La investigación de la Unidad de Asuntos Internos a un policía destinado en la Audiencia Nacional ha dado un impulso con el análisis del teléfono móvil incautado al agente. En el terminal, según informan fuentes próximas a la investigación, el policía guardaba indicios de su supuesta colaboración con varios despachos de abogados cuyos clientes estaban siendo investigados en el tribunal especializado en el que trabajaba.
Asuntos Internos detuvo el pasado 13 de junio al agente, destinado en la Unidad de Policía Judicial adscrita a la Audiencia Nacional (UPJAN), que hace labores de asistencia a los distintos juzgados de instrucción. El hilo para llegar hasta el agente fue una investigación por narcotráfico y blanqueo de capitales contra unos ciudadanos sirios y su abogada, una mujer española imputada como miembro activo de la organización en la causa judicial que nació contra sus clientes.
La letrada habría utilizado al policía de la Audiencia Nacional para conocer algunos aspectos de las pesquisas contra los sirios a cambio de dinero y prebendas. El policía fue detenido discretamente en sus dependencias de la Audiencia e imputado por el juez Francisco de Jorge por los delitos de revelación de secretos, cohecho y pertenencia a organización criminal. Tras tomarle declaración ese mismo día, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 decretó su libertad.
El análisis del móvil del policía ha revelado que la letrada referida no era su único cliente y que el agente llevaba años colaborando ilegalmente con más abogados que defienden a narcotraficantes y a otros presuntos delincuentes inmersos en causas distintas al tráfico de drogas, como son los grandes fraudes que investiga por su competencia la Audiencia Nacional. Ahora, Asuntos Internos y la Fiscalía Antidroga intentan ahondar en la relación del policía y los nuevos abogados que han aparecido para establecer la posible responsabilidad de todos ellos.
El principio del fin del policía fue la investigación por narcotráfico y blanqueo que abrió el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional hace más de tres años. La Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía seguía los pasos de una organización que organizaba el tráfico de cocaína y otras drogas desde un restaurante sirio del polígono industrial de Cobo Calleja (Fuenlabrada, Madrid), y blanqueaba sus ganancias a través de las criptomonedas y el 'hawallah', el sistema musulmán de préstamo y circulación de capitales basado en la confianza y en el mano a mano.
La abogada Ixchel F., con despacho en el madrileño barrio de Salamanca, era presuntamente parte activa de la organización. La letrada tenía dos perfiles en la red encriptada Sky ECC y escribía mensajes en la jerga de los narcos. Su implicación en el blanqueo es total, de acuerdo a las conversaciones intervenidas: “Tengo unos clientes q quieren entregar 1 millón en Australia y ponerlo en Madrid. Puedes? Un 10 [%] le digo? Le puedo subir 2% para mi? Ok, pues le digo un 12”.
A través de la abogada, los investigadores creen que el beneficiario último de la información que obtenía el policía era Momen Allahama, actualmente en prisión y quien lideraba presuntamente una organización de narcotráfico y blanqueo. El hallazgo en el móvil del policía de contactos con otros despachos de abogados ha dado un nuevo impulso a la pieza secreta abierta a raíz de las evidencias de su relación con la letrada.
En uno de esos informes, la UDYCO afirma sobre Ixchel: “Fuera del ámbito legal se pone en evidencia su participación activa dentro de la organización criminal en los niveles más altos, asesorando a Momen sobre cómo blanquear dinero, gestionando cargamentos de cocaína desde Sudamérica y orientando al principal investigado sobre la dirección que tiene que tomar su actividad criminal”.