ETA y Catalunya. La estrategia de oposición de la derecha española con el recién estrenado Gobierno socialista es casi idéntica al machaque al que sometió el PP a José Luis Rodríguez Zapatero con esos dos mismos asuntos. Ahora hay un actor nuevo, Ciudadanos, y escenarios diferentes en Catalunya, donde hubo hace unos meses una fallida declaración de independencia, y en Euskadi, donde ETA se ha disuelto. El “talante” que enarbolaba entonces Zapatero lo ha sustituido el nuevo Ejecutivo por “distensión”. Pedro Sánchez sigue adelante con su plan, a pesar de los ataques.
El presidente se ha sometido a dos sesiones de control desde que llegó a Moncloa y las preguntas del portavoz del PP, Rafael Hernando, han ido en la misma dirección: conocer los pactos detrás de la moción de censura con las que les arrebató el poder. Alentar la connivencia del nuevo Ejecutivo con los nacionalistas se ha convertido en el eje central de las intervenciones del ahora principal partido de la oposición.
En el primer cara a cara, Hernando llegó a reprochar a Sánchez el levantamiento de la supervisión de las cuentas de la Generalitat, que estaba ya prevista con el Gobierno de Mariano Rajoy. “Si hay que decir que Catalunya es una nación, se dice; si hay que tragarse los insultos a los españoles por parte de Torra, se tragan; si hay que trasladar presos y humillar a las víctimas de ETA, pues se hace; si tiene que aceptar de nuevo las embajadas hispanófobas en Europa, pues se aceptan”, le ha dicho Hernando, que ha centrado sus ataques por la intención del Gobierno de acercar a los presos de ETA a cárceles de Euskadi. Hernando ha acusado la presidente de “estar dispuesto a pagar a los terroristas”. El PP acercó a etarras a prisiones próximas a Euskadi cuando estaba el poder.
Pero Sánchez ha insistido en que el nuevo tiempo que se abre tras la disolución de ETA conlleva el estudio de una nueva política penitenciaria y, aunque ha asegurado que esta será “empática” con las víctimas, no está en su agenda prioritaria reunirse con ellas. Sí lo ha hecho el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que minutos más tarde de que Hernando y otros diputados del PP airearan el apoyo de los “amigos de ETA” al gobierno socialista, confirmaba que el acercamiento se llevará a cabo y daba detalles: primero se moverá a enfermos terminales y presos mayores de 70 años. El grado de cumplimiento de las penas así como el repudio al terrorismo serán cuestiones tenidas en cuenta en esa nueva política individualizada y que aún no tiene plazos.
Ciudadanos, que también ha reprochado el uso de la política penitenciaria como “moneda de cambio”, ha cargado contra Sánchez por otros gestos al nacionalismo: “Anunció que querían plantear por primera vez en democracia la ruptura de la caja de la Seguridad Social”, le ha dicho Albert Rivera –cuya pregunta iba a ser sobre una posible subida de impuestos– sobre la intención del Gobierno de analizar con la lehendakaritza la transferencia de algunas competencias. No obstante, en Moncloa ven “muy complicado” entrar en una de las reclamaciones de Iñigo Urkullu: la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.
“Cuando se renueve la vieja derecha, ¿dónde va a quedar usted? –le ha contestado Sánchez–. Está mimentizándose con el PP. Miente como mienten ellos”. “Señor Rivera, voy a cumplir con la Constitución, con el Estatuto de Guernica. Lea el Estatuto de Guernica y sabrá qué competencias se pueden transferir y cuáles no”, le ha contestado. Los gobiernos central y vasco crearán un grupo de trabajo para analizar esas transferencias.
Respecto a Catalunya, PP y Ciudadanos acusan a Sánchez de “pagar un precio” por llegar a Moncloa apoyado por los independentistas. “Cuando hable con Torra, que tenga muy claro que está hablando, dialogando y pactando con el separatismo, no con Catalunya”, ha advertido Inés Arrimadas al presidente del Gobierno.
Sánchez dejó claro que solucionar el conflicto territorial era una de sus prioridades desde el Ejecutivo y ha apelado al diálogo y la distensión desde el principio. De hecho, anunció su intención de reunirse con el presidente catalán. No obstante, para evitar conflictos, Moncloa decidió que la ronda de reuniones con los líderes autonómicos fueran en “estricto” orden de aprobación de los estatutos. Eso situó a Urkullu y Torra a la cabeza. Los siguientes serán Alberto Núñez Feijóo y Susana Díaz.
El Gobierno ofrece a la Generalitat reunirse en la comisión bilateral, estudiar 45 reivindicaciones que Carles Puigdemont hizo a Rajoy (queda fuera la posibilidad de celebrar un referéndum), retirar algunos recursos interpuestos por el anterior gobierno contra leyes del Parlament y está dispuesto a restaurar los elementos del Estatut declarados inconstitucionales. Sin embargo, en Moncloa ha crecido el escepticismo ante la tardanza por parte del Govern de hacerles llegar las propuestas así como por que la única que ha trascendido es que Torra pondrá sobre la mesa el referéndum pactado. Esa es la línea que Sánchez no está dispuesto a traspasar.
Además, ERC está amagando con desmarcarse del Gobierno, que tiene una exigua mayoría en el Congreso, e incluso amenaza con no apoyar el decreto para la renovación de RTVE por la posición del PSOE en la votación de una moción que reclamaba diálogo “sin condiciones ni renuncias”. Los socialistas plantearon una enmienda que hablaba de “diálogo abierto” con la Generalitat en el seno de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat en busca de soluciones “acordadas y democráticas”. Para ERC no era aceptable esa redacción.
A ERC también le molestaron las palabras del presidente desde Berlín en las que aseguraba que había que “pasar página del 1-O”. Joan Tardà ha avisado a Sánchez de que la relación estaba “deteriorada”. El presidente ha intentando limar asperezas y ha explicado que se refería a la necesidad de abandonar la vía unilateral.
A pesar de los ataques de la derecha y de las advertencias de los independentistas, Sánchez ha mantenido su emplazamiento a un diálogo entre las partes, aunque ha admitido que el problema no se resolverá en esta legislatura: “Las cosas han cambiado. No tienen enfrente a un Gobierno que va a usar el agravio para tener votos”, ha señalado Sánchez, que se ha mostrado esperanzado en abrir un “diálogo abierto y sincero” que pueda restañar “heridas”.