'Perla Negra' y la Trama eólica: los dos casos que acorralan al presidente de Castilla y León
En la pasada campaña electoral el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, presumía de que la Comunidad no estaba “en el mapa de la corrupción”. Hoy, el cerco se estrecha sobre altos cargos de la Consejería de Economía y la sombra de la sospecha planea sobre el propio Herrera, que hace dos semanas se vio obligado dar explicaciones después de que dos informaciones apuntasen a él como conocedor de los dos casos.
Perla Negra
'Perla Negra' es el sobrenombre popular del Edificio de Soluciones Empresariales de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, en referencia al color de los cristales del inmueble y a la conocida película de piratas de Johnny Depp. El caso, en actualidad en instrucción, investiga también otra operación que se realizó para hacer un polígono industrial en Portillo. En ambos proyectos se produjo presuntamente un sobrecoste millonario. Las dos operaciones las realizó la empresa pública de gestión de suelo de la Junta, Gesturcal, actualmente absorbida por la Agencia de Desarrollo Económico (ADE). La investigación la impulsó la Fiscalía Anticorrupción en diciembre de 2013, después de que las Fiscalías de varias provincias recibiesen un escrito de denuncia que firmaba el exdelegado de Gesturcal, Jesús Carlón y que llevaba por título 'El hundimiento impune de una empresa pública'.
El documento se elaboró en 2009, momento en que se llevó a cabo un ERE en Gesturcal, y se remitió no sólo a los trabajadores, sino también a los medios de comunicación de Castilla y León, que no se hicieron eco de la denuncia. En el escrito, Carlón detallaba que los trabajadores no habían tenido nada que ver en decisiones que pilotó el Consejo de Administración a través de personas y sociedades interpuestas. “La sociedad adquirió por decisión exclusiva de su Consejo de Administración el famoso edificio paramero”, decía sobre el inmueble que se construyó en Arroyo de la Encomienda, una localidad del alfoz de Valladolid. Según Carlón, la operación “supuso el mayor pelotazo dado en esta región en democracia. Un edificio que en proyecto estaba valorado en 24 millones de euros fue adquirido por la empresa pública en 60 millones y menos mal que lo compró, porque el compromiso inicial, firmado en contrato, era un arrendamiento obligatorio por 70 millones en un plazo de 15 años. La salida a la luz del contrato en prensa evitó la consumación del disparate”.
Cuatro años después de que se filtrase el escrito y cuando este llegó a la Fiscalía, la maquinaria judicial se puso en marcha. Casi un año después, en noviembre de 2014, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y funcionarios de la Intervención General del Estado (IGAE) entraron en el Perla Negra para recabar toda la contabilidad correspondiente al periodo entre 2008 y 2014. A la vista de la información, el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid abrió diligencias. En la actualidad hay 26 imputados, parte de ellos pertenecen a la cúpula de la Consejería de Economía y el resto son los empresarios y las sociedades que participaron en las operaciones.
Los informes de la UDEF y de la IGAE apoyan la tesis de que hubo un sobrecoste en las compras, e incluso han hallado dobles facturas en el caso del edificio. Pagos que se realizaron dos veces, una a la constructora, Parqueolid (cuyo presidente ya fue condenado en febrero a 12 años de prisión, 39 millones de multa e indemnización de 1,2 por fraude a la Hacienda Pública) y otra a la promotora Urban Proyecta, vinculada societariamente a Parqueolid. Pero además, el pasado mes de mayo, eldiario.es informó sobre la adjudicación 'a dedo' de un contrato de 4,4 millones de euros a Unifica Servicios Integrales, el estudio de arquitectura que se encargó de la reforma de la sede del PP de Madrid y que fue pagada con la 'caja b' del tesorero Luis Bárcenas. La información obligó a la Junta a tomar una decisión que había postergado durante los dos años de instrucción, la personación en el caso. Lo complicado será articular una acusación creíble, ya que la Junta está sufragando la asistencia letrada de casi todos los imputados.
Trama eólica
Un informe de la Agencia Tributaria fechado en diciembre de 2014 reveló la existencia de una trama en la que se mezclaban empresarios de Castilla, ex altos cargos de la Consejería de la Economía de la Junta de Castilla y León, y compañías eléctricas. Según el informe, se sospecha de “la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo” que cobraron de las eléctricas al menos 110 millones de euros para agilizar la tramitación de parques eólicos en Castilla y León. El modus operandi era sencillo: los empresarios 'afines' a la Junta iniciaban la tramitación de un parque eólico, poco después se asociaban con una compañía eléctrica, obtenían la autorización para la explotación del parque, y vendían su parte de la mercantil a la eléctrica. Así, el ejemplo más claro es el de un ex alto cargo de la Junta, que invirtió 24.400 euros en la creación de una eólica y que acabó vendiendo por 47 millones de euros.
