Pedro Sánchez rechaza dar órdenes a la Fiscalía para que modifique su posición en el juicio del procés, tal y como le reclaman ERC y PDeCAT. El presidente del Gobierno aboga por respetar la legalidad así como la “autonomía” del Ministerio Fiscal. “El Gobierno de España tiene la ley por un lado y una vocación de dialogar con las partes en Catalunya”, ha expresado: “Queremos dialogar para resolver una crisis política y para eso manifestamos nuestra voluntad de explorar todas las opciones políticas”.
“El Gobierno va a a respetar la legalidad y también la autonomía de la Fiscalía”. Así se ha pronunciado el presidente del Gobierno en una entrevista en la Cadena SER sobre las palabras del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que le ha acusado de falta de “coherencia” al pretender pactar con los independentistas en el Parlamento, donde su apoyo es fundamental para sacar adelante sus propuestas, mientras avala la represión contra los dirigentes de ERC y PDeCAT que están en prisión.
Uno de los principales proyectos que marcará un punto de inflexión en la legislatura son los Presupuestos Generales del Estado, que Sánchez pretende llevar al Congreso a finales de noviembre o principios de diciembre -una vez tenga un acuerdo “sustancial” con Unidos Podemos, pero el socialista ha evitado decir si convocará elecciones en caso de que no salgan adelante, aunque ha dejado la puerta abierta ya que ha subrayado que no son sus presupuestos. “El Gobierno de España trabaja con un solo escenario que es precisamente el de aprobar esos presupuestos”, ha expresado antes de pedir “corresponsabilidad” al resto de formaciones.
El número dos del Govern de Quim Torra es claro al plantear sus exigencias: considera que Sánchez puede influir en la orientación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado en el juicio del procés. “No tiene mucho sentido que por un lado se le esté pidiendo a ERC que vote las cuentas y por otro que se avale la prisión de su líder”, dice Aragonès en una entrevista en El País.
Referéndum para un nuevo Estatut y autogobierno
Sánchez no se ha pronunciado claramente sobre la amenaza de Torra de “abrir las cárceles” si hay una sentencia condenatoria contra los miembros del anterior Govern. “Espero que acierte”, ha dicho sobre la estrategia que pretende llevar a cabo el president de la Generalitat, aunque ha asegurado desconocer lo que planteará Torra en su discurso de este martes. Sánchez espera que los independentistas se alejen del camino de ruptura que se produjo en 2017 y sigue determinado en mantener su hoja de ruta basado en el “diálogo”: “Autogobierno, Constitución y Europa”, ha sido el resumen de su propuesta para Catalunya, que pasa por la votación en referéndum de un nuevo Estatut.
El presidente ha reiterado que activará el artículo 155 de la Constitución para la intervención de Catalunya en caso de que el Govern cometa alguna ilegalidad: “Eso a día de hoy no se ha producido. En el momento en que se produzca, el Gobierno actuará”, ha avisado. En ese sentido, ha reclamado el apoyo de PP y Ciudadanos para cuestiones de Estado tras señalar que no ve a Pablo Casado ni Albert Rivera “con ganas de pactar absolutamente nada con este Gobierno”. Sánchez se ha mostrado en contra de los “símbolos que dividen”, en referencia a los lazos amarillos, y ha abogado por una política en Catalunya con más responsabilidad y menos gestos.
Sánchez ha retomado su agenda nacional tras la gira latinoamericana que la semana pasada le llevó a Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica, aunque también allí los problemas internos se llevaron buena parte del protagonismo. Uno de los asuntos a los que tuvo que responder desde el otro lado del océano fue el viraje del Gobierno en su decisión inicial de no defender al juez Pablo Llarena ante la demanda que Carles Puigdemont ha presentado en Bélgica: “Siempre respondimos de forma positiva a los requerimientos del Poder Judicial”, ha asegurado Sánchez, que enmarca el debate que se produjo era si se podía diferenciar entre agenda privada o no: “Concluimos que no era posible diferenciarlo”.
Otro de los asuntos que le persiguió en el extranjero fue la autorización del Ministerio de Trabajo a la creación de un sindicato de “trabajadoras sexuales” al que el Gobierno se opone. Aunque Sánchez considera que el asunto se ha “dimensionado” y resta importancia a que la secretaria de Estado apoyara una ponencia que aboga por la legalización, avisa de que “cuando uno se incorpora a proyecto político” con una “posición clara y definida”, que en este caso es la abolición de la prostitución, “lo hace con todas consecuencias”.
A Casado: Verdad y justicia necesarias para la concordia
En materia económica, Sánchez ha restado importancia a la “desaceleración” con respecto a las previsiones: “Tenemos buenas bases para ver en el medio plazo un crecimiento sostenido de la economía”, ha afirmado el presidente, que ha prometido un impuesto al diésel que no afecte a los profesionales de la carretera así como trabajar para la creación de empleo. El presidente ha puesto cifra al afloramiento de falsos autónomos a raíz de las cartas que el Ejecutivo está enviando a empresas: 8.000 trabajadores.
No obstante, Sánchez no ha contestado a la pregunta concreta de si impulsará un gravamen a la banca, que era una de sus promesas y se ha referido únicamente a la creación de un impuesto a las transacciones financieras. No obstante, Sánchez aseguró en una conversación informal con periodistas en el viaje de vuelta de su gira por América Latina que “la propuesta del Gobierno es crear un gravamen a la banca para contribuir al sistema público de pensiones”.
También se ha referido a las migraciones ante los vaivenes del Gobierno en su arranque y ha defendido que “España está trabajando para institucionalizar y sistematizar el reparto” de migrantes que llegan a la UE después de la distinta posición que tuvo el Ejecutivo ante la llegada del Aquarius. Además, ha defendido la colaboración con Marruecos para el “control” de la migración. Así, ha asegurado que el Ejecutivo no puede “aguantar” violencia en los “asaltos” a las vallas fronterizas ni “ataques” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Sobre la propuesta de Casado de hacer una ley de concordia, Sánchez ha asegurado que “la justicia, la reparación y la verdad” son requisitos previos a que pueda haber concordia. Así, ha defendido su apuesta por crear una Comisión de la Verdad. A pesar de que ha admitido que “nunca hay una verdad” esa comisión serviría para “encontrar aquellos elementos que definan y que aúnen qué es lo que ocurrió en estos 40 años de dictadura”.
Preguntado por la descalificación de los archivos del franquismo, Sánchez se ha mostrado partidarios y ha abogado por encontrar un “punto intermedio” en los tiempos que plantea el PNV en el marco de la modificación de la ley de secretos oficiales que está en marcha en el Congreso.