Los partidos que pidieron la dimisión de Iglesias por la presunta financiación ilegal callan ante el cierre de la causa

La Audiencia Provincial de Madrid archivó definitivamente el pasado miércoles la investigación sobre la gestión de la Caja de Solidaridad de Podemos. El tribunal rechazó los recursos de Vox y de la exsenadora del partido, Celia Cánovas, para reabrir una causa que se suma a la decena de piezas judiciales abiertas a raíz de la denuncia pública realizada por el exabogado de la formación José Manuel Calvente tras ser despedido.

De las 10 causas que derivaron de su testimonio, solo quedan abiertas dos. Una de ellas fue desmontada también el miércoles por la Fiscalía, y la otra permanece en un limbo entre dos juzgados sin que ninguno de ellos se haga cargo de forma efectiva. El último archivo, como los ocho anteriores, ha sido recibido con un silencio por quienes lo han utilizado en los últimos dos años como ariete político contra Podemos y contra el Gobierno de coalición.

La denuncia pública de Calvente, que primero se produjo en los medios y después en los tribunales, llegó precisamente en vísperas de que se confirmara el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para un Ejecutivo conjunto. Desde el primer momento, el PP exigió a Pedro Sánchez la destitución del por entonces vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, pese a que nunca ha sido objeto de pesquisas en ninguna de las 10 piezas en las que derivó la vendetta del abogado. En enero de 2020, Pablo Casado arremetió contra Iglesias por criticar al juez

Muy rápido se construyó el concepto “caja B de Podemos” para contraponerla a la caja B del PP, esta sí juzgada y ratificada por los tribunales en varias ocasiones. Calvente declaró ante el tribunal en julio de 2020 y, pese a que no pudo aportar pruebas de sus denuncias, el juez ordenó una amplia batería de diligencias. Además imputó al partido, lo que abrió definitivamente la espita de las críticas de las derechas desde la oposición.

“La Caja B exige el cese del vicepresidente de Sánchez con la misma vara de medir de su moción de censura”, dijo entonces Casado, quien trazó un paralelismo entre la sentencia que condenó al PP y el inicio de una investigación que hoy languidece tras decenas de diligencias y testimonios. La comparación comenzó en diciembre del año anterior, cuando se hizo pública la denuncia: “Hicieron una moción de censura al Presidente del Gobierno solo por ser testigo”, dijo, para criticar que el PSOE mantuviera su negociación con Podemos pese a “sus supuestos sobresueldos y supuesta caja ‘b’, o las supuestas irregularidades en la reforma de su sede, que ha destapado su exabogado”.

Vox y Ciudadanos no se quedaron atrás en sus declaraciones. En una intervención en el Congreso, el diputado de la ultraderecha Ignacio Gil Lázaro ironizaba con el caso. “Todo esto es una conspiración, no existe, responde a un intento por parte de la judicatura” de ir contra Podemos. “¿Algún español se puede tomar en serio ese discurso victimista cuando está vista su conducta y actitudes? Ofende a la inteligencia”, zanjó.

De hecho, Vox es parte en la macrocausa menguante contra Podemos. El juez que instruye el caso, Juan José Escalonilla, los aceptó el mismo día que Calvente declaró ante él. Pese a sus intentos por mantener la investigación abierta, la justicia ha ido archivando las diferentes piezas abiertas por Escalonilla. De hecho, un recurso de Vox hizo que la Audiencia Provincial ordenara devolver a este magistrado la causa por el supuesto uso por parte de Irene Montero de un cargo público para cuidar a una de sus hijas. Escalonilla envió esta denuncia a reparto, pero ahora debe volver a asumirla.

Esta investigación, que desde el pasado mes de diciembre ningún juez asume, también fue utilizada contra Podemos y contra la ministra de Igualdad. El objetivo es dar la batalla cultural, atacar las políticas del Ministerio y sus mensajes.

Desde Ciudadanos también arremetieron contra el partido y sus dirigentes a raíz de la investigación judicial. “Evitan rendir cuentas y actúan como la casta que tanto criticaron. Pablo Iglesias debe dar la cara en el Congreso y por eso hemos solicitado su comparecencia urgente”, dijo Inés Arrimadas en agosto de 2020.

Por aquellos días se libraba en el seno del Gobierno una dura pugna por determinar los socios que aprobarían los Presupuestos Generales de 2021. Mientras el PSOE intentaba sumar al acuerdo a Ciudadanos, Pablo Iglesias se esforzó por sacarlos de la ecuación y fraguar la mayoría de la investidura, lo que finalmente logró.

Dos años después de que se abriera la gymkana judicial más compleja para Podemos, esta se encamina hacia un final que librará al partido. Pero el estruendo político que acompañó a la apertura de las investigaciones, y a su posterior desarrollo, se ha convertido ahora en silencio entre los rivales del partido que hoy dirige Ione Belarra.