El Consejo de Ministros da este viernes su visto bueno al proyecto de ley que pretende dificultar la corrupción derivada de las donaciones a los partidos y del trato de favor que les dispensan bancos y cajas. Cuando esta iniciativa se convierta en ley, las formaciones políticas deberán publicar qué dinero reciben y a quién se lo deben en sus páginas web a la vez que envían sus resultados anuales al Tribunal de Cuentas. El proyecto sobre la actividad y control de los partidos prohíbe que las donaciones particulares superen los 100.000 € y que las entidades financieras perdonen los créditos a los partidos o les abaraten los intereses.
La financiación ilegal evidenciada por el caso Bárcenas obligó al Gobierno a prometer medidas anticorrupción para intentar atajarla. Durante la presentación del borrador, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría reconoció que las fundaciones quedaban fuera de estas medidas, pero subrayó la importancia de controlar la condonación de créditos por parte de bancos y cajas, una medida que afecta más al PSOE que al PP y que el Tribunal de Cuentas ha señalado como punto oscuro en las finanzas de los partidos. La prohibición de las condonaciones y de rebajar intereses por debajo del precio de mercado impedirá el trato de favor.
A la vez, el obligado reconocimiento público de las cantidades debidas, condiciones y plazos de amortización permitirá conocer la dependencia que los partidos tienen de las entidades financieras y arrojará transparencia sobre sus relaciones.
Aunque el tope señalado para las donaciones de personas físicas será de 100.000 €, superar la mitad de esta cantidad obligará a salir en la lista. Una vez que ya no pueden donar las empresas, los ciudadanos podrán saber quién dona más de 50.000 € a una formación, un dato que sólo conocía hasta ahora el Tribunal de Cuentas.
Dentro de estas medidas anticorrupción que los grupos parlamentarios negociarán en el Congreso cuando se remita el proyecto de ley, también se quiere regular el control sobre la figura de los tesoreros de los partidos. Con Luis Bárcenas de fondo, la duda es si esta medida se centrará en delimitar la responsabilidad del tesorero sin afectar a cargos superiores como los secretarios generales y si el diálogo entre los grupos políticos fructificará. Hasta ahora, la negativa de Mariano Rajoy a dar explicaciones claras ha hecho que el resto de partidos acusara al partido del Gobierno de hipocresía mientras la vicepresidenta insistía en que la corrupción puede afectar a todos.