Casado trata de estirar la polémica sobre Venezuela tras los líos internos del PP y los primeros acuerdos del Gobierno

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha encontrado un nuevo filón para su dura labor de oposición contra el Gobierno en la polémica que surgió la semana pasada tras conocerse el encuentro mantenido por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro que tiene prohibido pisar suelo español al pesar sobre ella sanciones de la Unión Europea por delitos de lesa humanidad.

Esa polémica, de nuevo en torno a Venezuela –uno de los principales mantras del PP contra la izquierda–, se ha convertido una vez más en la tabla de salvación del líder del PP en uno de sus momentos más delicados desde que ganó las primarias, en julio de 2018. Los fastos y los honores con los que Casado y los gobiernos populares de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento recibieron el pasado fin de semana al autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, con el principal objetivo de ir en contra del Ejecutivo de Pedro Sánchez, le sirvieron además a Casado para maquillar una de sus peores semanas desde las elecciones del 10N.

A la crisis interna que generaron el pasado lunes sus palabras de apoyo al veto parental educativo –el llamado 'pin parental'– se sumó a media semana la imputación de Francisco Martínez, exnúmero dos de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy por el espionaje a Luis Bárcenas. Además, el nuevo Ejecutivo conseguía hacerse su primera foto con la patronal a raíz de la aprobación del nuevo salario mínimo interprofesional (SMI). La imagen contrastaba así con el discurso de Casado, que augura todos los males económicos al Gobierno progresista, al que acusa de querer provocar el “caos” financiero.

En ese escenario al que se suma la permanente pelea del PP por el electorado conservador con la extrema derecha de Vox, Casado busca estirar la crisis sobre el país caribeño durante los días que pueda. Para empezar, este lunes el PP exigía junto a Ciudadanos la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para conocer cómo abordó el Ejecutivo uno de sus primeros conflictos de la legislatura. Esta iniciativa se suma a las peticiones de comparecencia de Ábalos, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya; y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por esta misma polémica.

Del “caso Ábalos” al “caso Sánchez”

Los populares quieren aprovechar las deficiencias de gestión y de comunicación del Gobierno ante este caso, después de que Ábalos negara inicialmente el encuentro con Rodríguez y después lo admitiera. También porque, al principio, el Ejecutivo aseguró que la vicepresidenta no había bajado de su propio avión, si bien este domingo el propio ministro de Transportes sí reconoció en una entrevista en La Sexta que la mano derecha de Maduro transitó por la terminal de Barajas para coger un vuelo comercial a Turquía.

“El caso Ábalos ha pasado a ser ya hoy el caso Sánchez, el caso de las mayores mentiras que se han producido en estos últimos años por parte de un Gobierno, con implicaciones de Exteriores, Interior y de Transportes”, sostenía este lunes el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del partido.

La polémica ha servido a los populares para unirse entorno a las críticas contra el Gobierno y les permitía aparcar un debate, el del veto parental, que en los últimos días evidenció en cambio las grietas internas y los diferentes pareceres dentro del partido.

Todo comenzó el pasado lunes, cuando el líder del PP justificó su apoyo a la medida impuesta por Vox en la Región de Murcia –y apoyada por los populares, que gobiernan allí con Ciudadanos y gracias a la extrema derecha– para que los padres puedan impedir que sus hijos reciban charlas o contenidos educativos extraescolares sobre diversidad familiar o sexual ante un “Gobierno socialista y comunista que quiere imponer a los padres lo que tienen que educar a los hijos”. “No parece descabellado que cualquier acción extraescolar deba recibir la autorización de los padres”, dijo en una entrevista en Antena 3.

Una semana aciaga

Sus palabras generaban una tormenta interna en el PP. Ese mismo día, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se desmarcaba una vez más de la postura oficial de su partido. “Me interesa la calidad de la educación en Galicia, no voy a banalizar temas complejos y no voy a participar en la politización y adoctrinamiento de la educación”, afirmaba en una comparecencia ante los medios. “Sería bueno tratar este tema con el sosiego que se necesita”, añadió.

“Los problemas de la educación no están en esto”, decía el martes, por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una idea que compartió con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que rechazó poner en marcha el llamado 'pin parental' en Castilla y León donde, según él, “no se adoctrina”.

También fue una postura completamente contraria a la del líder del PP la que defendió el presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso, que abogó por responder al debate sobre el veto parental desde una posición “razonable y sensata”. O la de José Luis Ayllón, uno de los hombres de mayor confianza de Mariano Rajoy, representante del sector crítico que en las primarias apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría y que tras el triunfo de Casado y su giro a la derecha dejó todas sus responsabilidades orgánicas y se marchó a la empresa privada. Él se confesó “disgustado” con la dirección del PP.

