El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha escrito el epílogo de la maniobra más arriesgada y excéntrica del juez Manuel García Castellón contra Podemos, aquella que pasaba por utilizar contra la formación política el testimonio con el que el exgeneral venezolano Hugo ‘El Pollo’ Carvajal quería evitar su extradición a Estados Unidos. La más extravagante, pero no la última: las acusaciones sin pruebas del exmilitar venezolano sostienen una causa aún abierta contra el fundador del partido, Juan Carlos Monedero.
El Tribunal de Estrasburgo rechazó el jueves la cuestión planteada por la defensa del antiguo jefe de la inteligencia militar venezolana, último cartucho de la defensa para evitar su entrega y juicio en Estados Unidos, país que le reclama por presuntos delitos de tráfico de drogas y terrorismo. La entrega de Carvajal ya solo está pendiente de la traducción de esa resolución de Estrasburgo y de que sea comunicada a Interpol. La segunda petición de asilo que realizó su defensa no paralizará su entrega, según fuentes del Tribunal Supremo.
Para contar la historia que une a García Castellón, el 'Pollo' Carvajal y Podemos hay que regresar siete años atrás, a la actuación de la brigada política del Gobierno del PP contra el independentismo catalán, primero, y contra Podemos después. Entre las chapuzas con mayor éxito mediático de aquellos mandos policiales está el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un dosier cuyo contenido difundieron dos periódicos digitales cuando comenzaron las negociaciones entre PSOE y Podemos para formar gobierno, en enero de 2016. Unos contactos que nunca cuajaron.
El contenido del informe sobre la supuesta financiación de Podemos procedente de Venezuela e Irán fue despreciado por el Tribunal Supremo, después de que el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias se hiciera con él y lo incorporara a una querella contra Pablo Iglesias e Iñigo Errejón. Por otra parte, una desconocida Unión Cívica Española - Partido Por la Paz, Reconciliación y Progreso de España (UCESP) redactó una querella con recortes de las informaciones publicadas sobre el dosier y un juzgado de Zaragoza lo envió a la Audiencia Nacional.
La querella acabó por reparto en el Juzgado Central de Instrucción número 6, que la archivó de plano. Se daban entonces dos circunstancias que parecían intrascendentes y que, con los años, resultaron imprescindibles para darle una segunda vida al dosier PISA. La primera consistía en que el archivo era un “sobreseimiento provisional”, fórmula que se utiliza habitualmente y que permite reabrir un caso si en el futuro aparecen nuevos indicios que así lo aconsejen.
La segunda circunstancia que nadie podía relacionar entonces con el futuro de la causa es que en unos meses Eloy Velasco dejaría de ser el titular del Juzgado. Su sustituto –en realidad el magistrado que tenía la plaza en propiedad– volvía voluntariamente de su privilegiado destino en Roma para retomar un puesto que le acarrearía mucho más trabajo y en el que ganaría menos dinero. Su nombre, Manuel García Castellón.
Una oferta que el juez no pudo rechazar
A continuación es necesario hacer un salto adelante en el tiempo para situarse en la entreplanta de un bloque de pisos de la calle Torrelaguna, en Madrid, la noche del 9 de septiembre de 2021. Allí, un grupo de agentes de unidades especializadas aguardan para entrar en el domicilio donde se esconde Hugo Armando Carvajal Barrios (Puerto de la Cruz, Venezuela, 1960), antiguo director de la Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Hugo Chávez y ya, en ese momento, enfrentado frontalmente al chavismo.
Carvajal, alias ‘El Pollo’, había sido detenido dos años antes, también en España, pero se dio a la fuga mientras se resolvía su extradición. Los delitos por los que Estados Unidos le reclama equivalen en España a pertenencia a organización criminal o colaboración con organización terrorista y tráfico de drogas a gran escala. Con la detención en septiembre de 2021 su suerte parecía echada. Pero una vez detenido, ‘El Pollo’ Carvajal hizo un ofrecimiento que García Castellón no estaba dispuesto a dejar pasar.
Las acusaciones contra Podemos de Carvajal y los documentos que había prometido entregar sobre su supuesta financiación por parte del régimen de Hugo Chávez se habían producido en el marco de un proceso de extradición. La pregunta podría haber sido: ¿Eran suficientes para abrir una causa? Pero esa no era la cuestión porque, sencillamente, no era necesario abrirla. En un cajón del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional descansaba un auto de archivo provisional de la querella por el informe PISA. Bastaba con reabrirla e incorporar el testimonio del antiguo general venezolano.
¿Se atrevería García Castellón a reabrir una investigación judicial basada en un dosier cuyo contenido despreció el Tribunal Supremo por estar repleto de conjeturas y en cuya confección habían participado miembros de la brigada política que él mismo tenía imputados en la pieza Kitchen del caso Villarejo? ¿Lo haría, además, por una promesa de informaciones inconcretas de alguien que haría cualquier cosa por frenar su extradición a Estados Unidos?
García Castellón ya había recibido el revés del Tribunal Supremo cuando intentó imputar a Pablo Iglesias en el caso Dina, pero todavía exprimía esa pieza de la causa Tándem contra la formación política. Con el ‘Pollo’ Carvajal abría un nuevo frente en su cruzada.
Las afirmaciones ante el juez y los documentos de Carvajal resultaron supuestas pruebas de que Venezuela financió la creación de Podemos a través de la Fundación CEPS y de la empresa Viu Comunicaciones, lo que implicaría a los fundadores de la formación Jorge Lago, Carolina Bescansa, Ariel Jerez y Juan Carlos Monedero.
