La jueza aparta a los policías que han investigado al comisario Villarejo en el caso de la grabación ilegal
Los policías que investigaban al comisario José Manuel Villarejo por grabar presuntamente una reunión de agentes del Cuerpo y otros del CNI en el caso del Pequeño Nicolás han sido apartados por la jueza instructora, Pilar Martínez Gamo. La magistrada ha informado este viernes al jefe del grupo de que se iba de vacaciones y que a la vuelta no iba a necesitar de sus servicios, informaron a eldiario.es fuentes policiales.
La investigación de esa comisión judicial que formaban los agentes posibilitó la imputación del comisario Villarejo, de su esposa y de un periodista que trabajó en la web que ella dirige. El motivo, la grabación y posterior difusión de una reunión celebrada el 20 de octubre de 2014 en la sede policial entre el comisario Marcelino Martín-Blas, otros policías y dos agentes del CNI, en la que se trataba la investigación al Pequeño Nicolás.
Según los investigadores policiales, el periodista habría telefoneado al móvil de Martín-Blas con objeto de activar de forma remota un sistema de grabación, previamente instalado de forma subrepticia en el teléfono del entonces jefe de Asuntos Internos, y lograr grabar la conversación. El audio acabó en algunos medios de comunicación, que interpretaron que los reunidos hablaban sobre cómo “blanquear” unos supuestos pinchazos ilegales al joven investigado, extremo éste no asumido en ningún momento por la jueza o su antecesor, Arturo Zamarriego.
La disolución de la comisión judicial, adelantada este viernes por El País, ha ido acompañada de la petición de la jueza de que los policías redacten un documento final que indexe y ordene todas sus actuaciones en el marco de la causa, precisaron las fuentes consultadas.
Se da la circunstancia de que la comisión judicial, con el inspector Rubén Eladio López al frente, había dado un nuevo impulso al caso en los últimos días con la presentación de dos informes. Uno de ellos hace tres días y otro este mismo viernes. El hecho de que la jueza haya disuelto la comisión sin atender al contenido de esos informes hace presagiar el próximo archivo de la causa, según fuentes jurídicas.
Los agentes de la comisión judicial se han visto sorprendidos por la decisión de la jueza. Esta había recibido recientemente el ofrecimiento de la Dirección de la Policía para que prescindiera de la comisión judicial y ella se había opuesto taxativamente, según la propia jueza había trasladado a los afectados. La magistrada ha adornado la decisión de apartarlos con elogios a su labor y profesionalidad.
El caso sufrió una convulsión cuando el pasado verano la comisión judicial presentó un informe al juez Zamarriego de más de 500 páginas en el que solicitaba varias detenciones, entre ellas las de Villarejo, y otras imputaciones, incluidos periodistas y el entonces director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino.
En el corazón del Ministerio del Interior
Los agentes denunciaban en su escrito la existencia de una red en la cúpula de Interior que intentaba enterrar el caso y con ello, salvar al comisario Villarejo, por entonces todavía en activo y protagonista de la Operación Cataluña, que el Ministerio del Interior había organizado para combatir la ofensiva secesionista.
Precisamente, las maniobras policiales en Cataluña afloraron en el sumario y el comisario Villarejo lanzó un aviso en su declaración como imputado sobre su participación y la de Martín-Blas en una ofensiva sin control judicial que siempre ha negado Interior.
Por aquel entonces estaba al frente de la comisión judicial el comisario Marcelino Martín-Blas, enfrentado con Villarejo a pesar de haber sido ambos protagonistas de esa utilización partidista de la Policía. Martín-Blas se jubiló en abril y al frente de la comisión quedó su segundo, el inspector López.
El fiscal se opuso reiteradamente a las conclusiones de los policías y a las medidas que solicitaban. El juez Zamarriego, finalmente, optó por imputar a Villarejo, su esposa y al periodista. El pasado marzo, Arturo Zamarriego se convirtió en juez de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial y dejó el caso, del que se hizo cargo la magistrada Martínez Gamo, procedente de Toledo.
Durante el tiempo que la jueza lleva al frente de la causa, el fiscal ha insistido una y otra vez a la jueza de que debía apartar a los policías y archivar el caso, según fuentes jurídicas. Uno de los argumentos del fiscal San Román es que Martín-Blas no podía investigar un delito del que había sido víctima, al tratarse de uno de los policías grabados ilegalmente.
El representante del Ministerio Público no recurrió a esa tesis, sin embargo, hasta que el comisario jefe de la comisión judicial presentó el informe solicitando imputaciones y detenciones de la cúpula policial. Por su parte, y una vez jubilado, Martín-Blas ha intentado personarse como perjudicado, lo que la jueza rechazó de plano.
