Apenas ha transcurrido un mes y medio desde que el pasado 3 de diciembre la sesión de constitución de Las Cortes diera el pistoletazo de salida a la XIV Legislatura desde la restauración democrática, pero en estas seis semanas los distintos partidos de la oposición ya han registrado varios cientos de iniciativas –la mayoría de ellas preguntas para el nuevo Gobierno orales o escritas– tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado que deberán ser debatidas y tramitadas en los próximos meses.
Por parte de las derechas representadas por PP, Ciudadanos y Vox, que pretenden protagonizar una oposición sin tregua contra el nuevo Gobierno con recursos ante los tribunales y manifestaciones en las calles, sus prioridades han coincidido con los habituales mantras de las formaciones conservadoras como la lucha contra los nacionalismos periféricos, el endurecimiento de las penas o la presión a la izquierda para intentar vincularla con Venezuela, la corrupción o la manipulación de la televisión pública.
El independentismo ha optado, en cambio, por priorizar las iniciativas relacionadas con el conflicto político que vive Catalunya y por exigir cuentas al Gobierno por la “represión” que dicen padecer por parte del Estado. Y el PNV, más pragmático, ha presentado propuestas para controlar a los gobiernos cuando estén en funciones o para derogar la 'ley mordaza'.
Coincidiendo con el primer pleno de la legislatura que las derechas trataron de crispar desacreditando las promesas de los diputados nacionalistas que emplearon fórmulas alternativas para prometer sus cargos –PP, Ciudadanos y Vox llegaron a recurrir esas promesas ante el Tribunal Constitucional–, lo primero que hizo el Partido Popular de Pablo Casado fue registrar en ambas cámaras sendas proposiciones de reforma del Reglamento para detallar la forma en que se ha de prestar el juramento o la promesa de acatamiento de la Constitución.
Del “sí, lo juro” al “sí, lo prometo”
Los populares pidieron en su texto que esa asunción del cargo se límite a un “sí, lo juro” o “sí, lo prometo”, sin que “pueda preceder ni proseguir ninguna otra expresión a dicha afirmación que vacíe, limite o condicione su sentido propio”.
Con la vista puesta en Catalunya, la primera Proposición de Ley registrada por el PP ese mismo 3 de diciembre fue la que pidió recuperar un tipo penal que desapareció durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: el que prohibía la convocatoria de referéndums ilegales y que castigaba con penas de prisión e inhabilitación “a quienes convoquen, autoricen, promuevan o faciliten consultas sin cobertura legal.”
A juicio de los de Casado, “los acontecimientos ocurridos en Catalunya, con conductas como usurpación de atribuciones o participación en consultas ilegales, merecen un reproche penal para cumplir con el respeto a la Constitución española, como el propio Sánchez prometió en la última campaña electoral”.
En el último mes y medio el PP ha pedido además la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que explique “la intervención de las cuentas andaluzas”; las de la vicepresidenta Carmen Calvo y el propio Pedro Sánchez para que explicaran “las alegaciones de la Abogacía del Estado a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Oriol Junqueras”; la de la ya exministra de Justicia y próxima fiscal general del Estado, Dolores Delgado, “por la posible filtración” de dicho escrito de alegaciones, o de la ministra de Exteriores por el conflicto diplomático que tuvo lugar en el consulado de México en Bolivia en diciembre.
Guaidó y la financiación de Podemos
Venezuela ha sido uno de los grandes ejes de la acción parlamentaria del PP. Ya en enero, los de Casado registraron la petición de comparecencia de Sánchez en el Pleno del Congreso “por la situación en Venezuela” y conocer “si respalda a Juan Guaidó después de su reciente elección como Jefe del Parlamento”, así como la exigencia a la Mesa de la Cámara Baja para que reclame al Tribunal de Cuentas “un informe de fiscalización sobre la financiación extranjera de Podemos para detectar posibles irregularidades”.
En cuanto a las preguntas al Gobierno –el PP ha registrado ya más de un millar– destacan las 375 planteadas sobre RTVE y su independencia, además de las referidas a la entrevista realizada este mismo miércoles al president de la Generalitat catalana, Quim Torra, en la radio pública, así como las que tratan de despejar dudas sobre la supuesta responsabilidad del PSOE y del Gobierno en el caso de los falsos ERE de Andalucía, por el que han sido condenados los expresidentes socialistas –ambos fuera del PSOE– Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Por parte de Vox se ha solicitado la derogación de la ley de Memoria Histórica. Y uno de los diputados más activos en estas seis semanas ha sido Javier Ortega Smith, que a finales del mes pasado registró tres propuestas distintas exigiendo al Ministerio del Interior, al de Exteriores y a Presidencia del Gobierno sendos informes sobre las “negociaciones y conversaciones” mantenidas entre el Ejecutivo de Zapatero y ETA entre 2004 y 2011.