A ese complicado escenario al líder del PP se le sumó, el pasado martes, de nuevo la corrupción, una lacra que en 2018 se llevó por delante a Mariano Rajoy y que, paradójicamente, permitió el ascenso de Casado a la presidencia del partido. El espionaje policial a Luis Bárcenas entre 2012 y 2016 para favorecer al PP, entonces en el Gobierno, llevaba a los investigadores hasta el corazón de la brigada política que funcionó en el Ministerio del Interior durante la primera legislatura de Rajoy.

De nuevo, la corrupción

Después de que fuera imputado su máximo responsable, el comisario Eugenio Pino, el martes era el turno de sus dos lugartenientes, los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, así como del que fuera jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas. El juez del caso Villarejo decidía citar a los tres mandos en calidad de investigados en la pieza secreta de la Operación Kitchen, según adelantó eldiario.es tras hablar con fuentes del caso.

La decisión del juez Manuel García Castellón suponía que toda la primera línea de la policía política que actuó en el Ministerio del Interior entre 2012 y 2016 ya está siendo investigada en el caso Villarejo. También el que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, número dos de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior, que siguió como diputado popular incluso cuando Casado llegó a la presidencia del PP, si bien el partido se deshizo de él al elaborar las listas para las elecciones del 28A. El juez del caso Villarejo le citó como imputado el pasado miércoles como máximo mando político del espionaje al extesorero del PP con cargo a los fondos reservados.

El último golpe a la estrategia de los populares, en este caso a la de presentar al PP como único partido capaz de gestionar la economía frente a una izquierda “derrochadora” e “ineficaz”, se producía ese mismo día [el miércoles pasado] con la firma de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por parte de Gobierno, sindicatos y patronal. El Ejecutivo de izquierdas lograba entonces la primera foto de sintonía con los empresarios, uno de los principales sectores a los que se dirigen las políticas ultraliberales de los populares.

Casado había señalado el lunes que subir el SMI era “lo ideal” porque “cuanto más salario, mejor”, pero advertía de que puede pasar que, a costa de esa subida, la persona que ahora cobra 900 euros y no le pueden pagar 200 euros más, al final la acaben “echando a la calle”. “Prefiero que haya un diálogo en el que sindicatos, patronal e instituciones digan en qué plazos y en qué cuantías se pueden subir los salarios porque si no, estaremos incentivando la economía sumergida”, avisó.

El miércoles no solo quedaba en evidencia la existencia de ese diálogo reclamado por Casado sino que Gobierno, sindicatos y patronal escenificaban en un acto solemne la firma de un acuerdo por el que se estableció el salario mínimo en los 950 euros mensuales en 14 pagas, es decir, 13.300 euros al año, lo que supone un incremento del 5,5% respecto a los 12.600 euros anuales de 2019.

“Los españoles no merecen que les mientan”

Desde el PP se ignoró esa subida y se intentó organizar un discurso contra el Ejecutivo por la posible reforma del Código Penal para rebajar las penas de sedición, lo que beneficiaría directamente a los líderes independentistas condenados por ese delito actualmente en prisión.

Pero el verdadero filón para los populares, el que les permitió marcar la agenda al final de la semana, llegó el jueves, cuando Vozpopuli dio a conocer que Ábalos, mantuvo contactos con ministros del Gobierno de Maduro en el aeropuerto de Barajas. Casado recordó que Rodríguez “está acusada por delitos de lesa humanidad” y exigió al Gobierno que aclarara si ese encuentro entre la canciller venezolana y Ábalos se produjo realmente: “Los españoles no merecen un Gobierno que les mienta todo el tiempo. Si esto se acaba demostrando, Ábalos no puede seguir ni un día más en el Gobierno de España”, afirmaba.

El sábado, Casado y todo el PP se volcaron en el recibimiento a Guaidó en Madrid con el claro objetivo de hacer oposición al Gobierno español, del que ahora forma parte también Unidas Podemos. El PP siempre ha tratado de vincular a la formación de Pablo Iglesias con la “dictadura” venezolana, una relación que los populares consideran que quedó en evidencia el fin de semana por el hecho de que Sánchez no recibiera a Guaidó y delegara ese encuentro en la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

“Ha quedado claro que quien toma las decisiones importantes en este Gobierno no es Sánchez sino Podemos”, declaraba este lunes García Egea en rueda de prensa en la sede nacional del PP en la que se preguntaba: “¿Qué le deben al tirano Maduro?”

El PP pretende utilizar esta misma argumentación contra el Ejecutivo en el Parlamento, con sus distintas iniciativas, y en cada acto público al menos las próximas semanas. Venezuela se convertirá, según fuentes de la dirección del PP, en otro de los grandes ejes de la dura acción de oposición contra Sánchez, al que no quieren dar tregua llevando todas las decisiones gubernamentales que no les gusten ante los tribunales e incluso trasladando sus protestas a las calles, como durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.