La presión de jueces y fiscales ha obligado al Gobierno de Pedro Sánchez a matizar su postura inicial sobre la defensa del magistrado del Tribunal Supremo que instruye el 'procés', Pablo Llarena, tras la demanda civil presentada por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Mientras que el pasado jueves el Ministerio de Justicia aseguró que el Estado no asumiría la defensa de los actos “privados” de Llarena, el Ejecutivo salió con un nuevo comunicado este domingo para desdecirse de esas palabras.
“La demanda presentada en Bruselas incluye también referencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función”, decía el comunicado del Ministerio de Justicia del jueves. La demanda presentada por Puigdemont y los exconsellers en Bruselas hace referencia a unas palabras pronunciadas por el juez en una conferencia organizada por un concesionario de coches de Oviedo. Una conferencia por la que Llarena cobró, al margen de su cargo como magistrado del Supremo.
Lo cierto es que las conferencias de jueces organizadas por empresas privadas son una práctica generalizada en la magistratura. Así lo reconoce una fuente autorizada del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que asegura que no existe ninguna norma que las prohíba. Tampoco se debe pedir un permiso especial para asistir a las mismas. “Si la conferencia coincide con horario de audiencia se tramitará un permiso para poder convocar al juez sustituto”, asegura el mismo portavoz del Poder Judicial a eldiario.es. Solo cuando se trate de una “actividad continuada” deberá solicitarse la compatibilidad. En esta categoría entrarían las clases en la universidad o la docencia en otro tipo de institutos, así como los trabajos de investigación científica.
Por estas charlas se paga una remuneración que tampoco se controla desde el CGPJ, aseguran estas mismas fuentes: “Eso entra dentro del acuerdo privado entre la empresa y el magistrado”. Los honorarios son mayores cuanto más importante es el juez que imparte la conferencia, explican a este diario magistrados que han participado o recibido ofertas para estas charlas que organizan instituciones como puede ser una universidad, pero también empresas, bancos o medios de comunicación. Un magistrado del Supremo puede percibir entre 1.000 y 4.000 euros por su participación en uno de los foros de debate organizado por una empresa privada, afirman varias fuentes jurídicas.
Este diario ha preguntado por los honorarios del juez Llarena por sus dos charlas organizadas por concesionarios de BMW en Salamanca y Oviedo, pero se han negado a facilitar ese dato. En estas charlas también participaron el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Antonio del Moral García; el magistrado de la Sala de apelación de la Audiencia Nacional, Enrique López López, y el exmagistrado de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal Junquera.
La participación de jueces y fiscales en actividades remuneradas por empresas privadas no está prohibida en España, donde la regulación sobre este tipo de compatibilidades es mucho más laxa que en otros países de nuestro entorno.
Lo explicó la propia ministra Dolores Delgado durante una entrevista en Radio Nacional de España este lunes. En RNE, Delgado recordó que la idea inicial del Gobierno de no abonar la defensa de sus “actos privados” se enmarcaba -la decisión final defenderá ahora del bufete que actuará ante Bruselas- dentro de una estrategia que contempla que el asunto acabe en Estrasburgo, donde no hay tanta comprensión con esas actividades privadas de los jueces.
También en España esas conferencias son cuestionadas por algunos magistrados que, aunque reconocen que no existe una incompatibilidad legal, aluden a cuestiones deontológicas. ¿Qué pasa si una de estas charlas remuneradas pasa a ser investigada por algunos de los jueces que acudieron a los cursos o jornadas?, se preguntan algunos juristas consultados por eldiario.es. “Eso pasa sobre todo con los bancos”, aseguran magistrados y fiscales a este medio.
El Gobierno de Sánchez entendió que no era competencia del Estado defender unas declaraciones del magistrado fuera de su ejercicio, a la vez que anunciaba que se personaría en la causa para defender la independencia judicial y la soberanía española. En las jornadas sobre 'delitos económicos y responsabilidad penal de las empresas' en las que Llarena participó el pasado mes de febrero organizadas por el concesionario de BMV en Oviedo, el juez afirmó que Oriol Junqueras y el resto de miembros del Govern en prisión “no son presos políticos”.
“No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados”, explicó Llarena. Para los abogados del expresident el magistrado emitió “una opinión antes del juicio y fuera de los tribunales y por tanto prejuzgó”. En otras jornadas similares organizadas en Salamanca dos meses después, el magistrado ya no quiso contestar a las preguntas sobre el caso.
Como han avanzado este martes los diarios El Mundo y el Confidencial, en la demanda de Puigdemont y los exconsellers la traducción al francés de las citadas declaraciones se alteró, pues mientras Llarena habló ante la prensa sobre los delitos que está investigando utilizando el condicional, en el texto francés la comisión de esos delitos se da por sentada. Se cambia así, el sentido de sus palabras.
Para el Poder Judicial, Llarena no actuó de forma incorrecta participando en la conferencia privada y hablando de un caso que instruye ya que “lo normal es que los periodistas pregunten y que él conteste”. “Lo que el magistrado no puede hacer es revelar datos de la investigación que se encuentren afectados por secreto de sumario”, aseguran desde el CGPJ a este medio, que entiende que las declaraciones del magistrado de Llarena no fueron en esa línea “en ningún caso”.
Otras conferencias polémicas
No es la primera vez que estas charlas generan controversia e incluso sanciones a magistrados. El juez del caso Asunta, José Antonio Vázquez Taín, fue castigado por el Tribunal Superior de Justicia gallego, una pena que ratificó el Supremo tras su intervención en un curso sobre terrorismo, seguridad ciudadana y violencia antisistema. El entonces titular del juzgado de instrucción número 2 de Santiago de Compostela aseguró que “en periodismo funciona, sale un tuit y dicen, no, los datos revelan que Asunta volaba, ojoooo, fuentes bien informadas próximas a la información bien contrastadas en la forma que, Asunta vuela”.
El Supremo consideró en su sentencia que la actuación del juez que investigaba el asesinato de la niña en Santiago de Compostela fue algo más que “desafortunada y alcanzó los límites de lo claramente incorrecto: se encontraba instruyendo una causa penal por un delito especialmente grave, y con gran trascendencia social, en el que, no solo se había declarado el secreto de la instrucción sino que, además, se había decretado por él mismo la prisión de los dos progenitores de la víctima por lo que no se justifica realizar bromas de mal gusto relacionadas con ese asunto del que era Juez instructor, sobre todo cuando [la ley] le atribuye como fundamental misión, la protección y defensa de las víctimas”.
Jueces de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo, audiencias provinciales y tribunales superiores cobraron de Ausbanc por impartir charlas, conferencias y asistir al denominado Foro de la Justicia que organizaba esta asociación desde 2010, antes de saber que estaba siendo investigada y de que se encarcelara a su presidente, Luis Pineda acusado de extorsionar a bancos y particulares a cambio de no dañar su imagen.
Las cantidades que percibieron los jueces oscilaban entre los 800 y 1.500 euros, además del viaje que estaba pagado. Con estas conferencias, el presidente de Ausbanc tenía como propósito estrechar vínculos y relaciones con magistrados a los que les podían caer pleitos que interponía en nombre de sus consumidores.