Dos personas se disputan la presidencia de la Comisión de Garantías de Podemos
El conflicto abierto entre la dirección de Podemos y la Comisión de Garantías (CdG) a cuenta de los nuevos estatutos del partido ha llevado al tribunal interno del partido a un choque de legitimidades en el que dos personas dicen presidir el organismo que debe velar por la seguridad jurídica en el seno de la formación.
La II Asamblea Ciudadana de Podemos sirvió para renovar los órganos del partido. Entre ellos, la Comisión de Garantías Democráticas. El resultado (aquí, en PDF) deparó un tribunal ajeno a las pugnas de familia y corrientes que había dominado las semanas previas a Vistalegre 2. De los 10 miembros elegidos por los inscritos, seis pertenecían a una lista de juristas (Profesionales de la justicia) que llevaban la independencia como primer punto de su propuesta. Otros tres representantes fueron elegidos de la lista L@s Republican@s. La última salió de la llamada lista blanca, formada por candidaturas individuales. Ninguna de las principales figuras política del partido había pedido el voto de forma oficial para ninguna candidatura.
Los primeros meses tras la Asamblea de febrero fueron tranquilos para la CdG, pero la redacción de los nuevos estatutos de Podemos desató una batalla soterrada por el control de Garantías que ha terminado con los miembros del tribunal interno enfrentados entre sí, con dos presidentes y una indefinición sobre el número real de personas que lo componen.
El conflicto surgió en pleno verano y en pocos días dinamitó el organismo. El 26 de julio, la Secretaría de Organización de Podemos que dirige Pablo Echenique trasladó a la CdG los nuevos estatutos del partido, fruto de la transposición de los documentos ganadores en Vistalegre 2 a un lenguaje jurídico. Dos días después, el pleno de la Comisión tumba algunos de los artículos de la nueva normativa interna de Podemos: los referida a la propia CdG y el conocido como régimen disciplinario. El Dictamen número 3 que publicó eldiario.es el miércoles y que ha sido respaldado por cinco comisiones de garantías autonómicas, entre ellas la de Madrid.
La aprobación de este dictamen no fue unánime. Entre el 10 y el 13 de agosto se produjo un golpe de mano en el interior de Garantías. Algunos miembros de la CdG denunciaron ante el Consejo de Coordinación (la ejecutiva del partido) a la presidenta del tribunal interno. La ejecutiva que lidera Pablo Iglesias abrió un expediente disciplinario que remitió de nuevo a Garantías. Una de las denunciantes instruirá el expediente y otro de ellos fue elegido nuevo presidente provisional, tal y como adelantaba este miércoles El Mundo.
A partir de ahí, el choque de legitimidades entre dos personas que dicen presidir un organismo (Olga Jiménez y Argiro Giraldo) y cuyo pleno tiene cinco o nueve miembros, según a quién se pregunte. La propia CdG aprobó que los suplentes formaran parte del pleno, como ya había ocurrido en 2014. Una decisión que no se había intentado desmontar hasta el Dictamen número 3.
En juego, el control de uno de los órganos fundamentales de un partido político. Pero no solo. Desde febrero, el pleno de la CdG ha instruido y resuelto expedientes que podrían verse revocados si finalmente se desautorizan los acuerdos previos de Garantías. Y si finalmente Jiménez y los suyos ganan el pulso, será Pablo Echenique y los nuevos estatutos, ya registrados ante el Ministerio del Interior, los que pendan de un hilo.