Había otras fórmulas, que consistían en bloquear las autorizaciones a empresarios no afines hasta que, agotados, cedían y vendían a terceros. En esos casos, la autorización llegaba rápidamente, apenas días después del cambio de titularidad, como ocurrió con el caso Ibervento, del que informó eldiario.es el pasado lunes. En la actualidad el caso sigue en la Fiscalía Anticorrupción.
Los protagonistas
Juan Vicente Herrera: Hasta el pasado martes no había dado una sola explicación sobre ambos casos, se limitó a decir que confiaba en los funcionarios y responsables de la Consejería de Economía. Sin embargo, la publicación del caso Ibervento en eldiario.es y en el que se detallaba que un empresario le alertó de que se estaba produciendo un “abuso de poder” y la declaración como imputado de Pablo Trillo, que aseguró al juez de que avisó a Herrera de que el precio de compra y alquiler del 'Perla Negra era disparatado“, le ha obligado a comparecer ante los medios para decir que se pone a disposición del juez aunque considera que las decisiones que se tomaron en los dos casos fueron ”acertadas“. Aún así, Juan Vicente Herrera asegura que desconoce que altos cargos de la Junta cobraron comisiones millonarias y se niega a realizar valoraciones ”hasta que estudie“ los datos, que están en los medios de comunicación desde hace un año.
Tomás Villanueva: Hasta junio de 2015 fue consejero de Economía. Varios imputados del caso Perla Negra han asegurado al juez que era él quien tomaba todas las decisiones, entre ellos está un hombre al que él definió como de su “equipo”, Rafael Delgado. Defiende que la Consejería jamás recibió una denuncia sobre la actuación de los funcionarios en la tramitación de parques eólicos. Pablo Trillo declaró ante el juez que fue llamado 'a capítulo' por el consejero cuando cuestionó las decisiones que se tomaban sobre el edificio Perla Negra. Además desveló que era contrario a la contratación del despacho Garrigues para elaborar un informe de viabilidad económica, porque esta se produjo mientras el hijo de Villanueva estaba en pleno proceso de selección para el bufete (hoy es asociado). En la actualidad Garrigues defiende a los imputados de la Junta.
Pablo Trillo: El hermano del exministro Federico Trillo está imputado en el caso 'Perla Negra'. El actual delegado territorial de la Junta en Valladolid es quien ha realizado las declaraciones más incendiarias, poniendo el foco sobre Juan Vicente Herrera y Tomás Villanueva. Fue él quien en septiembre de 2008 advirtió al presidente de que la operación que se estaba realizando tenía un precio disparatado. En los próximos días presentará un escrito pidiendo que se archive su investigación por considerar de actuó correctamente. Herrera ha respaldado su declaración tras una conversación que, según él “discurrió con serenidad”.
Rafael Delgado: Está imputado en el caso 'Perla Negra' y la Agencia Tributaria lo señala como una pieza clave en la Trama Eólica. Rafael Delgado fue consejero delegado de Gesturcal y vicesecretario de Economía. En el primer caso, Delgado firmó las facturas de 4,4 millones de euros en favor de Unifica Servicios Integrales. Asegura que todas las decisiones las tomaba Tomás Villanueva. Hace dos semanas, cuando la actual consejera de Economía anunciaba la personación de la Junta en el caso para actuar únicamente contra Delgado, envió un comunicado para instar a la consejera a rectificar o en caso contrario emprendería acciones legales contra ella. No sería la primera vez, también quiso que el autor del escrito de la denuncia que generó la investigación rectificase. Considera que ha cometido un delito contra su honor a pesar de que ni siquiera le menciona. En cuanto a su supuesta participación en la Trama Eólica, Delgado optó por la fórmula de la avocación, para que las autorizaciones pasasen directamente por sus manos.
En el informe de Hacienda se dice de él que “desempeñó un puesto muy importante en dos consejerías de la Junta de Castilla y León (Economía y Educación) cuya titularidad correspondió al consejero Tomás Villanueva, de manera que cuando el consejero cambiaba de consejería también lo hacía Delgado, ya fuera como viceconsejero o secretario general”.
