El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) de El Salvador pidió hoy a un tribunal colegiado que deseche una apelación presentada por ex altos mandos del Ejército contra la reapertura de la causa penal por la masacre de seis jesuitas en 1989.
El 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón elite Atlácatl del Ejército asesinó a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López. También a Elba Ramos y su hija Celina, colaboradoras de los religiosos.
La defensa del coronel, Francisco Elena Fuentes, y del general, Orlando Zepeda, que formaron parte del grupo de jefes castrenses señalados como “autores intelectuales” del crimen, apeló el pasado 23 de abril la reapertura del proceso ordenado por el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador.
El director de la Idhuca, José María Tojeira, indicó este lunes que la defensa de los militares “ha repetido siempre las mismas ideas” en diferentes instancias en las que han señalado que el asesinato de los jesuitas, junto a dos de sus colaboradoras, “es cosa juzgada”.
“El crimen es imprescriptible y lo que ha habido antes es una farsa de juicio, por eso el juez lo ha anulado y esperamos que la Cámara (Tercera de lo Penal) haga lo mismo”, señaló Tojeira en declaraciones a la prensa, en referencia al proceso del año 2000 en el que se exoneró a lo involucrados.
Manuel Escalante, abogado del Idhuca, dijo a Efe que su organización presentó su postura de rechazo ante los jueces de la cámara, al igual que la Fiscalía General de la República (FGR).
El pasado 17 de abril, el Juzgado Tercero de Paz declaró la “nulidad absoluta” del sobreseimiento dictado en el año 2000 en favor de 6 militares y el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), y desechó las “excepciones” presentadas por los defensores de “cosa juzgada” y “falta de acción”.
Esta reapertura del proceso judicial se dio en respuesta a la petición del Idhuca, en cuyo campus fueron ejecutados los religiosos, entre ellos cinco españoles, presentada en noviembre de 2017.
Tojeira sostuvo en esa fecha que la petición de reapertura no incluye a los “autores materiales” sometidos a una “farsa de juicio” en 1992 y en el que fueron condenados a 30 años de prisión dos uniformados.
Además de Cristiani son acusados de planificar el crimen los militares en retiro Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Orlando Zepeda, el difunto René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano.