El jefe de los policías anticorrupción elaboró un informe para exculpar a un agente imputado por soborno

El máximo responsable policial en la lucha contra la corrupción, el comisario José Santiago Sánchez Aparicio, elaboró y envió el 28 de julio a la Audiencia Nacional un informe exculpatorio del inspector Miguel Ángel Gómez Gordo, imputado en ese momento por cohecho en el caso Emperador, la gigantesca trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales que dirigía el empresario chino Gao Ping.

La iniciativa del comisario general de Policía Judicial causó indignación en la Fiscalía Anticorrupción: con ella, Sánchez Aparicio “desautoriza” el trabajo de investigación de sus propios subordinados, los que habían investigado a Gómez Gordo, y ni siquiera lo hace para defender a otro de los policías a su mando, ya que el aludido no ha estado a sus órdenes en momento alguno.

El escrito del mando policial hizo efecto, sin embargo, en el juez Fernando Andreu, quien recurrió a él para archivar la causa contra el que fue jefe del Grupo V de la Brigada de Extranjería de Madrid, estructura dedicada en exclusiva a la comunidad china. Andreu sobreseyó las actuaciones contra el inspector y otros ocho agentes de las Fuerzas de Seguridad el pasado mes de agosto. La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la decisión del juez en un escrito de 85 páginas en el que asegura que el informe del comisario general sobre Gómez Gordo “resulta absolutamente intrascendente”.

Los agentes de la UDYCO que seguían los pasos de la trama Emperador se toparon en la primavera de 2012 con la relación que uno de los principales investigados, Yongping Wu Liu, alias ‘Miguel el Calvo’, mantenía con el inspector Gómez Gordo, a través de las conversaciones intervenidas judicialmente. En las mismas, se aprecia cómo el ciudadano chino regala al policía en tres ocasiones entradas a un palco del estadio Santiago Bernabéu y un vuelo en primera clase a China. Los investigadores concluyeron que policía se pudo beneficiar de dádivas superiores a 6.000 euros.

“Desde el día 17 de julio de 2012 existe una larga secuencia de llamadas (aproximadamente veinte) en las que, a iniciativa del señor Gómez, éste convence al señor Wu Liu para que le consiga billetes en business para volver de Pekín a Madrid. Finalmente lo consigue, por lo que recibió aproximadamente 4.000 euros según tarifas de Air China”, refleja el recurso de Anticorrupción.

Pero lo que para los fiscales Anticorrupción presenta indicios de cohecho, para el comisario general Sánchez Aparicio es “normal”. “El contenido de las conversaciones telefónicas con ciudadanos de nacionalidad china, en las que aparece de forma inequívoca este funcionario no se apartan de los parámetros normales en el desarrollo de su actividad profesional como responsable de la investigación de redes organizadas chinas o de posibles relaciones de amistad con alguno de ellos habida cuenta de los años que lleva y llevaba realizando dicha función”, dice el comisario general en su informe exculpatorio del agente, al que ha tenido acceso eldiario.es. Frente a esto, los fiscales Anticorrupción critican que el mando policial “no analiza ni una sola intervención telefónica y no razona por qué llega a esa conclusión”. El informe policial apenas cuenta con dos folios de extensión.

En el recurso del archivo, que ahora deberá resolver la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, los fiscales José Grinda y Juan José Rosa argumentan que el comisario general de Policía Judicial “no hace mención alguna a la justificación de los hechos que se le imputan al señor Gómez, simplemente considera que, existiendo, no son delictivos”. Esa tipificación, recuerdan, no corresponde a la Policía, según la ley. A pesar de ello, el jefe policial escribe que realiza sus “concreciones” porque siente “deber de hacerlas, sin ningún tipo de reparo”.

Por otra parte, los fiscales recuerdan que Sánchez Aparicio no era comisario general de Policía Judicial cuando se produjo la investigación a Gómez Gordo y los demás agentes y que, en cualquier caso, un mando como él “tiene un criterio general de las investigaciones”, siempre a través de las unidades a las que “desautoriza” en su escrito. La defensa que Sánchez Aparicio hace del inspector Gómez Gordo contrasta con el silencio que mantiene respecto a los otros seis miembros del Cuerpo Nacional de Policía para los que también decretó el juez Andreu el archivo en agosto. Ellos también habían sido señalados por sus compañeros investigadores y la Fiscalía Anticorrupción, pero en sus casos no ha habido informe exculpatorio del jefe de la Policía Judicial.

Este mando policial es el cuarto que ocupa ese cargo durante la presente legislatura, algo inédito en la historia del Cuerpo. Tras destituir al comisario que ejerció esa función durante el Gobierno socialista, el Ejecutivo del PP nombró a Enrique Rodríguez Ulla, destituido a los pocos meses por no informar a sus superiores de la investigación que se realizaba sobre el origen del ático de Ignacio González. Fue sustituido por José Losada, un comisario de amplia experiencia y reconocimiento en el seno del Cuerpo, del que Jorge Fernández Díaz prescindió por negarse a cortocircuitar las investigaciones de los policías que investigaban al PP en el caso Gürtel y Bárcenas. Así fue cómo llegó Sánchez Aparicio a máximo responsable de la Comisaría General de Policía Judicial en octubre de 2013, bien avanzado el caso Emperador.

Además, los fiscales dicen que Sánchez Aparicio “yerra o desconoce la realidad” al decir que el inspector no era objeto de la investigación policial de la trama Emperador. En un informe de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO), una de las unidades que participaron en la investigación y que ahora dependen de Sánchez Aparicio, se dice que Gómez Gordo “es uno de los objetivos de la investigación”, recuerdan Grinda y Rosa. Igualmente, “consta en las actuaciones numerosos informes, tanto de UDEF como de UDYCO, en los que se menciona el carácter delictivo de la relación del señor Gómez Gordo con algunos imputados”. Y a continuación citan uno de la UDYCO de julio de 2012 u otro anterior de la UDEF de junio de 2011.

“En definitiva, con este escrito, el señor comisario general ignora, contradice de forma frontal y sin motivar, desautoriza sin elemento lógico alguno el trabajo realizado po rsus unidades (UDYCO y UDEF) y la de Asuntos Internos”, concluyen los fiscales.

“Endebles sospechas”, según el juez

Andreu abrió una pieza separada para investigar la supuesta implicación de ocho policías, dos guardias civiles y un agente local en la trama Emperador. Lo hizo a raíz de un informe de Asuntos Internos, que a su vez se apoyaba en los descubrimientos de las unidades que investigaban a los chinos, la UDYCO y la UDEF. En el auto que archiva la causa contra los agentes, Andreu asegura que el avance de las pesquisas “viene a dejar sin fuerza ni vigencia las endebles sospechas que se consignaban en el informe de la Unidad de Asuntos Internos”.

Andreu cree que no hay indicios para pensar que alguno de los agentes benefició a la trama con trámites, gestiones o que se beneficiara de los regalos de la misma, más allá de detalles de cortesía.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional tuvo que apartarse del caso Emperador cuando apareció entre los investigados el entonces comisario del Aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca, al que le une una amistad personal. Le sustituyó el juez Ismael Moreno, quien imputó a Salamanca a instancias de Anticorrupción. La Sala de lo Penal archivó el caso, pero la Fiscalía insistió ante el Tribunal Supremo, que volvió a cerrar el caso en lo referente a este policía, ascendido y ahora destinado en la Dirección Adjunta Operativa.

Desde el principio, la investigación a los policías ha sufrido interferencias. Wonping Wu Liu es el lugarteniente de Gao Ping que estaba encargado de mantener relaciones con las Fuerzas de Seguridad, detalladas en un documento manuscrito intervenido durante los registros. Es el mismo imputado que denunció al CNI y a los fiscales del caso por una supuesta conspiración para obtener de forma irregular datos que incriminaran a los policías. La denuncia del imputado no prosperó.

Guerra policial

Por otra parte, en la investigación de Asuntos Internos a los presuntos policías corruptos está el origen de la guerra interna que ha sacudido la cúpula del Cuerpo en los últimos dos años, agravada con el caso del Pequeño Nicolás, y que provocó la destitución del jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas-Aranda, a pesar de ser un policía próximo al partido en el Gobierno. El exjefe de la Unidad se había atrevido a enfrentarse al comisario José Manuel Villarejo, próximo Salamanca y al que según fuentes del caso indignó la mención que se hacía a un miembro de su familia en las pesquisas, a pesar de que esa persona nunca resultó imputada.

Después de este primer enfrentamiento, el Pequeño Nicolás declaró que el comisario Villarejo estaba relacionado con el pago al empresario Javier de la Rosa para que tirara de la manta en el caso de los Pujol. Asuntos Internos identificó por error en un seguimiento a Villarejo y éste denunció al jefe de la Unidad, Martín Blas-Aranda.

El comisario Villarejo ha aparecido mezclado en otros asuntos de actualidad en los últimos tiempos. Es el policía que grabó a Ignacio González en la conversación que, a la postre, contribuyó al final de su carrera política. Por otra parte, la doctora Elisa Pinto le ha identificado en sede policial como el hombre que la apuñaló, al parecer, para intimidarla por la denuncia presentada contra el empresario Javier López Madrid por acoso sexual. La rueda de reconocimiento del comisario en el juzgado por parte de la doctora y su hijo, menor de edad y que presenció el apuñalamiento, ya ha sido suspendida en dos ocasiones por la jueza instructora.

El País publicó que Villarejo mantiene un patrimonio millonario cuyo origen, según el agente, está en los diez años que estuvo fuera de la Policía. El comisario denunció en los juzgados una conjura de fiscales, CNI y periodistas contra él que fue rechazada de plano. Ni la denuncia contra otros funcionarios, ni los citados casos mencionados han merecido reproche del Ministerio del Interior, más allá de dos investigaciones encargadas a un subordinado del comisario que trabaja junto a él y que fueron cerradas por no hallar este inspector jefe indicio alguno de irregularidad. Ese inspector jefe ha sido destinado posteriormente a la Embajada en Países Bajos, donde percibirá 10.000 euros mensuales y donde ya había sido destinada su esposa, con un sueldo similar.