Pedro Sánchez ha hecho un balance triunfalista de sus casi siete meses de Gobierno en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros en la que, como es habitual, ha comparecido el presidente. Cree que la economía va mejor y que se han logrado avances en materias sociales y de regeneración. Para lo que ha aprovechado el mandatario socialista es para enviar un mensaje a PP, Ciudadanos y Vox ante su inminente acuerdo en Andalucía: el Gobierno intervendrá si “ponen en cuestión la seguridad de las mujeres” a través de cambios en la ley de violencia de género.
“Si eventualmente se produce ese Gobierno y pone en cuestión o recorta derechos y libertades que están recogidas en leyes aprobadas en Parlamento de España o pone en cuestión la seguridad de las mujeres, el Gobierno de España utilizará todos los instrumentos del Estado para defender la seguridad de las mujeres”, ha sentenciado Sánchez que no ha revelado, no obstante, cuál sería la actuación del Ejecutivo. Normalmente cuando se producen choques entre las normas autonómicas y nacionales, el Gobierno recurre ante el Tribunal Constitucional para que dirima el conflicto.
El presidente ha cargado especialmente contra Ciudadanos por “abrazar las tesis de la ultraderecha de Vox” llegando a un acuerdo para la presidencia del Parlamento andaluz y por negociar ahora un acuerdo de investidura. “Estar al mismo tiempo en el sentido común y con los extremistas no es posible. Ha llegado el momento en que los distintos grupos decidan de qué lado están”, ha explicado antes de aseverar que espera que “los españoles tomen nota” para futuros comicios.
Los socialistas han lanzado una campaña contra PP y Ciudadanos por llegar a lo que consideran el “acuerdo de la vergüenza” apoyándose en la extrema derecha de Vox. El temor en muchas federaciones socialistas es que ese pacto se reedite en otras comunidades tras el 26 de mayo. Sánchez no ha querido entrar en ese asunto: “Lo que sea de España no lo decidiré ni yo ni nadie que no sean los españoles con su voto”, ha sido la respuesta.
“Dos no bailan si uno no quiere”, ha respondido Sánchez a la ruptura de su relación con Pablo Casado después de que le acusara en el Congreso de ser “partícipe y responsable del golpe de Estado” en Catalunya. “Siempre he apelado a la moderación y el sentido común entre los distintos adversarios políticos”, ha expresado el presidente: “Hay una suerte de involución en la renovación del liderazgo del PP. Me gustaría tener una relación normalizada con el principal partido de la oposición”. Sánchez ha insistido en que PP y Ciudadanos están equivocados si creen que “van a moderar a la extrema derecha por pactar” con ella.
Silencio sobre una investidura con los independentistas
Otro de los temores en las filas socialistas es que les pase factura el acercamiento de Sánchez a los independentistas. El presidente ha recalcado que no es lo mismo recibir sus apoyos para una moción de censura que sellar la investidura. No obstante, no ha contestado a si en una futuro investidura tras las generales se apoyaría en ERC y PDeCAT para mantenerse en Moncloa.
Tampoco ha revelado la fecha que prevé para esas elecciones. Preguntado por si un fracaso en los Presupuestos Generales del Estado conllevaría la convocatoria de los comicios, ha eludido contestar más allá de que el Gobierno se esmerará por que salgan adelante: “Va a trabajar por que haya presupuestos”. El presidente ha insistido en que su vocación es “agotar la legislatura”, pero recientemente admitió que un 'no' a las cuentas públicas de 2019 acortaría ese objetivo.
Sobre su relación con los independentistas y la petición de Quim Torra en su reunión del pasado 20 de diciembre de llevar a cabo una mediación internacional sobre el derecho a la autodeterminación, Sánchez ha reiterado que el diálogo tiene que enmarcarse dentro de la Constitución y el Estatut. “Lo demás son monólogos”, ha dicho.
El presidente resta importancia, no obstante, a esa reclamación del Govern: “Lo cotidiano en las reuniones con el soberanismo es que estas cuestiones siempre salen”.
“Ningún elemento para la polémica” la foto con Otegi
En Moncloa obvian el documento de 21 medidas que el presidente catalán trasladó a Sánchez en ese encuentro y se remiten al comunicado que pactó con la Generalitat. “Llegamos a un acuerdo conjunto que dice cosas muy sencillas y básicas que son como los fundamentos de todo diálogo”, ha dicho Sánchez sobre ese texto antes de pedir al Govern que pase de “la voluntad de diálogo al diálogo real”.
Sánchez también ha minimizado la imagen de la líder del PSOE en Euskadi, Idoia Mendia, junto al dirigente abertzale Arnaldo Otegi con motivo de las fiestas navideñas y que ha provocado malestar en las filas socialistas, con la petición de baja de militancia del hijo de Fernando Múgica, que fue asesinado por ETA: “Saben que en estas fechas, como en el preludio de las campañas, se suelen hacer fotografías de distintos grupos. No hay ningún elemento para la polémica”, ha zanjado.
Sobre Franco: “Esperar unos meses más no es problema”
Va a terminar el año y Sánchez no ha conseguido aún llevar a cabo una de sus medidas estrella: la exhumación de los restos del dictador Francico Franco del Valle de los Caídos. El presidente auguró en el mes de julio que se llevaría a cabo antes de que acabara el verano. Después reconoció que había pecado de falta de experiencia al dar ese plazo y, al aprobar el decreto, la vicepresidenta, Carmen Calvo, dijo que estaría resuelto a finales de año.
“Si hemos esperado cuarenta años, esperar unos meses más no es problema para este Gobierno”, ha afirmado el presidente. Moncloa se topó con más dificultades de las que esperaba para sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos. Uno de ellos ha sido la reclamación de la familia para que acabe en la cripta de la Almudena, en pleno centro de Madrid.
Tras decir que el Ejecutivo no podía impedirlo si la Iglesia lo consentía, los socialistas pasaron a la ofensiva para evitar esa imagen: los restos de un dictador en la catedral madrileña. Presentaron enmiendas al decreto de exhumación que se está tramitando como una proposición de ley para amenazar con cerrar la cripta de la Almudena si el cadáver acababa allí. Sin embargo, PP y Ciudadanos han bloqueado la tramitación de esa reforma de la ley de memoria histórica.
Ahora el Ejecutivo se ha dotado del respaldo a través de un informe de la Delegación del Gobierno en Madrid que alega motivos de seguridad para negar a la familia que los restos acaben en el panteón que adquirieron. “Es un procedimiento garantista, la familia va a tener la ocasión de volver a pronunciarse, de volver a plantear sus enmiendas y parecer al procedimiento administrativo”, ha dicho Sánchez. El expediente sigue su curso y en breve se iniciará el plazo de alegaciones para la familia y después el Consejo de Ministros tendrá que resolver el procedimiento de exhumación así como otorgar una ubicación para la inhumación de los restos. En Moncloa dan por hecho que acabarán en el cementerio de El Pardo, donde está enterrada la esposa del dictador.