La extrema derecha, a través de su diputada Macarena Olona, también ha registrado preguntas al Ejecutivo sobre las cifras de reingresos de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía, el número de agentes que integran la Agrupación de Tráfico y Seguridad Vial de la Guardia Civil en la Comunidad Foral de Navarra, “así como previsiones para disminuir el número de efectivos en dicha agrupación” a raíz del acuerdo alcanzado entre PSOE y PNV, así como el número de presos condenados por delitos relacionados con ETA que desde que Sánchez está en el Gobierno “han sido trasladados a centros penitenciarios cercanos al País Vasco y/o Navarra”. El líder de Vox, Santiago Abascal, se interesa en distintas preguntas por la ley de Memoria Histórica.
Catalunya, obsesión de Ciudadanos
Ciudadanos acaba de registrar esta misma semana una proposición de ley sobre la Fiscalía para impedir casos como el de Dolores Delgado y que sea incompatible haber ejercido como ministro y ser después nombrado fiscal general del Estado. Y en diciembre ya registró otra propuesta de ley orgánica “de medidas para evitar la impunidad de los huidos de la Justicia”, en clara alusión a los políticos independentistas catalanes como Carles Puigdemont o Toni Comín que viven ahora fuera de España. Asimismo, Ciudadanos ha presentado su propia ley anticorrupción.
La formación que se dice “liberal” ha priorizado además las preguntas al Ejecutivo sobre una avería eléctrica producida en un AVE procedente de Sevilla con destino Barcelona en diciembre, por la diferencia en las previsiones de déficit público proporcionados por el Banco de España y las enviadas a Bruselas por el Gobierno en funciones o, en clave catalana, por las “posibles medidas del Gobierno para impedir que prófugos de la justicia puedan concurrir a los procesos electorales”.
Su portavoz Inés Arrimadas, se interesa también por el “estudio realizado por Plataforma per la Llengua, con el consentimiento de la Generalitat de Cataluña, mediante el cual se espió a los alumnos de los centros educativos catalanes para conocer su uso del catalán durante el horario de recreo”.
Las consecuencias del procés
Las fuerzas nacionalistas que con su apoyo o abstención facilitaron la investidura de Sánchez pero que se sitúan en la oposición a la coalición de PSOE y Unidas Podemos, han priorizado los asuntos territoriales. Los grupos de ERC y EH Bildu en el Congreso, y en el Senado presentaron en diciembre una batería de más 200 preguntas al Gobierno “relacionadas con la represión y la persecución que se ha ejercido en Catalunya los últimos meses, por parte del Estado español, a nivel judicial, policial y político”, sobre todo después de conocerse la sentencia del procés.
ERC también ha registrado una batería de preguntas escritas al Ejecutivo sobre las detenciones de los nueve CDR el pasado 23 de septiembre, “acusados de delitos muy graves”, y que finalmente fueron excarcelados bajo fianza, así como solicitudes de comparecencias del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que dé explicaciones sobre esos arrestos.
Y la diputada de EH Bildu, Bel Pozueta, registraba este mismo miércoles otra batería de preguntas en el Congreso para pedir explicaciones al Gobierno por el recurso de inconstitucionalidad contra la actualización del Derecho Civil de Navarra aprobado el martes por el Consejo de Ministros y solicitaba en clave irónica la comparecencia de la vicepresidenta Carmen Calvo en la Cámara Baja para explicar si esa decisión responde a la apuesta “por retomar la senda política y dejar atrás la judicialización”.
Al igual que los republicanos de ERC, los diputados de JxCat también han puesto el foco en Catalunya en este mes y medio de legislatura. Su portavoz, Laura Borràs, ha registrado en ese periodo distintas preguntas al Gobierno sobre el despliegue de efectivos de la Guardia Civil tras la sentencia del procés, acerca de las medidas previstas “para mejorar la independencia de la Justicia en España”, o sobre la “justificación del hecho de que el eurodiputado Junqueras esté todavía en prisión, a pesar de tener inmunidad y a pesar de haber sido condenado con posterioridad a ser elegido europarlamentario”.
En cuanto a las proposiciones de ley, el PNV es el grupo que más ha registrado en estas seis semanas: un total de cinco. Los nacionalistas quieren regular la obligación de los ejecutivos para que les sea ejercido el debido control en el Parlamento cuando estén en funciones, reformar la ley de secretos oficiales para poder tener acceso a los archivos del franquismo, o derogar la ley de seguridad ciudadana, la llamada 'ley mordaza' aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.