Personajes y métodos de las cloacas regresan con el juicio del acoso de López Madrid y Villarejo a la doctora Pinto

Pedro Águeda

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La defensa de Javier López Madrid ha logrado que se retrase hasta el próximo año el juicio por acoso, coacciones y lesiones a Elisa Pinto que se iba a celebrar a partir del lunes contra el empresario. Se sentará en el banquillo junto al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Hace tres días, el abogado de López Madrid alegó sin éxito que no había tenido tiempo de preparar un juicio cuya fecha se fijó hace diez meses y, este jueves, tres días después, ha presentado un parte médico por ansiedad que la jueza ha estimado como motivo suficiente para aplazar la vista. 

La proximidad del juicio contra López Madrid y el comisario Villarejo ha despertado movimientos que reproducen la época más efervescente de las cloacas policiales y sus entornos. A once días de la que iba ser fecha de arranque de la vista, un abogado presentó un escrito ante el tribunal asegurando que la imputación de Villarejo resulta de la manipulación y el concierto entre la doctora Pinto y un comisario, Jaime Barrado, que investigó el acoso a la mujer durante un tiempo. 

Los hechos que denuncia ahora ese abogado ocurrieron hace más de nueve años, cuando la doctora reconoció a Villarejo en un reconocimiento fotográfico al que la citó el comisario Barrado. Según el letrado denunciante, tanto él como otro abogado escucharon de boca del comisario Barrado que todo era un montaje para acusar a Villarejo. 

La identidad de estos dos abogados resulta trascendental para entender la denuncia de última hora presentada por uno de ellos. Quien firma el escrito es José Luis Moreno Cela, un nombre que se repite en el sumario del caso Villarejo como miembro del entorno del comisario. 

De hecho, Moreno Cela ha estado imputado recientemente en una de las piezas acusado de haber participado en las maniobras para atacar al abogado de Luis Bárcenas e impedir la publicación de información perjudicial para el PP que guardaría el letrado. La conocida como ‘Kitchen jurídica’ también contó con la imputación del número dos de Interior en esa época, Francisco Martínez, y del propio Villarejo, pero acabó siendo archivada por el juez Manuel García Castellón. 

En la denuncia, Moreno Cela asegura que el comisario Barrado habría hecho esa confesión también en presencia de otro letrado, José Aliste, quien estaría dispuesto a corroborarlo. ¿Y quién es José Aliste? Pues otro habitual de las agendas del comisario Villarejo e imputado en un juzgado de Madrid por participar en un episodio de la guerra sucia contra Podemos, el caso Caranjuez, a cargo de la brigada política durante el Gobierno del PP. 

La titular del Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid, que juzgará el presunto acoso, coacciones y lesiones a la doctora, reaccionó dictando una diligencia de ordenación con tres líneas en las que acordaba dar traslado a las partes del escrito y, “una vez verificado”, se devolviera a su autor. 

El escrito no ha tenido, por ahora, más repercusión en el proceso. Pero sí fuera de él. El diario ABC tituló: “Un nuevo testigo acusa al comisario del caso de la doctora Pinto de manipular las pruebas”. La publicación en el periódico es del 26 de septiembre y no menciona la respuesta de la jueza devolviendo el escrito, acordado en una diligencia del 18 de septiembre, ocho días antes de la publicación.

Aplazado el juicio once años después

La primera denuncia por acoso en la Policía de la doctora Pinto fue presentada en el otoño de 2013. Cuando parecía que, once años después, por fin llegaba el momento de juzgar los hechos, otro movimiento ha provocado su aplazamiento hasta 2025. Pese a que López Madrid está representado por tres abogados personados en el procedimiento, el cuadro de ansiedad que recoge un parte médico presentado por quien encabeza el equipo jurídico ha convencido a la jueza del aplazamiento. 

Según informan fuentes jurídicas, ese parte es de un centro médico que asegura que el letrado describe ansiedad relacionada con su trabajo, por lo que le recomienda 15 días reduciendo sus tareas y la ingesta de un ansiolítico. El colapso de la justicia obliga a que el aplazamiento suponga meses de espera. Una amplia lista de comparecientes, en jornadas que se iban a prolongar durante un mes, no encontrarán una sala de vistas disponible en la Audiencia Provincial hasta ya entrado el próximo año. 

Esa lista de testigos incluye a algunos de los más destacados miembros de la brigada política del PP, incluido su artífice, el comisario Eugenio Pino, director operativo de la Policía entonces. O el comisario Andrés Gómez Gordo, recientemente condenado en el caso Ciudad de la Justicia y que se sentará en el banquillo de la operación Kitchen junto a Pino. 

En el juicio por el acoso a la mujer, ambos policías deberán responder sobre las maniobras para evitar que Villarejo se sometiera a la rueda de reconocimiento que finalmente tuvo lugar en 2017 y que precedió a su imputación por haber pinchado presuntamente a la doctora tres años antes mientras le decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”. La Fiscalía pide 13 años y dos meses de cárcel para cada uno de los dos acusados, Villarejo y López Madrid. 

Guerra sucia en Internet

La defensa de la doctora Pinto ha solicitado al Juzgado de lo Penal que intervenga la difusión de dos canales de Youtube creados los pasados días 13 y 21septiembre que intentan difundir y posicionar en los buscadores de Internet la tesis de las defensas, según la cual, la doctora Pinto se inventó el acoso de López Madrid cuando ella era quien perseguía al empresario, yerno del fallecido Juan Miguel Villar Mir. 

La doctora estuvo imputada por una denuncia de López Madrid en ese sentido, pero un juzgado de Madrid acabó por archivar las actuaciones, que siguió durante años, después de que la jueza que investigaba al empresario, con respaldo de la Audiencia Provincial, propusiera juzgarle junto a Villarejo. López Madrid fue condenado por las tarjetas Black de Caja Madrid y aún tiene pendiente sentarse en el banquillo en la Audiencia Nacional por contratar a Villarejo y en el caso Lezo, por corrupción junto a Ignacio González.