El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la principal cúpula patronal de Nicaragua, criticó hoy la presencia de policías en los centros comerciales, en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega.
“Desde el sector privado consideramos que la presencia policial en los centros comerciales no está abonando a recuperar la confianza de los inversionistas ni tampoco está contribuyendo a generar un clima de paz y reconciliación efectiva”, señaló el Cosep en una declaración pública.
“Urgimos a que cese cualquier muestra de represión en contra la ciudadanía y en contra el sector privado y que se comience a buscar soluciones para salir de la crisis sociopolítica de una forma pacífica”, instó ese sector gremial.
El Cosep también denunció “el incendio provocado a una propiedad invadida del empresario Piero Coen”, en el departamento de Chinandega (noroeste).
Agentes de la Policía Nacional sorprendieron el domingo con su presencia a los clientes de diferentes centros comerciales privados de Nicaragua.
La presencia de policías dentro de centros comerciales de Managua se da una semana después de que manifestantes realizaran “piquetes” o protestas fugaces en los pasillos y restaurantes, a los que se sumaron los clientes de manera espontánea.
Esta protesta es para pedir libertad para los “presos políticos” y la renuncia del presidente Daniel Ortega.
La Policía de Nicaragua informó este lunes que comenzó a aplicar un plan especial para lo que resta del año, que incluye la presencia de oficiales en los diferentes centros comerciales.
El plan especial, denominado “Nicaragua en paz, armonía y buena voluntad”, tiene el fin de garantizar la paz, el orden público, el derecho al trabajo, la libre movilización y la seguridad ciudadana, explicó la Policía Nacional en una declaración.
Hasta ahora la Policía únicamente se presentaba en los centros comerciales para misiones específicas, ya que estos son propiedad privada.
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y un saldo de entre 325 y 535 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de “golpe de Estado”.
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.