La Policía Nacional ha encontrado entre la documentación que los Mossos d'Esquadra pretendía destruir en una incineradora el pasado 26 de octubre archivos que relacionan a mandos y agentes de la policía catalana con el referéndum del 1-O, que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional.
Según informa hoy el periódico El Mundo y han confirmado a Efe fuentes próximas a la investigación, entre el material, que fue incautado por la Policía Nacional cuando los Mossos lo llevaban en una furgoneta a la incineradora, figuran documentos que implican a miembros de los Mossos d'Esquadra en la votación del 1-O.
En concreto, según el rotativo, los agentes de la Policía Nacional que han analizado el contenido del material incautado han hallado escritos firmados por mandos intermedios de los Mossos dando instrucciones a sus agentes sobre actuaciones previas y posteriores al 1-O para proteger la consulta.
Además, también figuran documentos de contenido político, que se están analizando, porque el estudio de los archivos intervenidos todavía no ha finalizado.
La Policía Nacional ha comunicado ya su hallazgo a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que investiga la supuesta pasividad de los Mossos durante el 1-O, en la que mantiene imputado al mayor de la policía catalana, Josep Lluis Trapero, destituido como jefe del cuerpo el pasado 28 de octubre, dos días después de que se interviniera toda esta documentación.
La Policía Nacional evitó el pasado 26 de octubre que los Mossos quemaran en una incineradora unos documentos que ya entonces sospechaban que estaban vinculados con el referéndum del 1-0 y que intervinieron por orden de la Audiencia Nacional para analizar su contenido.
La policía autonómica envió a primera hora del 26 de octubre una furgoneta y dos patrullas a la planta de tratamiento y selección de residuos Tersa de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) para quemar varios documentos con información sensible, aunque no lo pudieron hacer porque cuando llegaron a la misma se encontraron a una veintena de agentes de la Policía Nacional bloqueando el acceso.
Los agentes de la Policía Nacional impidieron el paso a los Mossos, interceptaron la furgoneta y exigieron a la policía catalana que les entregara la documentación que llevaban a la incineradora.
Sin embargo, los Mossos se negaron en un primer momento a entregar la documentación y pidieron a la Policía Nacional que les mostrara una orden judicial para intervenir estos archivos.
Los agentes de la Policía Nacional no disponían de esta orden, por lo que pidieron a la juez Lamela que les autorizara a intervenir los documentos para poderlos analizar.
Tras más de tres horas de espera de ambos cuerpos policiales frente a la incineradora, la juez acordó autorizar a la Policía Nacional a requisar esta documentación y a trasladarla a Jefatura para analizarla.
Los Mossos negaron aquel día que los informes que iban a quemar estuvieran vinculados con el referéndum del 1-O y alegaron que es una práctica habitual y ordinaria que se acuda a incineradoras a quemar este tipo de archivos, o que se utilicen trituradoras para destruirlos, ya que la actividad policial genera documentos de contenido sensible que, cuando ya no son necesarios, se deben destruir para atender a la protección de datos.
Según la policía autonómica, los documentos en papel que se llevaban a destruir pertenecían a la Comisaría General de Información y, en concreto, figuraban archivos con datos administrativos de la oficina de apoyo a esta comisaría, relativos a permisos, vacaciones y bajas, así como sobre operativos y diligencias policiales y documentación diversa.