En concreto destaca que “resulta cuanto menos sorprendente que en los meses previos al 12 de julio de 2007, cuando Rafael Delgado deja su puesto de viceconsejero de Economía, para ocupar el de secretario general de la misma consejería, se produjera la firma de un gran número de resoluciones, hecho que resulta inusual de haberse seguido la secuencia temporal que debería haber llevado el proceso de autorización de los parques”. Rafael Delgado dejó la Junta en 2011 y poco después, según un informe de la Agencia Tributaria, recibió 535.721 desde Suiza. además de que una empresa propiedad de un amigo íntimo le pagó la hipoteca del chalé que en 2005 había comprado en Comillas (Santander) a Alberto Esgueva, el otro cargo implicado por el supuesto cobro de sobornos en la ‘trama eólica’. Un año después le compró otro chalé en Valladolid a Esgueva y la empresa de su amigo pagó dos años después reformas por valor de más de 55.000 euros. Pero las operaciones más extrañas se producen a raíz de dejar la política. En 2012 compró un piso en Valladolid por 498.657 euros. Además, hay operaciones entre el amigo íntimo, Alberto Esgueva y Delgado, que se van transfiriendo cantidades, algunas procedentes de Suiza.
Alberto Esgueva: Es el principal beneficiario de la Trama Eólica, con la que ganó 47 millones, y está imputado en el caso 'Perla Negra' junto a su hermano Francisco, uno de los empresarios que compró terrenos en Portillo para revenderlos por un precio supuestamente más alto a la Junta. Francisco y Alberto Esgueva, eran los propietarios de una próspera empresa, Cartonajes San Cayetano, que obtuvo subvenciones de la Junta que se revelaron fraudulentas y que ahora adeuda. La empresa está en concurso. Alberto Esgueva se desvinculó de ella en 2004 para entrar en política.
Fue consejero delegado de Excal, la agencia de internacionalización de la Junta, entre 2003 y 2006, y su paso fue tan fulgurante como cuestionado. Tal y como publicó eldiario.es, Esgueva cobró de la Junta a través de una sociedad limitada, y además se dobló el sueldo en cuestión de 7 meses. Un informe del Consejo de Cuentas, de un sólo año de su paso por Excal dejó al descubierto una gestión deficiente y unos gastos injustificados. Su presencia en la Trama Eólica es paralela a su cese como consejero delegado. Esgueva creó entonces la eólica Vientos de Tamara SA, que presidía y de la que era vocal Germán José Martín Giraldo, que también formaba parte de Urban Proyecta PM3 S.L., una de las empresas investigadas en el caso 'Perla Negra' . Aunque crea más eólicas, es San Cayetano Wind la que le hace rico. La creó con 24.400 euros e Iberdrola se asoció con él, consiguió la autorización, y le compró su parte por 47 millones. Con ese dinero, intentó poner en marcha un proyecto fallido en la localidad de Montealegre de Campos.
Actualmente medio pueblo es de Hacienda y el otro medio de Banco Sabadell, que embargaron sus propiedades por impago, tal y como publicó eldiario.es. Poco después, Esgueva se marchó a Polonia en compañía con el otro imputado, Martín Giraldo, con quien fundó Cronos Global, una constructora que levanta edificios de lujo y que pasa ahora por sus horas más bajas, fuentes cercanas aseguran que por la publicidad negativa que generó el caso de la Trama Eólica.
Además, es el propietario de una sociedad que aparece en la lista de morosos hecha pública por Hacienda. Intercatia Corporación S.L debe 18.576.761,33 euros a las arcas públicas. La compañía tiene esa deuda pese a que contaba con un patrimonio de 47 millones de euros. Intercatia, que se creó hace 24 años bajo el nombre de Torre Adrado, absorbió otra sociedad de Esgueva, San Cayetano Wind, que es la que le hizo ganar 47 millones de euros tras asociarse con Iberdrola.
Cuando Esgueva vendió sus acciones a Iberdrola, consideró que la venta de participaciones sociales estaba exenta de IVA. Sin embargo, en el año 2012 el Tribunal Económico de la Administración Central reclamó el 21% de IVA por considerar que se había producido una prestación de servicios, y ello a pesar de que Iberdrola lo negó y aseguró haber realizado todas las gestiones sin Esgueva.