‘El Pollo’ Carvajal también habló de entregas de dinero procedentes de la embajada de Cuba en Caracas que en algunos casos habrían llegado a España por valija diplomática. El otro sistema de financiación que denunció el exmilitar fueron los encargos remunerados a CEPS entre los años 2008 y 2011 por parte de la Administración venezolana, así como la contratación de Viu por la petrolera PDVSA, en concreto para la celebración del Congreso Mundial del Petróleo que se celebró en Moscú en 2014.
Carvajal aludió también a presuntas entregas de dinero a Juan Carlos Monedero en los años 2011 y 2012 en hoteles de Caracas, y una más en el año 2017. Uno de los dos testigos a los que García Castellón concedió la condición de protegidos aseguró que en 2009 o 2010 habría visto entrar a un individuo con un maletín en la habitación de un hotel de Caracas que ocupaba Monedero y que cuando salió ya no lo llevaba.
Primer aviso: la “estrategia dilatoria” del 'Pollo'
El juez daba crédito a las afirmaciones de Carvajal y eso que había un problema no menor para que prosperara la causa: sobre su testigo de cargo pesaba una orden de extradición. En octubre de 2021, la Sala de lo Penal, instancia superior a García Castellón, advirtió al juez de que no había lugar a retrasar o suspender la entrega a Estados Unidos de Carvajal porque sus supuestas revelaciones, que nunca realizó durante su primera detención en 2019, eran parte de una “estrategia dilatoria”.
Sin embargo, los continuos recursos de la defensa lograron que un pequeño defecto de forma retrasara la entrega. García Castellón aprovechó para investigar en secreto a Podemos –los avances del caso llegaban a través de algunos medios de comunicación– por una supuesta financiación ilegal del partido.
Los investigados no fueron declarados como tales y no tenían acceso a las actuaciones. Solo la Fiscalía de la Audiencia Nacional podía actuar. Y lo hizo. Presentó un recurso en el que alegaba que García Castellón había emprendido una investigación “prospectiva” de unos hechos acaecidos cuando no existía siquiera el delito de financiación ilegal que el juez pretendía atribuir a los fundadores de Podemos.
A partir de las afirmaciones del exgeneral venezolano, el juzgado ordenó a la UDEF de la Policía que investigara cuentas de personas y empresas y que rastreara asimismo los viajes a Venezuela de Juan Carlos Monedero. La Fiscalía insistía en que las personas sobre las que requería datos el juez no tenían la condición de investigadas.
Segundo aviso: “Son narraciones de terceros”
La Sala de lo Penal asumió el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y en un auto, cuyo contenido adelantó en exclusiva elDiario.es, consideró tal investigación “una injerencia” en los derechos de los fundadores de Podemos. Asimismo, le decía al juez que el relato de Carvajal se basaba en “narraciones de terceros”, por lo que ponía en duda su credibilidad.
La Sección Tercera ponía coto a la investigación “prospectiva” de García Castellón y le ordenaba que se limitase a realizar las diligencias que considerara oportunas para “comprobar la veracidad” de las afirmaciones del ‘Pollo’ Carvajal con respeto a los derechos de las personas mencionadas. Y este fue el hueco que aprovechó Manuel García Castellón para seguir estirando la investigación y proporcionando titulares de una causa bajo secreto de sumario.
En junio de 2022, la Sala de lo Penal indicó finalmente al juez que la causa debía ser archivada. En otro contundente auto, los jueces de la instancia superior concluyen que el magistrado estaba ampliando las pesquisas de forma “artificiosa”. La Fiscalía había solicitado que se anulasen las últimas diligencias ordenadas por el instructor y que se pusiera fin a la investigación “prospectiva” emprendida por García Castellón.
A los fundadores de Podemos, la Sección Tercera los consideraba en su auto investigados pese a ser personas “ajenas” a los hechos y, por último, reprochaba al juez que usurpara las funciones del Tribunal de Cuentas, el único órgano fiscalizador que podía ocuparse de los hechos anteriores, insistían, a que existiera el de delito de financiación ilegal. Horas después de que elDiario.es adelantara la decisión de la Sala de lo Penal, el juez dictó una providencia acatando la orden. Pero ese no iba a ser el final de su empeño contra Podemos.
Si no es Podemos será Monedero
Un mes después del cierre obligado de su investigación contra el partido, el juez ya tenía listo otro auto por el que abría una causa por blanqueo de capitales y falsedad, esta vez en exclusiva contra Juan Carlos Monedero. Otra vez, el auto de la Sala de lo Penal había dejado un resquicio por el que García Castellón creía poder seguir centrándose en Podemos. En este caso, en uno de sus fundadores.
García Castellón explicaba que el análisis de la documentación aportada por la UDEF en la causa que le habían obligado a archivar arrojaba sospechas de que algunos de los documentos aportados por VIU Europa SL, previo requerimiento policial, “podrían presentar evidentes faltas de exactitud entre la fecha de creación del archivo y la fecha que aparece en el mismo documento”.
El juez insistía en valorar las declaraciones del ‘Pollo’ Carvajal y de uno de los testigos protegidos acerca de que la mercantil VIU Europa encubría operaciones irregulares vinculadas a Monedero. A día de hoy, el fundador de Podemos sigue imputado en el juzgado de García Castellón.
La defensa de Monedero y la representación legal de Podemos, tras varias negativas del juez, han empezado a tener acceso a la investigación secreta que llevó el juez durante más de un año. Para ello deben acudir al juzgado y, bajo vigilancia de funcionarios, consultar en sus ordenadores documento a documento la causa “prospectiva” que desarrolló García Castellón. A Monedero no le ha sido notificado aún, pese a que ha transcurrido un año, que el juez abrió el 28 de julio de 2022 una nueva causa contra él.
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