Además, pide que “el cuidado de los hijos no solo dependa de la mujer”, algo que responde a “estereotipos” de siglos pasados, como ha asegurado la viceportavoz popular, Paula Prado. La diputada popular también ha recordado que el pasado 17 de octubre de 2017 se debatió en el pleno una iniciativa legislativa popular, firmada por casi 15.000 personas, que pedía una regulación de la corresponsabilidad parental y de las relaciones familiares en el cese de la convivencia.
Prado recordó que, ante las dudas sobre la constitucionalidad de esta iniciativa legislativa --para que Galicia pudiese legislar en la materia--, se solicitó un informe a la Comisión Superior para el estudio y desarrollo del Derecho Civil gallego, que confirmó que no era competencia autonómica.
Por lo que respecta a esta medida, Prado ha resaltado que la modificación legislativa debe “garantizar los derechos de los hijos para relacionarse con los padres” y “aislar los problemas surgidos en las relaciones de pareja”. “Ya no hablamos de un modelo tradicional de pareja”, porque en la actualidad hay “parejas casadas, no casadas, del mismo sexo”, entre otras, ha apuntado.
Así, ha resaltado que estas relaciones “no se pueden basar en el Código Civil del siglo pasado” y, por lo tanto, “es importante que el debate sea actual”. “No podemos seguir con terminología arcaica en el Código Civil”, propia de “un estado patriarcal”, ha apuntado, al respecto de lo que ha indicado la necesidad de “defender la igualdad” y que “el cuidado de los hijos no solo dependa de la mujer”.
GRUPOS “BASTANTE RESPONSABLES”
Asimismo, Prado también ha destacado que “todos los grupos” han sido “bastante responsables para no seguir adelante con una legislación que probablemente fuera recurrida por el Estado ante el Tribunal Constitucional, ya que tras se admitida a trámite por el Parlamento, todos los partidos presentaron enmiendas para suprimir la iniciativa en su totalidad ante la inseguridad jurídica.
“Pero que no apoyásemos la continuidad de la tramitación de aquella iniciativa legislativa popular no implica que no estemos de acuerdo en que es fundamental abordar este tema y regular cuanto antes esta casuística”, ha argumentado.
“El Gobierno central tiene competencia para legislar y pedimos que ejerza esa competencia”, ha demandado Prado, quien ha recordado que el anterior Gobierno de PP “dejó hecho un borrador de nuevo Código Civil que incorporaba la custodia compartida”. “Pedimos que el nuevo Gobierno socialista no tire por tierra este trabajo que se lleva haciendo desde hace tiempo”, ha aseverado.
EL PSDEG CONSIDERA LA PROPUESTA “PURO POSTUREO”
Por su parte, el Grupo Socialista ha asegurado que el Gobierno de España respeta la igualdad, algo que demuestra en que “los miembros del Gobierno de España son en un 60% mujeres” y “es la primera vez que ocurre esto en las comunidades, en España y en Europa”, tal y como ha indicado la portavoz de justicia socialista, Patricia Vilán.
Además, ha apuntado que, según los datos trasladados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2007 “solo había un 9,7% en España de parejas con custodia compartida” y, “en 2015, cerca del 15%”.
Y ha recordado que “cuando el PSdeG debatió sobre la iniciativa del PP votó a favor de su toma de consideración, porque algo con 15.000 firmas detrás merece un debate”, pese a que fueron “los primeros en dudar” de su constitucionalidad, tras lo sucedido en Valencia con el tema de las adopciones.
En este sentido, ha reiterado que la custodia compartida “no tiene competencia con el derecho civil de Galicia”, y que esta proposición de PP, “28 días después del cambio de gobierno” es algo que “chirría”. “No es más que puro postureo”, ha criticado Vilán, porque sino esta propuesta se trasladaría al grupo de Madrid “para que la registrasen y se debatiese donde se tiene que debatir, en el Congreso de los diputados”.
Por su parte, los grupos de En Marea y BNG han rechazado la iniciativa porque Galicia no cuenta competencias para legislar sobre esta materia y entienden que “no tienen mayor utilidad” en los términos en que está formulada, puesto que ya “está regulado”.
RECHAZO A LA EQUIPARACIÓN ENTRE TRADUCTOR Y LINGÜISTA
En otro orden de asuntos, la Comisión ha rechazado la propuesta no de ley del Grupo de En Marea sobre la “reclasificación de la categoría profesional de traductor intérprete de la Administración de justicia del grupo tres (...) y su inclusión dentro del grupo uno”.
Al respecto, el portavoz de En Marea, Luís Villares, ha explicado que se trata de “igualar a un colectivo profesional que está equiparado y realiza las mismas funciones” que un lingüista. En concreto, ha apuntado que “hay un colectivo de 11 personas realizando la función de intérprete, con funciones en los mismos equipos y en los mismo órganos de Administración que personas con la categoría de lingüistas” -clasificados en el grupo uno de las categorías profesionales--.
Ante esta petición, el diputado del PPdeG, Jacobo Moreira, ha asegurado que esta propuesta no es viable porque se trata de “una cuestión que hay que hablar con sindicatos y representantes de los trabajadores primero”, pero “no consta que hayan presentado ninguna reivindicación”.