí no ha roto el acuerdo para las corbetas: “Es un contrato que sigue vigente, hasta donde yo sé”. No obstante, ha revelado que el pacto de construcción de los navíos llegó a través de “un acuerdo previo que fue autorizado en 2015” pero que “no ha sido presentada todavía una licencia de exportación definitiva” a la JIMDDU. Por lo tanto, la decisión sobre si la exportación es legal aún no ha sido tomada, ha explicado.
La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha mostrado su preocupación después de tener “conocimiento por parte del Gobierno de que ese contrato se podía rescindir”. La presión se ha redoblado tras el anuncio de las movilizaciones y el Ejecutivo ha andaluz se ha puesto en contacto con el de Sánchez para exigirle que “garantice el empleo”.