Pedro Sánchez se ha reservado varias medidas sociales que llevará a cabo su Gobierno en funciones para anunciarlas en actos de la campaña del PSOE. La novedad respecto a las tradicionales promesas electorales que hacen los partidos cuando se acerca la convocatoria de las urnas es que el líder socialista no solo expone los compromisos para la próxima legislatura sino que utiliza ese escaparate para informar de decisiones que se tomarán en este periodo en el que el Ejecutivo tiene sus capacidades limitadas al despacho de asuntos ordinarios, las cuestiones urgentes o aquellas que respondan al interés general.
El candidato socialista aprovechó su paso por Jaén, una de las provincias que más sufrirá los aranceles a alimentos como el aceite de oliva anunciados por Donald Trump para difundir una de las principales medidas del Ejecutivo en funciones para paliar los efectos de las medidas proteccionistas del presidente norteamericano. Se trata de un “plan de acción para el sector agroalimentario y ganadero en todas comunidades afectadas” que en el caso de Andalucía y Extremadura supondrá la reducción del número de peonadas que se exige a los trabajadores para recibir los subsidios agrarios.
El anuncio fue recibido con aplausos por los asistentes, militantes y afiliados socialistas. Era la primera vez que el Ejecutivo se pronunciaba concretamente sobre esa medida. El ministro de Agricultura, Luis Planas, que es quien está liderando la respuesta al “atropello arancelario”, fue el encargado de dar una primera respuesta tras el Consejo de Ministros del viernes y se refirió distintas reuniones con las comunidades autónomas y contactos a nivel europeo para hacer frente a ese desafío. Sin embargo, evitó pronunciarse públicamente sobre las posibles ayudas.
“El lunes nos reuniremos con todas las comunidades autónomas, el martes por la mañana con todos los sectores afectados y continuarán a lo largo de la semana que viene los contactos con la Comisión Europea para llevar a cabo, efectivamente, esta presión de cara a una negociación que esperamos tenga algún resultado. De no ser así pasaríamos a otra fase y en esa fase deberíamos examinar qué mecanismos existen por parte de la Unión Europea respecto de Estados Unidos y, de igual modo, qué mecanismos de apoyo y compensación podrían existir para los sectores afectados, pero no voy a hablar hoy sobre ello”, expuso ante los periodistas. Las medidas estrella se reservaron para el acto electoral de Pedro Sánchez en Jaén.
Apenas 24 horas antes, la presentación de 35 compromisos sociales del programa electoral del PSOE para el 10N se convirtió en el escenario para vender otra importante decisión que llevará a cabo el actual Ejecutivo: la revalorización de las pensiones conforme al IPC –y no la actualización automática del 0,25%– en el mes de diciembre. La promesa está por escrito en la primera medida de ese folleto.
Hasta ese momento, en el Gobierno habían albergado dudas sobre la posibilidad de llevarlo a cabo, dado que, desde las elecciones del 28 de abril, la capacidad de acción del Gobierno está limitada. De hecho, la ministra de Hacienda, María Jesus Montero, llegó a afirmar que era necesario un Gobierno “que no esté en funciones” para llevar a cabo la subida conforme al IPC. Sin embargo, en Moncloa sostienen que en diciembre podrán llevar a cabo la actualización de las pensiones con un decreto ley apelando al interés general –una de las razones que permite esgrimir la normativa que regula al Ejecutivo para la toma de decisiones en el periodo de funciones–.
El anuncio se llevó críticas por parte del resto de formaciones. El PP acusó al PSOE de meter un tema sensible como las pensiones en campaña, Albert Rivera recordó que esas decisiones deben enmarcarse en el Pacto de Toledo y Unidas Podemos afeó que Sánchez no haya facilitado en su mandato que la subida de las pensiones esté siempre vinculada al coste de la vida.
La gran batalla de las comunidades autónomas contra el Gobierno por la recuperación de los fondos retenidos a partir de determinados impuestos que se recaudan a nivel estatal también obtuvo una respuesta en un mitin de Sánchez. El candidato socialista aseguró en un acto en Valencia que el Gobierno desbloquearía las entregas a cuenta antes del 10 de noviembre.
La noticia fue recibida con una ovación del público socialista en una comunidad, la valenciana, que lleva la lucha por el cambio en el sistema de financiación autonómica como bandera porque es una de las comunidades más perjudicadas. Sin embargo, fue acogido con críticas muy severas por los presidentes del PP, que le acusaron de hacer electoralismo.
Los gobiernos autonómicos llevaban semanas reclamando los 4.700 millones de euros e incluso la Generalitat amagó con llevar el asunto a los tribunales. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, llegó a decir que era inviable por la situación: “No es una cuestión de voluntad política, es una cuestión de cumplimiento de la ley”. Sin embargo, Hacienda dijo unos días más tarde que estaba buscando la “fórmula” para llevar a cabo la devolución. Catorce días después de que Montero dijera que “casi” tenía la resolución, Sánchez la anunció en un mitin.
“El Gobierno está en funciones pero sigue funcionando”, ha afirmado Sánchez en el acto en Jaén. En Moncloa tienen el convencimiento de que el socialista gana vestido en su traje presidencial y es una de las imágenes que explotan desde la moción de censura que le situó en cabeza en todas las encuestas.