La doctora Pinto pide que se archive la denuncia de López Madrid contra ella por acoso
La reapertura de la investigación por acoso a la doctora Elisa Pinto contra Javier López Madrid ha motivado que la defensa de la mujer solicite el archivo inmediato de la denuncia que el empresario puso contra ella por los mismos hechos. Alega la defensa de Pinto que los hechos investigados en dos juzgados distintos son los mismos y que la Audiencia de Madrid ha avalado el relato de la mujer de tal forma que la jueza que la mantiene imputada debe decretar el archivo de la causa.
La Audiencia de Madrid dio un vuelco al caso la semana pasada al ordenar a la jueza Belén Sánchez que reabra el caso contra López Madrid. Esa magistrada había cerrado la investigación el 26 de febrero pasado de forma apresurada. Ese mismo día, la defensa de la doctora había presentado un extenso escrito en el que denunciaba un complot policial para encubrir al yerno de Juan Miguel Villar Mir que no fue atendido por la titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid.
El recurso presentado por la defensa de Pinto ha sido atendido en parte por la Sección 15 de la Audiencia de Madrid, que ordena la reapertura del caso y la práctica de varias diligencias, entre ellas una rueda de reconocimiento al comisario José Manuel Villarejo, al que la doctora reconoció en comisaria “sin ningún género de dudas” como el hombre que la pinchó por orden de López Madrid. El policía niega los hechos. Por contra, los jueces de la Audiencia de Madrid han rechazado unificar ambas causas.
“El citado auto reconoce la existencia de una coherencia entre las denuncias y el relato de hechos de doña Elisa Pinto, apoyada por corroboraciones externas, como las declaraciones de sus personas más allegadas y conversaciones grabadas por la propia Policía, así como estudios de geolocalización de teléfonos que resulta contradictorios con posteriores informes del inspector CNP 078772, que confirman el efecto de atemorizamiento y miedo real sufrido por doña Elisa, así como la existencia de dos agresiones físicas que lo justifican”, dice el escrito de la defensa.
El policía al que se refiere la abogada de Pinto es el inspector que elaboró una serie de informes en los que se culpaba a la doctora del acoso, se le llegaba a acusar de haber utilizado a su hijo menor de edad en las amenazas y se la evaluaba psicológicamente sin siquiera haberla entrevistado. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incorporado al sumario, pone de manifiesto la “estrecha relación” de López Madrid con un grupo de mandos policiales.
Además de para archivar la causa contra López Madrid, los informes policiales llegaron a tiempo para evitar la rueda de reconocimiento al comisario Villarejo, al que la Dirección Adjunta Operativa de la Policía había excusado en dos ocasiones anteriores por estar supuestamente en misiones en el extranjero.
El auto de la Audiencia de Madrid, sin embargo, ignora esas conclusiones policiales a la hora de reabrir el caso. La defensa de la doctora recupera afirmaciones de ese auto, como las referentes a las llamadas de acoso que la Policía asegura que la mujer se hizo a sí misma y que resultan incompatibles con un informe de la Guardia Civil que sitúa al autor de esas llamadas en las inmediaciones del domicilio de la doctora cuando ella estaba en la República Dominicana.
La doctora también alude a la visita que realizó por sorpresa López Madrid a su consulta y cuyo contenido grabado fue publicado por algunos medios de comunicación. La mujer presentó un informe pericial que concluye que la conversación, que se desarrolla “en tono amenazante y e intimidatorio” fue grabada por el empresario y filtrada después para “seguir menoscabando” la imagen y el honor de la doctora.
Desde que López Madrid dejó de estar imputado en el caso de la doctora Pinto su horizonte penal se ha ido complicando por momentos. Fue condenado a seis meses de cárcel en el juicio de las tarjetas 'black', imputado por la financiación irregular del PP de Madrid y, hace tres semanas, detenido y también acusado formalmente en la Operación Lezo, por el presunto pago de un soborno a Ignacio González.
