Durante la larga campaña que precedió a las elecciones generales de junio de 2016, los diferentes partidos políticos se esforzaron en proponer medidas de ahorro para restar dramatismo a la repetición de los comicios y paliar el hartazgo de la ciudadanía que empezaban a airear las encuestas. Se filtró en pleno proceso de negociaciones, en el que Mariano Rajoy intentaba buscaba el apoyo del PSOE para formar Gobierno, que el coste para el Estado de unas generales es de 130 millones de euros. Eso, sin apuntar las asignaciones a los partidos.
El final es conocido, pero durante aquellos días hubo reuniones de las distintas formaciones políticas en las que se habló de rebajar la inversión en publicidad y propaganda y se esgrimieron vanos compromisos para realizar actos más austeros.
Incluso se valoró acortar la campaña, una idea que en principio pareció bien a dirigentes de todas las siglas, incluido el ministro de Justicia, de entonces y de ahora, Rafael Catalá, quien defendió “no torturar” a los votantes “con dos semanas de mítines”. Al final no hubo acuerdo y fue una campaña de 15 días, como las de toda la vida... a la que hubo que sumar la larguísima precampaña.
La factura de todo aquello la acaba de revelar el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización sobre la contabilidad de los partidos. Según los gastos que declararon al órgano de control las 18 formaciones que concurrieron a los últimos comicios -siete menos que en las de 2015- el ahorro global en los costes de campaña fue de 12 millones de euros: pasó de 57,7 millones a 45, una caída del presupuesto del 22%.
La doble convocatoria supuso una inversión a los partidos de 102 millones de euros. Como siempre, la gran mayoría se cubrió con subvenciones y deudas bancarias, salvo Podemos que recurrió a microcréditos para completar el presupuesto de las ayudas públicas.
Por siglas, el ahorro en la segunda cita electoral no ha sido uniforme. El Partido Popular fue el que más recortó, al pasar de los 18,8 millones que invirtió junto con sus coaliciones en los comicios de diciembre a pagar 12,1 el 26-J. La rebaja no impidió, una vez más, que fuera el partido que contó con más fondos.
Ciudadanos, tal vez la formación más esforzada en vender las bondades de la austeridad electoral durante la precampaña, fue el único de los grandes partidos que engordó su factura en junio. Según el Tribunal de Cuentas pasó de invertir 7.724,534 euros en diciembre de 2015 a gastar 8.189.532, seis meses más tarde. El PSOE rebajó sus pagos de 13,6 millones a 11,5. Y Unidos Podemos gastó casi cuatro millones de euros en junio, frente a los cinco que habían gastado en 2015 por separado el partido de Pablo Iglesias (2,8 millones) e Izquierda Unida (2,2 millones).
Pese a los repetidos intentos en el Congreso para suprimir el buzoneo de las papeletas, que ya venía intentando sin éxito UPyD desde 2008, ese envío de propaganda electoral sigue comiéndose una porción ingente del presupuesto de los partidos. En él apenas se ahorraron 700.000 euros, un 3,6% de la partida. La factura de esos millones de cartas que se mandan a los domicilios pasó de 19.151.260 euros en diciembre de 2015 a 18.454.56 en junio de 2016.
Una línea roja para el PP
El PP, que siempre ha considerado una línea roja la eliminación de las papeletas por correo, ha mantenido prácticamente intacta esa partida, que pasó de 6,2 millones a 5,9 en la repetición de las generales, incluyendo todas las coaliciones a las que se presentó. Invierte en esas remesas de propaganda electoral el doble que Unidos Podemos, pese a que la coalición también incrementó su inversión en ese capítulo hasta los 2,8 millones en la última campaña, frente a los 1,9 que Izquierda Unida y Podemos habían gastado por separado en 2015.
Ciudadanos, que también había reclamado un envío conjunto de todos los partidos para abaratar el precio en Correos, aumentó el gasto en el envío postal de papeletas 100.000 euros escasos, hasta los 3,4 millones de euros. El PSOE, en cambio, rebajó esta partida de su presupuesto, que pasó de 6,2 millones hasta 5,2 en las segundas elecciones de Pedro Sánchez.