Nadie quiere hacer el informe clave del caso Neurona, que puede llevar tanto al archivo como al enjuiciamiento de la última pieza de la causa abierta en torno a Podemos y sus cuentas. Hasta 11 peritos han rechazado el encargo del juez Escalonilla para comprobar si el dinero que el partido pagó a la consultora por los trabajos de 2019 eran demasiado altos, y ha pedido a la Policía que encuentre a alguien para hacer el análisis. Mientras tanto, la formación de Ione Belarra ha pedido el archivo del caso y ha aportado su propia comparación del precio que pagaron con lo que abonan otros partidos o administraciones públicas por trabajos similares, concluyendo que no existió ningún tipo de sobreprecio irregular.
El caso Neurona arrancó a mediados de 2020 en un juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid después de que José Manuel Calvente, antiguo abogado del partido, relatara durante varias horas un rosario de supuestas irregularidades contables y de financiación cometidas en el seno de Podemos: desde una 'caja B' hasta sobresueldos irregulares pasando por el uso de altos cargos públicos para cuidar de los bebés de Irene Montero y Pablo Iglesias.
Dos años y medio después, todas las piezas que se abrieron a raíz de aquella declaración y posteriores testificales han quedado archivadas menos una: la que investiga si hubo sobreprecios en los pagos a la consultora mexicana Neurona por los trabajos que hizo para el partido en la campaña electoral de 2019. Podemos pagó en torno a 363.000 euros y el juez Escalonilla investiga desde hace más de un año si existió un sobreprecio o si se pagó por trabajos que no se realizaron. Si se usaron fondos electorales, dijo el juez en contra del criterio de la Fiscalía y del partido, podría existir un delito electoral.
Ese último informe, clave para cerrar el caso o enviarlo a juicio, se atasca en el juzgado de Escalonilla mientras el partido afronta la posibilidad de presentarse a los comicios municipales y autonómicos del próximo mes de mayo imputado en este caso sin que ese documento haya llegado. Hasta seis empresas y consultoras han rechazado el encargo y el instructor, directamente, ha pedido a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía que busque “consultoras electorales que pudieran estar capacitadas para la realización del informe pericial acordado en las presentes actuaciones”.
En la nómina de imputados permanece el propio partido, su fundador Juan Carlos Monedero y el exdiputado y antiguo dirigente de comunicación, Juanma del Olmo. Su último movimiento ha sido solicitar el archivo del caso después de hacer su propia comparación: entre lo que pagaron por los trabajos de Neurona en 2019 con otros contratos firmados desde el sector público en el ámbito de la comunicación audiovisual. Concluyen que el precio abonado y que el juez considera sospechoso es “asimilable” al de contratos firmados por la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Agricultura o el Patronato de Turismo de Córdoba, entre otros.
Alega Podemos en primer lugar que en el último año han acreditado que los trabajadores de Neurona realizaron, efectivamente, una serie de funciones en la campaña y que no existieron pagos por trabajos irreales, tal y como han declarado los propios testigos y trabajadores de la consultora: “No existen indicios de que se haya producido ninguna supuesta escasa actividad por parte de Neurona, que a su vez pueda ser considerado indicio de distracción de los fondos abonados por la coalición electoral; lo que, unido a que no hay ni un solo indicio de uso distinto del pago de los servicios, debe abocar al archivo de las actuaciones por inexistencia de delito”, concluye.
A lo largo del escrito en el que pide el archivo, Podemos también destaca que el magistrado Escalonilla ha pasado de considerar acreditada la realización de 48 vídeos y diseños gráficos a pedir una pericial sobre el precio de 370 archivos en total.
“Se encuentra en los valores normales de mercado”
Además, ante la ausencia de peritos, Podemos pone en valor el análisis que ellos mismos hacen de otros contratos del sector público por servicios similares. Por ejemplo, un plan de comunicación para desarrollar campañas del Programa Nacional de Desarrollo Rural que costó 600.000 euros al Ministerio de Agricultura en 2020. O la grabación del vídeo promocional “Quiero Madrid” de Gracia Querejeta por el que la Comunidad de Madrid pagó 144.274,20 euros. Concluye Podemos que ellos pagaron 6.250 euros por vídeo, mientras que en el resto de contratos la media asciende a 37.418 euros. Analizado por cada minuto de vídeo, Podemos pagó una media de 8.333 euros a Neurona y el resto de organismos públicos 9.706 euros.
Aclara el partido que la comparación que han hecho abarca solo los vídeos, mientras que los trabajadores de Neurona “abarcó más productos y servicios”. “Queda patente que el servicio global pactado y abonado se encuentra en los valores normales de mercado”, concluye el partido de Ione Belarra.