El Ministerio de Justicia descartó el pasado jueves pagar la defensa de los actos privados del juez instructor del procés, Pablo Llarena, ante la demanda civil presentada por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sobre unas declaraciones del magistrado del Supremo tras una conferencia en las que advirtió que en España no existen presos políticos.
El departamento que preside Dolores Delgado diferenció entonces entre la defensa que el Gobierno pretendía hacer en Bélgica de la jurisdicción española y las actividades privadas del juez Llarena. Cuatro días y varios comunicados de asociaciones de jueces y fiscales después la propia ministra, Dolores Delgado, abre la puerta durante una entrevista en Radio Nacional de España a una rectificación y anuncia que esa decisión la tomará el bufete de abogados que defenderá a la justicia española ante Bélgica.
“Va a depender de la estrategia que nos planteen los letrados belgas, estamos ahora mismo en desarrollo de la contratación. En función de esa estrategia tendremos que hacer una cosa u otra. No se trata de una decisión política, es una decisión técnica y pensando en el futuro. Tenemos que respetar a la jurisdicción belga, somos un país europeísta y por supuesto somos tajantes en la defensa de nuestra jurisdicción. Pero tenemos que mirar al futuro, imaginemos que no se admite nuestra unidad de jurisdicción, que se cuestione la actuación de la Justicia española en Bélgica, entonces tendríamos que acudir a la Corte Internacional de Justicia, estado contra estado, y ahí se va a decir si tenemos razón”, dijo Delgado en la entrevista radiofónica.
La ministra defendió que otros países no son tan laxos a la hora de permitir que jueces y fiscales se pronuncien fuera de sus procedimientos sobre los casos que instruyen y que de ahí surgen las dudas sobre la defensa de las declaraciones públicas de Llarena al margen del sumario.
La ministra ha alegado esta mañana que la mayor parte de la demanda de Puigdemont contra Llarena busca desactivar a la justicia española: “Defendemos al juez Llarena hasta las últimas consecuencias pero tenemos que tener en cuenta otras posibles actuaciones fuera de España. Si leemos la demanda formulada contra Llarena, hay una parte que se puede acotar a esas declaraciones pero la inmensa mayoría del procedimiento se refiere al procés. Ahí no vamos a transigir lo más mínimo, es una demanda instrumental y ahí seremos tajantes, pero tenemos que ver la estrategia en un país que no es España, tanto para actuar en Bélgica como en tribunales internacionales”.
El cambio de postura de Delgado -que la ministra no ha reconocido abiertamente- se produce después de que el Partido Popular y Ciudadanos hayan acusado al Gobierno de abandonar al juez que instruye la causa contra el independentismo en el Supremo. El Gobierno envió este domingo un comunicado en el que se comprometía a defender a Llarena sin aclarar en qué terminos. El asunto había derivado en una batalla política, hasta el punto de que el número dos del PP, Teodoro García Egea, llegó a decir el sábado que “Pedro Sánchez es el mejor abogado defensor de Puigdemont”.
Delgado sostiene ahora que será el bufete que se contrate en Bélgica será el que determine la estrategia de defensa de la jurisdicción española y si en ella cabe a su vez la defensa a las declaraciones del juez Llarena que el ministerio ha enmarcado hasta este momento en el ámbito privado.